La Garlopa

Hiendelaencina cumple hoy dos meses sin agua potable. Cuando uno trata de explicar fuera de la provincia lo que está pasando en este pueblo te miran con una cara entre el pasmo y la incredulidad. No cabe ninguna explicación presentable en cualquier cabeza medianamente amueblada. El vertido accidental que derramó gasoil en un depósito de agua desencadenó el desastre, pero lo que ha venido después no tiene nombre. La impotencia del ayuntamiento, el pasotismo de la Diputación, el desprecio de Sanidad. Las instituciones se han enredado en explicaciones administrativas y en polémicas estériles cuando lo que sigue encima de la mesa es una urgencia inaplazable: devolver el suministro de agua a los vecinos.

Las consecuencias del suceso son disparatadas. No creo que ninguna institución se pare a analizar las causas de un incendio ni la titularidad de las competencias a la hora de actuar. Lo primero es apagarlo. Lo segundo, todo lo demás. Bien, pues este principio de sentido común parece que no vale para Hiendelaencina. ¿Se imaginan un fuego ardiendo durante dos meses? ¿Se imaginan un vertido de combustible en la costa durante dos meses? ¿Se imaginan un bloque del barrio de Salamanca sin agua durante todo ese tiempo?

El comportamiento de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Diputación está siendo mezquino. En el caso del Gobierno regional porque debería haber actuado de emergencia al margen de cualquier otra consideración y porque, además, aún no se ha retractado de la nota que hizo pública el 14 de octubre en la que sentenciaba que el agua era “apta para el consumo humano”. Un episodio de negligencia que no han enmendado ni los responsables de la Junta en Guadalajara ni el consejero de Sanidad, que está a por uvas.

El caso de Diputación es casi peor. Porque, tratándose de una institución pensada para dar asistencia a los pequeños municipios, sorprende el desdén mostrado. Todo el apoyo logístico ofrecido por la Diputación ha sido un fontanero y un camión cisterna de abastecimiento. La presidenta viajó hasta Hiendelaencina el 6 de noviembre (un mes y un día después del vertido) avisando por teléfono un rato antes al alcalde y tras visitar la zona de Sigüenza en compañía de una consejera regional. Vamos, que le venía de paso. Lo que le dijo a las autoridades municipales fue chusco: o pagan ustedes el arreglo de las tuberías, o lo reclaman al seguro o piden un crédito. ¿Este es el concepto de ayuda de la presidenta provincial? ¿Para esto reivindica el PP el mantenimiento de las diputaciones?

No hay ninguna causa que impida habilitar una solución extraordinaria para lo que es un problema extraordinario. Lo demás son gaitas en forma de excusas o de dejación de responsabilidades.

La razón de fondo que subyace en esta película de terror no tiene que ver con el dinero ni con la división de competencias, sino con una idea sectaria de ejercer la gestión pública. A nadie se le escapa, ni siquiera a muchas personas cercanas al PP con las que he hablado estos días, que la respuesta de Echániz, Guarinos y Condado hubiera sido muy distinta si el alcalde minero fuera del PP o, al menos, no hubiera sido uno de los ediles que tanto dio la murga en la lucha por las urgencias médicas. Fíjense, qué insensatez. Un alcalde poniéndose al frente de la reivindicación para que no cierren las urgencias del ambulatorio. Pecado mortal para esta especie de Inquisición política que se ha larvado en Castilla-La Mancha.

De cara a buscar una solución, una de las pocas cosas claras es que al Ayuntamiento, con 120.000 euros de presupuesto anual, le resulta imposible renovar las tuberías de lo que el propio consistorio ha delimitado como “zona cero”. El PSOE ha pedido en las Cortes introducir una partida de 150.000 euros en los presupuestos regionales para 2014. Es una cantidad razonable. La posición de la Junta de inhibirse no se sostiene. Aunque el ayuntamiento sea el titular de la infraestructura, es evidente que no puede pagar su arreglo en este trance sin precedentes. Los socialistas se equivocaron señalando al propietario de la empresa suministradora del gasoil (alcalde de Jadraque y diputado provincial del PP), en lugar de exigirle mayor empeño en este asunto teniendo en cuenta que ejerce de diputado de zona. Todos en Las Minas, incluido el primer edil, dan por hecho que no hubo dolo en el vertido. Esto no invalida la politización que el PP ha hecho de una desgracia en la que no se dirime una batalla más, sino la dotación de un servicio esencial. Produce vergüenza ajena tener que recordarlo.

El fango partidista azuzado por la inoperancia de la Junta ha llegado hasta el punto de sembrar la sospecha sobre la tardanza del Ayuntamiento en dar la alarma por el vertido y, sobre todo, en denunciar a la distribuidora. La respuesta es obvia. El pueblo esperaba que las administraciones asumieran su obligación antes de exigir responsabilidades jurídicas. Por otro lado, ¿acaso cree alguien que un pueblo de la sierra de 120 habitantes dispone del gabinete jurídico de Nueva York?

El alcalde, Mariano Escribano, que no es un político profesional y vive de su empresa de construcción, ha recibido el respaldo de sus vecinos y de la zona en unos momentos en los que conciliar el sueño por las noches se hace complicado. Para una ciudad, el suceso presenta una estatura liliputiense. Para un pueblo pequeño supone un obstáculo infranqueable si no media la ayuda exterior. “Lo más increíble es cómo muchos vecinos, sobre todo los más mayores, se han acostumbrado a ir cada al camión cisterna a buscar el agua”, me decía Mariano hace pocos días. Lógico. La gente ha vivido la posguerra. Van a la cisterna como antes iban a la fuente. De ello se valen quienes quieren convertir un acontecimiento anómalo en pura cotidianidad.

Quizá los políticos que hoy gobiernan en Toledo y en Guadalajara piensan que con su displicencia castigan a un alcalde contestatario. Se equivocan gravemente. En realidad, a quien castigan es a la gente de Las Minas. Viviendas, alojamientos rurales, negocios, huertos, explotaciones ganaderas. Todo permanece varado a la espera de un rapto de dignidad por parte de quien tiene la obligación y la capacidad de desfacer el entuerto.