La Garlopa

[ Publicado en El Hexágono de Guadalajara, 10.11.2013 ]

Si partimos de la base de que un medio de comunicación es un elemento vertebrador de la sociedad, el cierre de una televisión autonómica debe interpretarse como un paso atrás colosal en la formación de la opinión pública. Conviene que el ciudadano asimile esto desde el principio. La sangría que sufre el periodismo deteriora la calidad democrática del país. Cuando este oficio se debilita y los periodistas levantamos la voz no lo hacemos solo por un primario sentido del corporativismo. Lo hacemos también porque sin una prensa sólida, la libertad se va al garete. Y eso atañe tanto a los profesionales que nos dedicamos a este oficio -el más hermoso del mundo, según García Márquez-, como a todos los ciudadanos. Tengan conciencia o no. 

El presidente valenciano, Alberto Fabra, anunció el martes la clausura de Canal Nou después de que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad anulara el ERE para echar a 952 trabajadores de una plantilla de casi 1.700. Los sindicatos recurrieron y la justicia les ha dado la razón. Ahora la Generalitat tendrá que readmitir a todos los empleados y volver a despedirlos, esta vez, con 20 días de indemnización. La medida ha sido un aldabonazo más en la crisis. Un escalón hasta ahora inédito. Otro castillo derruido.

Si un ERE es declarado nulo, y no improcedente, es que se han conculcado los derechos de los trabajadores y, por tanto, es una chapuza administrativa. Si una empresa pública acumula una deuda 1.200 millones de euros, es que la gestión ha sido despilfarradora. Y si un canal desciende al 4% de share y se aleja de su objetivo de servicio público, es que sus directivos han ejercido más de comisarios políticos que de profesionales de la comunicación. De todo ello se deduce que la actuación del PP, que lleva casi dos décadas controlando Valencia, ha sido catastrófica y temeraria. Por eso sorprende que los pirómanos se presenten ahora como los bomberos.

El cierre de Canal Nou abre una oportunidad en Castilla-La Mancha para reflexionar sobre el modelo de medios públicos que quiere esta tierra. Mi opinión es que no se puede confundir una televisión pública con una gubernamental. Un medio de esta naturaleza debe huir del derroche, pero no tiene por qué ser rentable. Su cancha no es la guerra de audiencias. Tampoco los codazos por la publicidad. Una tele pública está obligada a ser objetiva, austera, próxima y, sobre todo, a estar entregada a su vocación de servicio.

Cualquiera que haya sufrido la tortura de ver Castilla-La Mancha Televisión (RTVCM) habrá comprobado que no cumple ninguno de estos parámetros. A uno le produce espanto que un canal así pueda ser reflejo de esta autonomía. La etapa de RTVE durante la legislatura anterior, descontaminada del tradicional mangoneo al que la habían sometido el PSOE y el PP, demuestra que en España sí es posible hacer una televisión pública sin manipulación y con un criterio profesional. El ejemplo, por desgracia, no cunde.

Bono inauguró la tele regional  en diciembre de 2001, Barreda la engordó y Cospedal se ha empeñado en mantenerla, incumpliendo su promesa de cerrarla o privatizarla. Castilla-La Mancha TV arrancó con un presupuesto de 7.000 millones de pesetas, es decir, 42 millones de euros (alrededor de 24 euros por habitante y año). En 2007 elevó su financiación hasta los 76 millones de euros y en 2013 vuelve a disponer de 42 millones, por encima del coste de la televisión extremeña (25) y balear (30,5), pero muy lejos de los 105 millones que el Gobierno vasco inyecta en EiTB, los 118 de la radio televisión andaluza y los 225 de TV3, según Forta , la entidad que engloba a los entes autonómicos. Hay quien piensa que, en época de recortes, estas teles son un lujo prescindible. Es un planteamiento legítimo, pero inconsistente. No se trata, como hizo Fabra torticeramente, de establecer un cínico sofismo entre abrir hospitales y cerrar televisiones, sino de administrar bien el erario público. La información no es una dádiva al albur de la coyuntura económica, sino un derecho fundamental irrenunciable.

La legislación aprobada por el Gobierno central (la llamada ley del tercer canal) permite a las comunidades privatizar sus entes públicos de radio y televisión. En su discurso de investidura, pronunciado el 20 de junio de 2011, la presidenta Cospedal proclamó: “Voy a emprender un proceso de saneamiento y posterior privatización de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha” (pág.29). Pues ni una cosa ni la otra. Traspasado el ecuador de la legislatura, el PP le ha cogido gusto al juguetito y ya no quiere soltarlo. Cospedal no parece dispuesta a deshacerse de una palanca que le permite llegar a todos los rincones de un vasto territorio que ella no frecuenta.

Desde sus inicios, la televisión pública de Castilla-La Mancha se empeñó en difundir una visión rancia y cateta de una región que no es Baviera, pero tampoco Somalia. En lugar de apostar por una programación modesta y con una calidad acorde con los recursos económicos disponibles, el equipo dirigido por Jordi García-Candau implantó una fórmula cochambrosa con espacios cutres, corridas de toros a cascoporro y unos servicios informativos deficientes y tendenciosos. Eso ocurría cuando gobernaban los socialistas, y aquí  lo contamos entonces.

Ahora, ya con el PP en el poder, el nivel general de zafiedad se ha mantenido inalterable. Pero con dos elementos reforzados: la manipulación informativa se ha disparado hasta cotas inéditas, mientras se potencia la propaganda catolicona con programas en directo de fiestas populares, misas, procesiones y eucaristías varias. Todo ello, trufado con un reguero diario de totales (testimonios) de parroquianos que no aportan nada relevante.

El sectarismo en la edición de los informativos no tiene parangón con ninguna otra cadena de su estirpe, salvo Telemadrid y la ya casi extinta Canal Nou. La proliferación de tertulias políticas en las que se analiza preferentemente la actualidad nacional en detrimento de los asuntos domésticos es todo un síntoma del sesgo implantado. Resulta inexplicable que una comunidad con tantos y tan buenos periodistas en paro engorde las cuentas corrientes de tertulianos ajenos a Castilla-La Mancha que, para más inri, bendicen la austeridad y el rigor presupuestario en las autonomías de las que cobran pingües colaboraciones.

Por otro lado, la fijación en los telenoticias por exacerbar cualquier incidencia ocurrida en Toledo y Cuenca (casualmente, las dos únicas capitales de provincia gobernadas por el PSOE) roza lo patético. Si no fuera porque quizá la pantalla emite radiaciones tóxicas, les aconsejaría que escucharan con atención el lenguaje de las piezas informativas y la impostura de los presentadores cuando se trata de resaltar lo feas que están las fuentes del extrarradio toledano, los perjuicios que causan las obras en Cuenca, lo mucho que sube los impuestos Azuqueca o lo despilfarradores que son los alcaldes socialistas de la extensa llanura manchega. Incluso al alcalde de Hiendelaencina, azotado por una catástrofe sin precedentes, fueron a rizarle el rizo buscando vecinos descontentos en lugar de explicar el drama que vive una población sin agua potable desde hace un mes.

 La grabación en el despacho  de García-Page en el Senado fue la puntilla a una manera indecente de ejercer esta profesión. Y la enganchada reciente de Pablo Bellido con el delegado de RTVCM en Guadalajara, después de que éste le preguntara oportunamente por la conferencia política del PSOE, el corolario a una retahíla de tergiversaciones que hace perder la paciencia a cualquiera.

El capataz del bodrio de Castilla-La Mancha TV es Nacho Villa, periodista procedente de la Cope y Libertad Digital. Sin embargo, la responsabilidad máxima recae en Cospedal, que fue quien le nombró. Sí, Cospedal. La misma que se permitió el lujo de reprocharle a Ana Pastor, durante una entrevista en Televisión Española, que los telediarios de esa casa no eran “imparciales”. Cabe recordar que los informativos dirigidos por Fran Llorente han sido los menos politizados de la democracia española, tal como acreditan los premios recibidos y, sobre todo, el respaldo de la audiencia. Preguntada por Pastor sobre el modelo de televisión pública que tenía en la cabeza, Cospedal solo supo balbucear.

La tele valenciana ha triplicado la audiencia estos días después de que sus periodistas tomaran el control de la programación. Ahora largan lo que antes no podían. Algunos de sus profesionales han contado lo que les obligaban a decir delante de la cámara. Iolanda Màrmol escribe: “Recuerdo cuando nos exigían grabar a Eduardo Zaplana en su perfil bueno. Y la oda que me encargaron sobre él cuando dejó la presidencia de la Generalitat para ser ministro. Recuerdo poco después, cuando de ser el Elegido pasó a ser el innombrable, cómo nos prohibieron que apareciera en los planos”. Mármol también revela que sus mandos le censuraron hacer referencia al cheque-bebé aprobado por Zapatero y le obligaron a llamar Francisco a Camps, en lugar de Francesc, cuando éste se postulaba como sucesor de Rajoy.

Cuando un sistema basado en la dirección profesional se desliza por otros derroteros, sin una fiscalización exigente, es fácil que la impotencia se convierta en una vía de escape para los trabajadores. También el cinismo. Las protestas airadas que se han ventilado estos días en el canal valenciano no se vieron cuando un expediente de regulación se llevó por delante a casi un millar de sus compañeros. “Es cierto que muchos redactores no aceptamos estas consignas con resignación. Hicimos nuestras pequeñas rebeliones, ya sé que insuficientes”, admite la propia Màrmol. Otro de sus compañeros, Julià Álvaro, reconoce: “Los trabajadores no hemos estado a la altura de nuestra responsabilidad social. Hemos visto como se iba degradando nuestro producto, nuestra televisión, y no hemos sido capaces de evitarlo”.

El desprecio hacia su trabajo que debieron sentir en Valencia queda también patente en las palabras hirientes, sonrojantes, de José Antonio Sánchez. El director de Telemadrid, una empresa que amenaza con seguir los mismos pasos que Canal Nou, ha asegurado que “aplaudirá” al presidente madrileño si finalmente cierra la televisión autonómica. Las personas que el PP ha puesto al frente han pasado como un caballo de Atila por Telemadrid. La asaltaron y la saquearon con el único fin de ganar elecciones. La han dejado arruinada y sin audiencia. Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid se dice ahora que el futuro de esta tele pende de la decisión que adopte la justicia sobre el ERE aplicado a 800 profesionales. Que el director del ente se sume a esta cacería solo puede generar náuseas.

Lejos de esta mugre, forma parte del consenso en el oficio que el listón en cuanto a calidad en este tipo de teles lo marca TV3, cuyo nivel de producción propia ha recibido los parabienes en la esfera internacional. En eficiencia se lleva la palma Aragón TV. Con un presupuesto de 42,5 millones de euros (el mismo que RTVCLM), goza de una cuota de audiencia del 13,7% y un superávit en 2012 de 400.000 euros. La corporación aragonesa de radio televisión tiene 131 empleados propios; 67 de ellos en la televisión. Se trata de un caso aislado, pero su existencia certifica que otra televisión es posible sin cambiar de país.

La periodista Mariola Cubells, especializada en comunicación, aborda en el libro  ¿Y tú qué miras? (eldiario.es Libros, 2013) el funcionamiento de este tipo de cadenas. Su conclusión principal es que ninguna autonómica ha escapado del control partidista, aunque con grados. Sostiene Cubells: “Lo que cuento [de Canal Nou], más o menos, lo podría contar con toda seguridad de: Telemadrid, Castilla-La Mancha, la de Murcia, la TVG… Y también podría hablar de Canal Sur, de ETB y de TV3, aunque las magnitudes no sean en absoluto comparables: mientras de las primeras puedo hacer sin problemas una enmienda a la totalidad, de las segundas puedo citar fisuras, recovecos, fallos…”

El día a día entre la dirección de un medio y sus profesionales nunca está exento de tensiones. Pero hay límites. El testimonio de los colegas de Canal Nou y la desfachatez del tipo que dirige Telemadrid deberían hacer reflexionar a los compañeros sometidos al dictado político de los patrones de Castilla-La Mancha TV. Los periodistas y técnicos son profesionales. No tienen la culpa del desvarío de sus jefes. Sin embargo, vale la pena que se lamenten ahora. No servirá de nada hacerlo cuando ya sea demasiado tarde.

Todas las señales que destila actualmente la tele castellano-manchega se parecen a las que han llevado a Canal Nou a la tumba: manipulación descarada, devaluación de la programación propia, desplome de la audiencia, descarte de profesionales válidos por estar vinculados a etapas anteriores, contratación de periodistas afines, creación de redacciones paralelas, laminación de los comités de empresa y sobredosis de tertulias de opinión para mantener la tensión ideológica.

La bajada de audiencia y el hundimiento de los informativos facilitan el terreno para los despidos masivos, tal como ha ocurrido en Telemadrid y Canal Nou. El Comité de Trabajadores de RTVCM ha denunciado la violación sistemática de la ética deontológica que debe regir el trabajo de una emisora pública. Los empleados no dicen nada que el espectador no pueda ver en pantalla, pero es bueno que la movilización interna empiece a cuajar entre la plantilla.

Ni socialistas ni populares han demostrado un afán profesional en la gestión de la radio y la tele regionales. Nunca fue un ejemplo de televisión pública, pero ahora suma una bochornosa adulteración política. El debate de fondo no solo es cuánto cuesta Castilla-La Mancha TV, sino qué debe hacerse para configurar una parrilla acorde con los objetivos de un medio humilde, pero de calidad.

La lucidez, la desobediencia, la ironía y la obstinación. Son las recetas para ejercer el periodismo que aconsejó Albert Camus, de cuyo nacimiento acaba de cumplirse un siglo. No pidamos tanto, pero al menos sí una sacudida de dignidad entre los directivos de las empresas públicas de comunicación. Quizá de esta manera los ciudadanos recibirían la información que merecen.

* Raúl Conde (L’Hospitalet de Llobregat, 1981). Periodista de Expansión y El Mundo. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue redactor en Guadalajara Dos Mil y Nueva Alcarria, y coordinador de la revista Siglo XXI y el periódico La Serranía. Colaborador de Henares al día y El Decano. Desde 2005 mantiene abierto el blog La Garlopa (www.lagarlopa.es), en el que vuelca todos sus trabajos y escritos. Autor de los libros Danzantes de Guadalajara. Viaje por la provincia a través de sus danzas tradicionales (Junta de Castilla-La Mancha, 2005), La Alcarria (2008) y Los Pueblos Negros(Ed.Mediterráneo, 2009). Coautor de Guadalajara 1937. Testimonios de una batalla (Diputación Provincial, 2007) y Guadalajara tiene quien le escriba. Homenaje a Manu Leguineche (2008).