Dependencia: del sobresaliente al aprobado
El pasado 25 de enero, la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales de España publicó su evaluación anual de la Ley de Dependencia, un informe de referencia para calibrar el grado de aplicación de esta norma. En un solo año, Castilla-La Mancha ha pasado de obtener un sobresaliente a un aprobado raspado (5,8). La región ha degradado la prestación de los servicios que contempla la ley ralentizando la tramitación, imponiendo tasas y multiplicando las exigencias para acceder a las ayudas.
La Ley de Dependencia es un proyecto estatal, pero en el que la financiación autonómica resulta determinante. Se aprobó en 2006 y, desde entonces, ha tenido un desarrollo irregular en función de cada comunidad. Ahora hay 770.949 personas beneficiarias del sistema de la dependencia en España. El 23% de estos ciudadanos tiene reconocido su derecho a recibir las ayudas, pero aún no ha cobrado. La ley está herida de muerte tras el recorte de 200 millones de euros asestado por el Gobierno en los Presupuestos del Estado. El Observatorio de la Dependencia alerta de una tendencia “muy negativa”: 101.000 personas están pendientes de ser valoradas y entrar en el sistema. El Gobierno ha pasado de cubrir el 39% de las facturas de los servicios en 2009 al 21% en 2012. En 2013 bajará aún más.
Según el Imserso y la Tesorería General de la Seguridad Social, Castilla-La Mancha había consolidado su posición por encima de la media nacional en la ratio total de prestaciones que, hasta mayo de 2011 (fecha de las últimas elecciones autonómicas) superaban las 50.000. Hasta entonces, alrededor de 40.000 personas/familias se beneficiaron de esta norma y se crearon casi 10.000 empleos. Pese a ello, el margen de mejora aún era enorme teniendo en cuenta las necesidades de los afectados.
El cambio de gobierno marcó un punto de inflexión. La política de reducción del déficit comienza a estrangular los servicios públicos. En octubre pasado salió a trámite el proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha, impulsado por la Junta, que recoge la implantación de varias cargas para acceder al sistema de la dependencia. A saber: por revisar el grado de discapacidad, el ciudadano tendrá que abonar 30 euros; por pedir la de revisión del grado de dependencia reconocido, 40 euros; y por emitir el certificado de idoneidad como cuidador no profesional, 35 euros. Todos estos trámites, hasta ahora, eran gratuitos. La rebaja en las ayudas podría alcanzar el 85%, según los afectados.
En febrero de 2011, todavía en la oposición, el PP exigía a la Junta que agilizara el cobro de las ayudas. El programa electoral de esta formación admitía que “construir una auténtica sociedad del bienestar exige atender con dignidad a las personas que lo necesitan, teniendo en cuenta sus circunstancias personales”, sin entrar en más detalle (pág.44 del programa electoral autonómico del PP en 2011). A lo largo de 2012, Castilla-La Mancha redujo un 57% sus empleos para la dependencia y suprimió 50 puestos de valoradores, trabajadores sociales y terapeutas. La región perdió más de cien empleos en el ámbito de los servicios sociales (El País, 06.08.12).
El estrambote llegó el 16 de enero en boca de José Ignacio Echániz. El consejero de Sanidad, que también es el portavoz nacional del PP en esta materia, dijo que 29.169 personas muertas recibieron 140 millones de euros en prestaciones durante los últimos años. La cifra estaría incluida en el informe de fiscalización de la gestión financiera de la Ley de Dependencia, elaborado por el Ministerio de Sanidad. La boutade fue desmentida por el Tribunal de Cuentas, pero la sospecha ya estaba sembrada.
Debajo de esta procacidad verbal subyace la necesidad de la Junta de encubrir los efectos que provocarán los recortes en un asunto tan sensible como la autonomía de las personas. Hasta finales de 2010, el Observatorio de la Dependencia puntuaba con un 9 a Castilla-La Mancha, siendo líder en el conjunto del territorio nacional junto a Castilla y León. Han pasado dos años. Nuestros vecinos mantienen su apuesta por la dependencia, a pesar de la crisis y el desplome de los ingresos. La Junta castellano-leonesa sobresale en la agilidad de la tramitación y la apuesta por los servicios profesionales frente a la cobertura asistencial con cuantías económicas destinadas a los cuidadores familiares. Además, facilita información en tiempo real sobre el estado de cada expediente, algo que solo hacen tres comunidades (El Norte de Castilla, 25.01.13).
En Castilla y León gobierna el PP. En Castilla-La Mancha, también. Allí tienen una población envejecida y diseminada en cientos de pequeños pueblos. Aquí, también. La cuestión es: ¿Por qué allí se mima el sistema de la dependencia y aquí no?