La Garlopa

Una de las medidas incluidas en el ajuste de Rajoy para ahorrar 65.000 millones de euros en dos años y alcanzar el objetivo de déficit del 3% en 2014 es la reducción de un 31,1% del número de concejales. Los 8.116 ayuntamientos de España tendrán 21.338 concejales menos en 2015, según confirmó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del viernes. La iniciativa solo necesita reformar un artículo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). No tiene el impacto de la subida del IVA o la supresión de la extra de Navidad a los funcionarios, pero el presidente del Gobierno hizo hincapié en esta idea como ejemplo de la reforma que quiere implementar en la Administración. Los economistas liberales y el ala más dura del PP (Fundación Faes y alrededores) consideran que se queda corta y que la reforma de la Administración exige una poda que pasa por eliminar el Senado, reducir el número de diputados autonómicos y hasta fusionar autonomías con el objetivo de aumentar la eficiencia.

Krugman hablaba el otro día de un “dolor inútil” porque el conjunto del ajuste no servirá para cumplir con el déficit ni para reactivar la economía ni para crear empleo, tal como reconoció el propio presidente en su discurso en el Congreso. “Los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad”, sentenció Rajoy sin que luego pronunciara la palabra dimisión. Si un gobernante no puede hacerse responsable de las políticas que dicta, ¿qué le puede empujar a seguir en el puesto y qué clase de confianza cree que podemos tener en él los ciudadanos después de decirnos que nuestra libertad ha llegado a su tope?

La reducción de concejales ejemplifica la vacuidad del plan anunciado por Rajoy. Por dos motivos: porque su ejecución se retrasa hasta dentro de tres años y porque, al contrario de lo que pueda pensar el gran público, la mayoría de los ediles de este país no cobra. Solo los concejales liberados cobran del erario público y parece lógico que siga siendo así teniendo en cuenta que la mayoría de los ayuntamientos españoles no tiene capacidad financiera para soportar el pago de sus alcaldes y concejales.

El 27,5% de los más de 8.000 municipios españoles tiene entre 500 y 1.000 habitantes, y casi el 20% entre 100 y 500. Esto quiere decir que el grueso de la estructura municipal en España se encuentra en los pequeños municipios. Solo 6 ciudades registran más de 500.000 habitantes. Estos datos dan una idea de lo inútil de la medida anunciada por Rajoy: reducir el número de ediles en los pueblos donde no cobran no ahorra ni un euro a las arcas públicas. Solo es una concesión a la galería de Bruselas, que de manera insistente está reclamando un adelgazamiento severo de las administraciones españolas.

Rajoy quiere municipios con menos concejales y que las diputaciones absorban las competencias de los ayuntamientos pequeños. Ambas medidas afectarán especialmente a provincias como Guadalajara, compuesta por 288 términos municipios y casi 400 núcleos de población (la mayoría, con menos de 100 habitantes). A partir de ahora, los alcaldes no solo tendrán que seguir ejerciendo de secretarios, alguaciles, fontaneros, pintores y chapuzas en sus pueblos, sino que estarán acompañados por menos concejales. Guadalajara, por cierto, fue la provincia española que más aumentó el número de concejales en la última legislatura: pasó de 1.126 en 2007 a 1.414 en 2011 (288 más).

También es discutible el refuerzo de las diputaciones provinciales, puesto que el papel que ahora se le quiere asignar se supone que ya lo estaban cumpliendo. Dar asistencia a los municipios y coordinar servicios, sobre todo en las localidades pequeñas, son dos objetivos básicos de estas instituciones. En las últimas elecciones autonómicas y locales, en mayo de 2011, se eligieron 8.116 alcaldes, 1.040 diputados provinciales y 157 consejeros de Cabildos Insulares, según el INE. La Unión Europea considera que esta estructura, unido al entramado de las 17 comunidades autónomas, es ya inviable. También empieza a creerlo el PSOE, partidario de eliminar las diputaciones. Rajoy rechazó en mayo pasado “desandar” el Estado autonómico, aunque abogó por “repensarlo”. Una frase muy de Rajoy porque no se sabe bien qué quiere decir. Una cosa es quitar concejales o suprimir las diputaciones y las mancomunidades y otra reformular el Estado de las Autonomías (Título VIII de la CE), pero ambas ideas están en la línea de una reforma de la Administración que la crisis empuja a golpes.

Las dos piedras de toque que Rajoy aún no se ha atrevido a formular es la reducción del número de provincias, tal como quiere hacer Italia, y la fusión entre comunidades autónomas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves evidenció la dificultad del Gobierno para articular una política económica homogénea en todo el Estado. Las reticencias de varias comunidades (entre ellas, algunas gobernadas por el PP) a cumplir con el objetivo de déficit resulta, a ojos de Bruselas, un comportamiento tan extemporáneo como el compromiso extravagante adquirido por otras que quieren cumplir, pero que ya se sabe de antemano que no podrán hacerlo. Por ejemplo, Castilla-La Mancha. La Junta de Comunidades se ha mostrado dispuesta rebajar 6 puntos su déficit en un año en el que el propio Gobierno regional prevé que el desempleo aumente otro 6%. Parece una broma.

El run run de la intervención de ocho comunidades está sobre la mesa de Moncloa, que de momento mira para otro lado o hace que mira para otro lado. Castilla-La Mancha es la que tiene más papeletas en ese tránsito. El ajuste aprieta hasta el punto de hacer inviable el proyecto de varias regiones que, a lo largo de muchos años, han sustentado sus gastos en un capítulo de ingresos completamente hinchado por el crédito y la burbuja inmobiliaria. Es injusto cargar todo el ajuste sobre el Estado de Bienestar. Castilla-La Mancha no tiene una sanidad o una educación por encima de sus posibilidades, tal como se desliza en ciertos ámbitos de la política regional. Lo que tiene es una Administración que ahora mismo no puede mantener si, al mismo tiempo, pretende reducir el déficit en las proporciones que exige Bruselas.

Cataluña demanda una Hacienda propia y una mejora de la financiación a través de un pacto fiscal. Rajoy no ha dicho ni que sí ni que no, forzado por los pactos y porque es el presidente de un país con dos autonomías (Euskadi y Navarra) que disfrutan de un cupo financiero privilegiado. Mientras, entre las del régimen general, el desangre empieza a ser también generalizado. Andalucía ha comenzado su ajuste reduciendo el poder adquisitivo de los funcionarios. La Comunidad Valenciana está en quiebra y solo se mantiene porque el Estado le ha dado vía libre para volver a endeudarse. Y, entre las comunidades pobres, la peor parada sigue siendo Castilla-La Mancha, que pese a ajustar su déficit en más de un 2% a final de año, seguirá muy lejos de la meta impuesta.

El Gobierno se está moviendo por órdenes de la Comisión y del Banco Central Europeo. Ambas instituciones consideran que el mayor problema que tiene España para poder hacer una política coherente y controlar el gasto es su Estado autonómico. Rajoy actúa por espasmos según los acontecimientos y por eso lo hace de forma precipitada y con una pésima comunicación. En la reforma de la reestructuración del Estado, el presidente del Gobierno se ha mostrado más lento que en otras reformas como la laboral o la del sistema financiero. Resulta obvio que para emprender un proceso de este calado se exige mayor altura de miras por parte del presidente del Gobierno y la máxima concertación con la oposición. Ahora mismo no detectamos ni una cosa ni la otra.

El diseño autonómico ha proporcionado el periodo más largo de prosperidad y convivencia democrática entre todas las regiones españolas. La cuestión ahora es determinar si necesita una transformación para evitar que, tal como ocurrió en 2011, los gastos superen a los ingresos en 90.000 millones de euros. De otro modo, los recortes no servirán para nada.