¿Demagogia?
Como el debate sereno y constructivo es un acicate para disfrutar de la libertad de opinión, voy a discrepar con los compañeros de El Digital Castilla-La Mancha a propósito de un asunto del que ya hemos escrito aquí y aquí.
Este medio publica hoy un editorial sobre el cierre de escuelas rurales -que califica de «posible» cuando ya está confirmado hasta por la presidenta Cospedal– en el que, lejos de fijar su posición sobre este asunto sopesando pros y contras, lo que hace es lanzar un canto a la necesidad de un pacto entre PP y PSOE.
Evidentemente, nos sumamos a esta petición. Populares y socialistas deberían acordar muchas cosas en Castilla-La Mancha y harían bien en rebajar la crispación. Pero una cosa son los reyes magos y otra analizar una cuestión tan empírica como dejar a los pueblos pequeños sin colegio. El Gobierno regional ha planteado la necesidad de suprimir algunas aulas rurales en Castilla-La Mancha porque este modelo, según dicen, abona el fracaso escolar. Para el PSOE, y para muchos alcaldes de las localidades con el censo escuálido, incluso del PP, las aulas unitarias son un sistema eficaz de implantación de la enseñanza pública cuyo gasto la Administración puede soportar. Si los gestores actuales de la Junta consideran que este gasto ya es insoportable, tienen la obligación de explicarlo y de justificarlo con cifras, y no con declaraciones ampulosas.
Tanto El Digital CLM como otros colegas dan por hecho que el cierre de aulas rurales se debe a restricciones económicas. Hasta donde sabemos, esto no está confirmado. El consejero de Educación desde hace varias semanas y la presidenta Cospedal el pasado viernes siempre han argumentado motivos de índole académica al considerar que el sistema se ha quedado «obsoleto». En ningún momento han dicho que con esta medida buscan ahorrar. No es difícil imaginar que ese es el trasfondo de la cuestión, pero el Gobierno regional no lo ha planteado así. En consecuencia, los ciudadanos tienen derecho a preguntar a qué juegan sus dirigentes.
En este trance de titubeos por parte de la Junta, parece un poco arriesgado calificar de «demagógica» la postura de los afectados. Hay que tener muy poca sensibilidad con estos ciudadanos o desconocer mucho las características del territorio para tildar de demagógica y populista su reacción. Sobre todo, cuando uno disfruta de varios colegios públicos a su alrededor viviendo en una ciudad. ¿Pero es que la gente no tiene derecho a protestar, sin estar expuesto a ser considerado un monigote, por el deterioro evidente de la prestación de servicios públicos básicos?
No equivoquemos al personal: aquí hay un Gobierno que quiere afrontar una «reorganización educativa» para «mantener el nivel de la enseñanza pública» (los eufemismos no son patrimonio exclusivo de Montoro o De Guindos) y una oposición que defiende la vigencia de una estructura que, hasta ahora, no ha dado problemas ni parece que sea un lastre para Castilla-La Mancha. Por supuesto que el PP tiene todo el derecho del mundo a plantear los cambios que considere oportunos. En Educación o en cualquier otra materia. Pero lo mínimo exigible es que sea claro y transparente en sus exposiciones. Sin globos sondas, sin tanta declaración calculada y, a ser posible, sin ambigüedades.
Ni Cospedal ni el consejero han comparecido en las Cortes para explicar qué es lo que quieren cambiar en Educación y por qué. Si el debate es tan importante y de tanto alcance, ¿no sería lógico que fueran a la sede donde reside la soberanía popular a contarnos lo que se traen entre manos?