La Garlopa

El último retruécano del Gobierno de Castilla-La Mancha en materia económica es que, para salir de la crisis, hay que cerrar las escuelas de los pueblos pequeños. Según el Ejecutivo, para superar la ciénaga en la que estamos sumidos, resulta imprescindible agrupar a los alumnos que hasta ahora asistían a las ‘aulas unitarias’ -de menos de diez alumnos y con edades comprendidas entre los tres y doce años- en ‘centros rurales agrupados’. Marcial Marín, consejero de Educación, anunció el miércoles esta genial idea que, según dijo, acompañará a los presupuestos de la región. Unos presupuestos que, un mes y medio después de que el Gobierno comunicara las cuentas generales del Estado, siguen sin presentarse.

La medida evidencia el propósito del Gobierno regional de anteponer el ahorro a la enseñanza pública. Marín ha tratado de tapar esta realidad, torticeramente, con subterfugios académicos. En concreto, ha argumentado que existe un mayor fracaso y abandono escolar entre los alumnos que proceden de las ‘aulas unitarias’ cuando llegan a 1º de ESO. «Donde haya aulas unitarias aisladas, vamos a cerrarlas para llevarles a un centro rural agrupado con transporte escolar gratuito para que puedan estar con niños de su edad», dijo Marín con toda la dureza facial que un político es capaz de exhibir en plena oleada de tijeretazos.

La decisión de cercenar este tipo de aulas, que aún no ha sido comunicada a los docentes, supone una agresión infame contra los pueblos. Degrada el nivel de la enseñanza pública en las zonas rurales y golpea de nuevo a algunas de las capas más débiles de la población. La presidenta Cospedal prometió en la campaña del año pasado, antes de llegar al poder, que no tocaría la educación, la sanidad ni los servicios sociales para escapar de la crisis. Los hechos de este último ejercicio demuestran el nivel de su compromiso. Menos profesores, menos hospitales, menos casas de acogida, menos dependencia, menos sueldo para los funcionarios, menos subvenciones para organizaciones sociales y menos escuelas. Ahora resulta que el desfalco que se ha producido en el país, o en la región, debe compensarse castigando aún más a las ya de por sí depauperadas comarcas rurales. Toma nísperos.

El recorte de aulas afectará especialmente a las provincias de Guadalajara y Cuenca, que es donde se concentra el mayor número de localidades pequeñas. El 90% de los 288 términos municipales de Guadalajara tiene menos de mil habitantes. Según datos oficiales, en Castilla-La Mancha hay 75 Colegios Rurales Agrupados (CRA), con 10.197 alumnos de 345 localidades. Puede que la cifra haya bajado levemente, pero da una idea de las dimensiones del problema que se avecina. Los CRA están formados por colegios ubicados en varias localidades de una misma comarca. Por provincias, Cuenca se encuentra a la cabeza en número de Colegios Rurales Agrupados, con un total de 27, seguida de Albacete con 22 y Guadalajara con 14, mientras que en Ciudad Real hay 6 CRA y Toledo, en último lugar, cuenta con 6 centros educativos de este tipo.

La extensión de la educación pública a través de las llamadas aulas unitarias había permitido ampliar la calidad del servicio, y además fijar un nivel de población escaso, pero al menos estable en los primeros tramos de la enseñanza. Ahora todo eso se ve amenazado por una medida que la Junta, curiosamente, no incluyó en el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, hecho público el último verano para ahorrar 1.815 millones de euros en 2012. Ese plan recogía un epígrafe en el que, bajo el título de Optimización del gasto del personal docente (alrededor de 137 millones de euros de ahorro) preveía varias iniciativas, como el aumento de horas lectivas y la reducción de los centros de profesores, pero no la clausura de las aulas que conforman los centros rurales. Si tan inútil es este sistema, ¿por qué Cospedal no lo integró en su plan?

Desde el punto de vista técnico, según el PP, con el cierre de las escuelas unitarias se abrirán colegios con 11 alumnos -2 unidades- que serán atendidos por dos maestros tutores más los especialistas, con lo que, como máximo, se agruparán 5 niveles en un aula. El consejero de Educación aseguró que el Gobierno regional «va a cambiar un modelo de aulas rurales objetivamente fracasado y objetivamente malo, por un modelo educativo de éxito». Pese a la rotundidad de estas afirmaciones, el consejero no ha podido demostrar la vinculación trazada entre la existencia de aulas unitarias y fracaso escolar. Marín no ha sabido explicar porqué cuanto mayor es el ratio de alumnos en un aula, más elevado es el nivel de la enseñanza. No ha sabido explicarlo porque no puede. Reunir aulas de 30, 40 o 50 alumnos en los municipios de cabecera, someter a viajes tortuosos (sobre todo, en invierno) a los niños de los pueblos recónditos y obligarles a coger cada día el transporte público, no parece una vía segura hacia el éxito escolar.

En el colmo del despropósito, lo que sí ha dicho el consejero del ramo es que el cerrojazo a estas escuelas también se hacía para evitar la «discriminación» de los alumnos en la puesta en marcha de la Escuela 2.0, al no disponer muchas de estas localidades de red wifi. La conclusión desoladora del Gobierno de esta tierra es que, como no existe la infraestructura necesaria para adecuar este programa, en lugar de crearla, lo que hace es aumentar la movilidad del alumno obligándole a viajar cada día una media de 40 kilómetros hasta el cole más cercano. ¿Cómo podríamos calificar esto? ¿Una vergüenza? ¿Una irresponsabilidad? ¿Una indecencia? Puede que las tres cosas a la vez.

Desde el punto de vista económico, la Junta no ha concretado cuantos euros se va a ahorrar. Serán pocos porque los profesores que no estén en las aulas unitarias tendrán que prestar su servicios en el resto de centros y porque la necesidad de reforzar el transporte urbano escolar aumentará el gasto público. La medida se enmarca dentro del paquete de duros ajustes que el Gobierno regional va a plasmar en las próximas cuentas. El argumentario de los que siguen pensando que la fiesta de estos últimos lustros tenemos que costearla entre todos es que ni la educación ni la sanidad que tiene Castilla-La Mancha pueden pagarse por sí solas. Es falso.

El último presupuesto de la región superó los 8.000 millones de euros, de los que aproximadamente el 60% corresponden a educación y sanidad. No es cierto que la región no pueda mantener el nivel de servicios públicos de los que ha disfrutado hasta ahora. En realidad, no puede mantenerlo si la Junta pretende reducir el déficit público del 7,3% con el que cerró 2011 al 1,5% que le impone Moncloa. No es el coste de los servicios públicos lo que convierte a éstos en inviables, sino el objetivo draconiano que el Gobierno central ha exigido a las comunidades autónomas.

A tenor de lo (poco) que ya ha concretado Cospedal, su prioridad es reducir el déficit aunque signifique un hachazo en la prestación de los servicios públicos. En las ciudades, pero también en los pueblos, con el peligro que ello acarrea en lo que puede ser un golpe definitivo para zonas cuya densidad de población roza la de la estepa siberiana. Tocaron las farmacias el verano pasado, ahora se han acordado de las aulas y quién sabe si luego vendrán los consultorios o los centros de salud.

Los pueblos se mueren. Lentamente. Tal vez discretamente, pero se mueren. La gente remoza sus casas o las hace de nuevo y se trae parte del confort que tiene en la ciudad. Pero el alma de los pueblos va desapareciendo poco a poco porque sus habitantes, aquellos que viven de continuo, se sienten expulsados por políticas que solo favorecen los entornos más poblados. Si el acceso al trabajo cada vez está más difícil, si el turismo no es la gallina de los huevos de oro, si se abandona el campo y el monte y si encima sus hijos no pueden estudiar en las mismas condiciones que el alumno de una ciudad, ¿qué alternativas le quedan a los padres que viven en los pueblos? ¿Qué razones van a encontrar para quedarse?