La Garlopa

José Ignacio Echániz es un viejo conocido de la política alcarreña. Aquí comenzó una carrera que luego ha consolidado en Madrid, en el Congreso y en Castilla-La Mancha. Fue consejero de Sanidad en los gobiernos de Ruiz-Gallardón, y ahora ejerce la misma tarea, pero en Castilla-La Mancha y bajo las órdenes de María Dolores de Cospedal, que a su vez también fue consejera de Transportes del Ejecutivo vecino. Como ven, todo un juego de vasos comunicantes entre políticos que ejercen a orillas del Manzanares o del Tajo, según toque. Pero siempre bajo el manto protector del Estado autonómico que el propio PP se encarga de zarandear.

Echániz ocupa una de las carteras más importante de la Junta de Castilla-La Mancha. La sanidad, junto a la educación, concentra el 60% del presupuesto de esta administración. Es un servicio público esencial para los ciudadanos, que ahora se ve amenazado por la política de ajuste emprendida por Cospedal. En contra de lo que la presidenta prometió en campaña, ya ha habido recortes en la asistencia sanitaria que ha llevado, no al cierre de hospitales, pero sí a la reducción de personal y de camas, la retirada de alguna UVI móvil, el conflicto con el pago a una de las empresas de ambulancias y la eliminación de visitas médicos en determinadas zonas rurales escudándose en la falta de liquidez y la pérdida de población.

Por la relevancia que tiene su consejería, Echániz está obligado a dominar los asuntos que lleva entre manos (es decir, no bastan faenas de aliño) y a extremar la prudencia en sus declaraciones. Lo primero está por ver, pero lo segundo es evidente que no lo cumple. Echániz llamó “francotiradores” a los representantes de los dependientes, acusó a los médicos “de llorar” y de “mirarse el ombligo”, y soltó que el copago supondría para los pensionistas “cuatro cafés al mes”. Por último, hace pocos días acusó a muchos inmigrantes de “coger una patera porque sabían que en España tenían la asistencia sanitaria garantizada”. Sus palabras han enfrentado al Gobierno al que pertenece con el colectivo de médicos y farmacéuticos. Vamos, lo ideal para un responsable de la sanidad pública.

Excesos aparte, lo que no han aclarado todavía Cospedal ni Echániz es el modelo de sanidad que proponen para Castilla-La Mancha. Eso es lo fundamental y no si el consejero se muestra más o menos prudente en sus declaraciones. La postura de ambos dirigentes, por cierto, tiene miga más allá de la linde regional. Ella es la secretaria general del PP y él es secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del mismo partido. Por tanto, ojo. Sus acciones representan el discurso de su partido en materia de sanidad al más alto nivel.

En lo que afecta a CLM, como todavía no han concretado nada, surgen las especulaciones. En medios cercanos al Gobierno regional se elucubra con la posibilidad de privatizar algún hospital. No sabemos si Cospedal se atreverá a tanto. Lo que sí parece más probable es que rebaje sustancialmente el gasto destinado a esta consejería en los presupuestos de este año, que aún no se conocen, o bien que apueste por un modelo mixto de colaboración público-privada.

Éste último esquema ya ha sido aplicado en otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Comunidad Valenciana, y no serán las únicas. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, me dijo el lunes pasado en una entrevista en EXPANSIÓN: “La Administración pública debe garantizar el servicio a los ciudadanos, pero no tiene por qué ser la Administración quien se lo preste directamente. Si alguien tiene que hacerse un TAC, un enfermo quiere que se lo hagan bien y cuanto antes. Estoy segura que le va a preocupar muy poco si se lo hacen un hospital cien por cien público o no”. Esa es la filosofía que defiende el PP y la que quiere implantar en Castilla-La Mancha.

La entrada de capital privado en la sanidad pública tiene su referente en el llamado “modelo Alzira”, que agrupa las empresas privadas que gestionan centros públicos. Básicamente, la fórmula consiste en adjudicar a una empresa la construcción de un hospital público, concederle su gestión y asignarle los cuidados de su población de influencia. A cambio de no ejecutar la gestión del servicio, la Administración abona a la concesionaria una cantidad fija anual por cada potencial paciente del área.

El modelo comenzó a aplicarse en el hospital de La Ribera, en Alzira (Valencia), en 1999. Actualmente, en la Comunidad Valenciana hay un millón de personas (el 20% de la población) que reciben una asistencia sanitaria pública dependiente de empresas privadas (en concreto, el grupo Ribera Salud en alianza con distintas aseguradoras sanitarias). En la Comunidad de Madrid funcionan dos hospitales públicos gestionados por compañías privadas (Ribera Salud junto a Asisa y Capio) y hay otros dos en construcción.

Ribera Salud es uno de los mayores grupos hospitalarios de Valencia. Lo integran seis hospitales y está participado por Adeslas (51%), Bancaixa y la CAM (45%), y Dragados y Lubasa (4%). Su principal fuente de financiación es el canon que recibe de la Generalitat por prestar atención sanitaria a los vecinos de la comarca: 607 millones euros en 2010.

La clave del “modelo Alzira” es que, en principio, deja a todo el mundo contento. Al paciente se le regalan los oídos diciéndole que será atendido como en un centro privado; los contribuyentes, sobre el papel, pagan menos por un servicio igual o mejor; y la Administración descarga sobre una empresa privada la gestión de un servicio público que nunca fue una bicoca. Los empresarios también sonríen, puesto que se trata de un negocio seguro. Si funciona, bien. Y si no funciona, siempre aparecen los fondos públicos al rescate.

Lo que ocurrió en Alzira es que no funcionó. La concesión tuvo que ser rescatada por la Generalitat Valenciana, que pagó varias decenas de millones de euros a la misma concesionaria a la que, justo después, volvió a asignar la gestión del centro y encima con premio: incrementó el dinero que se cobraba por habitante. Al final, a la Administración no le queda más remedio que asumir cada vez más costes (farmacéuticos, sobre todo, y en tareas de investigación) y el ciudadano acaba pagando más por un servicio pensado para ser más barato.

A pesar de estos precedentes, Castilla-La Mancha parece decidida a convertirse en la tercera autonomía en aplicar este sistema sanitario. Ya en el mes de enero, la presidenta Cospedal dijo en una entrevista en Onda Cero que “la gestión público-privada en la sanidad permite una financiación más favorable”. La Razón publicó en febrero que el Gobierno de CLM podría estar sopesando aplicar este modelo a la sanidad de la región y citaban fuentes de la consejería de Echániz. Este modelo es “una referencia básica de éxito”, decían las mismas fuentes.

Cospedal anunció en diciembre que abriría la puerta a la empresa privada en los hospitales “inviables”. El 11 de febrero, El País publicó que fuentes oficiales del Gobierno regional indicaron que los centros de Villarrobledo, Almansa y Tomelloso (puestos en funcionamiento en 2007) y el de Manzanares (heredado del antiguo Insalud), se cederán al sector privado para su gestión bajo el mismo modelo. En una rueda de prensa en Villarrobledo, el pasado 9 de febrero, el director del SESCAM, Luis Carretero, confirmó que la Junta iniciará los trámites para la privatización de la gestión en estos hospitales en el mes de mayo. Carretero confirmó que el modelo que se seguirá será el establecido ya en el Hospital de Alzira.

El argumento esgrimido por el PP para justificar este giro radical en la política sanitaria es la situación de quiebra de Castilla-La Mancha. Desde luego, la coyuntura es horrorosa. Pero quizá no se está teniendo en cuenta el perjuicio que acarrearán estos recortes en una población dispersa y envejecida como la de esta tierra. La sanidad ha sido la principal competencia que ha recibido Castilla-La Mancha desde que el Título VIII de la Constitución creó esta autonomía. Nunca antes el Gobierno central había invertido tanto en hospitales, centros de salud, helipuertos, UVIs móviles y demás infraestructura como lo ha hecho la Administración regional. Ahora los ingresos se han desplomado y la falta de financiación pone en jaque el futuro de esta región como entidad jurídica. Si los problemas se pueden solucionar, que el Gobierno regional lo intente. Pero si no puede hacer frente a la situación, quizá habría que ir pensando en una solución drástica (por ejemplo, la devolución de competencias al Estado) en lugar de desmantelar los servicios públicos que tantos años han costado.

En el caso de sanidad, llueve sobre mojado. Hay que recordar que la Junta ya paralizó la construcción de los nuevos hospitales de Toledo, Guadalajara y Cuenca, además de la ampliación de centro de Albacete. Ni la presidenta regional ni el consejero del ramo han concretado cuándo estarán acabados estos recintos ni cuál será su método de gestión.

La incertidumbre, por tanto, se mantiene. El copago, el papel de los profesionales y el recorte asistencial están en el aire. Lo único claro es que el modelo de sanidad pública, tal como hasta ahora han conocido los ciudadanos, está en entredicho precisamente por aquellos que deben guarecerlo.