La Garlopa

España vive una situación tan anómala que empezamos a enterarnos de la realidad por la prensa extranjera. The Guardian publica hoy que el Gobierno podría estar sopesando la posibilidad de intervenir una comunidad autónoma. No aclara cuál, pero sí que será en mayo, y cita como fuente a “un funcionario de alto nivel” del propio Ejecutivo, al que no identifican.

Las tres comunidades que inmediatamente han salido a relucir en la prensa nacional son Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha. Además del terremoto económico, la intervención en la primera acarrearía un conflicto político de primer orden, teniendo en cuenta el resultado en las últimas elecciones andaluzas. La intervención en la segunda se daría por descontada, pero supondría un mazazo en una de las economías –aún con todo- más dinámicas del Estado. Por tanto, a priori, la que parece tener todas las papeletas es Castilla-La Mancha: menos habitantes, menos ruido, menos entidades financieras de peso, menos conflictividad social, una patronal discreta y un gobierno afín.

El lastre principal de Castilla-La Mancha, además de la tasa de paro, es la falta de financiación. De ahí que surja la posibilidad de un rescate. La región paga una tasa de interés muy alta por su deuda y el grifo empieza a quedarse seco. The Guardian matiza: “Rajoy puede encontrarse en la embarazosa posición política de tener que intervenir en las regiones que gobierna su propio partido popular conservador”. La Ley de Estabilidad Financiera, recientemente aprobada en el Congreso, permite al Gobierno esta posibilidad.

Una hipotética intervención de la economía castellano-manchega supondría el fracaso de esta región y de todos aquellos que han venido gobernándola desde sus inicios. Para el PSOE, que ha sido su verdadero factótum, y también para el PP, que se ha mostrado incapaz de revertir la coyuntura, pese a que prometieron que sabían hacerlo.

Castilla-La Mancha tiene un nivel de endeudamiento del 18,3% sobre el PIB y un déficit del 7,3%. Casi el 70% de las cuentas públicas regionales se destinan a sanidad, educación y bienestar social, así que será difícil que la presidenta Cospedal pueda presentar en mayo unos Presupuestos sin dañar el Estado de Bienestar. El PIB de la comunidad sobrepasa los 37.000 millones de euros. El Gobierno central ha obligado a la Junta a reducir el déficit al 1,5% al término de este ejercicio. Es un porcentaje desproporcionado e inalcanzable a día de hoy, aunque podría cumplirse si el Ejecutivo autonómico aprueba un recorte superior a los 2.000 millones de euros. En caso contrario, Cospedal no cumpliría con los deberes que le impone a Rajoy, y éste a su vez con los que le imponen la Unión Europea, el BCE y toda la troika comunitaria.

Hace ya mucho tiempo que Castilla-La Mancha, en la práctica, está intervenida. O cuanto menos supervisada, exactamente igual que las cuentas del Estado tras la visita de una delegación de la UE y hasta de una representación del partido de Angela Merkel. Los destinos de las regiones en Europa cada vez se gestionan a más kilómetros de distancia, contradiciendo el proyecto que la propia UE quería impulsar para aquella utópica “Europa de las Regiones” que un día quisieron relanzar las valientes comunidades autónomas españolas.

Ahora esas comunidades rozan la ruina. Es curioso, de todos modos, cómo se echa la culpa de esta nefasta gestión al sistema de articulación del Estado. Es lo que ha hecho Esperanza Aguirre recientemente, relacionando la existencia de las comunidades autónomas con la deuda y la quiebra. Por esa regla de tres, también podríamos echar la culpa a la democracia de las crisis cíclicas que genera la economía de mercado. ¿Por qué tenemos que creernos que la educación y la sanidad estarían mejor gestionadas, financieramente hablando, desde Madrid que desde las distintas capitales regionales? ¿Por qué algunos creen que la deuda que existe en la actualidad desaparecería si las CCAA devolvieran algunas de sus competencias al Gobierno central? ¿Por qué siempre que se habla de ruina se asocia con sanidad y educación y no con aquellos que nos han conducido al desastre?

El alcalde de Barcelona ha dicho esta mañana en TVE que el problema de España es que tiene unos servicios públicos que no puede pagar porque la actividad económica se ha desplomado. La frase es cierta a medias. Quizá lo que no puede pagar España es la burocracia de instituciones, fundaciones, organismos y entidades inútiles y duplicadas que ha creado el Estado, lo que incluye tanto al Gobierno central como a las autonomías. Pero no hay que confundirse. Una cosa es satisfacer la deuda, que debe ser una obligación para las administraciones, y otra cosa es considerar que nuestro Estado es inviable. España puede pagar (todavía) a sus médicos y profesores. Lo que no puede seguir pagando son gastos absurdos y superfluos. Esa poda aún está por hacer.

Las prisas por rebajar el déficit son las prisas que tienen los bancos alemanes y franceses para cobrar su deuda. La austeridad que imponen el BCE y Alemania va a terminar fundiendo a aquellas economías a las que, como el propio FMI ha reconocido hoy, se las condena con un ajuste fiscal demasiado severo. Rubalcaba dijo en la campaña de las generales que España tendría que acabar pidiendo un relajo en el objetivo de déficit. Si gana Hollande en Francia, esta petición sería factible. Si repite Sarkozy, será imposible. Para Rajoy, aunque ahora no lo reconoce, será mortal de necesidad.

El Gobierno está atrapado: debe cumplir los objetivos de déficit, pero no quiere ni subir impuestos como el IVA o los especiales ni bajar el sueldo a los funcionarios. Ha presentado unos presupuestos restrictivos que no contemplan “ni una sola medida para el crecimiento”, según Joaquín Estefanía. El esfuerzo –hasta ahora- es inútil: la primera de riesgo está en máximos desde noviembre, la Bolsa sigue arrastrándose y el propio Rajoy reconoce que al final de año habrá casi un millón más de parados. De tanto énfasis en el ahorro, España está descuidando aquello que define la prosperidad en un sistema capitalista: el consumo. Van a conseguir que nos quedemos todos quietos en casita, y entonces ya se verá quien paga la deuda.

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PD. 18/04/12.- UN AGUJERO DE 2.510 MILLONES DE € A 74.000 PROVEEDORES. Las miserias de este país van conociéndose en cascada y sin pausa, para asustar aún más al personal. La deuda de las comunidades autónomas con los proveedores asciende a 17.255 millones de euros. Lo ha revelado Montoro tras intervenir en la Junta Directiva de la CEOE. Se trata de una cantidad bárbara que asfixia a miles de empresas que ya han tenido que hacer el desembolso del IVA de todas las facturas pendientes. Nuevamente, el triunvirato de regiones vuelve a surgir: Comunidad Valenciana es la autonomía que más debe (4.069 millones de euros), Andalucía es la segunda con 2.763 y Castilla-La Mancha la tercera con 2.510 millones de euros. Según el Ejecutivo de Cospedal, 74.000 proveedores tienen pendientes de pago alrededor de 600.000 facturas en Castilla-La Mancha, correspondientes a los ejercicios entre 2008 y 2011.

Es una aberración financiera comprometer gastos que luego no pueden abonarse, y ni siquiera el desplome de los ingresos justifica una deriva de este calibre. Una Administración no puede ganar credibilidad si no paga sus deudas. Y un gobierno, por muy voluntarioso que sea, no puede reactivar una economía si no inyecta dinero en aquellas capas del tejido productivo que son más vulnerables a la crisis económica. Especialmente, pymes y autónomos. Gastar lo que no se tiene es irresponsable y temerario. Pero pretender enderezar esto con un ajuste de caballo, aprentando todavía más las tuercas (IRPF, IBI, copago…) a los que más sufren, resulta incoherente. Por no decir suicida.