Otra ley electoral injusta
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que quiere reformar la Ley Electoral. La presidenta Cospedal no ha dicho esta boca es mía (de esto, tampoco), pero la secretaria primera de la Mesa de las Cortes anunció la semana pasada la proposición del Grupo Parlamentario Popular de modificar esta ley mediante trámite ordinario, o sea, despacito y con calma.
El PP pretende que en las provincias de Toledo, Cuenca y Guadalajara se elija un número impar de diputados, mientras que en Ciudad Real y Albacete sea par. Toledo tendría uno más (de 12 a 13), Ciudad Real también uno más (de 11 a 12), Albacete se quedaría con los 10 actuales, Cuenca ampliaría un diputado (de 8 a 9) y Guadalajara sumaría también un diputado (de 8 a 9).
El cambio modificaría la ley actual, reformada en tiempos de Barreda. La norma fue recurrida al Constitucional, que terminó avalándola en una sentencia que supuso un palo para el Partido Popular. La ley pondera el voto en Ciudad Real, provincia tradicionalmente favorable a los socialistas. Los populares denunciaron entonces que podría darse la circunstancia de que la lista más votada en la región, incluso con diferencia, no se impusiera en escaños precisamente por la falta de equilibrio y objetividad en el reparto de los mismos. Esa posibilidad estuvo al canto de un duro de producirse en las últimas elecciones autonómicas. Fue Guadalajara, sorprendentemente, la provincia que decantó la balanca en favor de Cospedal.
En los comicios de mayo de 2011, el PP obtuvo 25 escaños con el 48,1% de los votos. El PSOE se quedó a solo un diputado con el 43,4% de los sufragios. 564.954 votos de los populares frente a 509.738 de los socialistas. La diferencia de casi cinco puntos y 55.216 papeletas se tradujo en solo un escaño de ventaja para los ganadores. Esto es lo que ahora pretende modificar el PP, aprovechando la mayoría absoluta de la que disfruta. Lo malo es que quiere hacerlo incurriendo en el mismo error de Barreda: potenciano la elección de escaños en algunas de las provincias que le son proclives electoralmente.
Castilla-La Mancha es una región peculiar en muchas cosas, pero una de ellas es la composición de su Parlamento. Las Cortes regionales, a diferencia de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas, tiene un color bipartidista. PSOE y PP se reparten todos los sillones, de tal manera que la diferencia de un solo escaño puede determinar la mayoría absoluta. Esto, en sí mismo, es una anomalía. Por muy legal que sea, resulta antidemocrático imponer un techo electoral tan elevado que vete la presencia de otras fuerzas, como Izquierda Unida, que obtuvo casi el 4% de los votos el año pasado. Los resultados tanto de IU como de UPyD son ciertamente escuálidos, pero Castilla-La Mancha debería hacer una reflexión sobre la falta de representación democrática que supone perpetuar el bipartidismo.
Lejos de este tipo de debate, la discusión se centra en el «y tú más». Barreda se equivocó gravemente impulsando la reforma electoral y ahora vuelve a equivocarse Cospedal. El ansia de ambos por modificar las reglas del juego son fruto de la escasez de pluralidad política en la región. Lo lógico es que PP y PSOE se pusieran de acuerdo en adaptar la norma que rige para las elecciones generales, que establece un número de escaños para cada provincia en función de la población. No es un sistema perfecto, pero al menos es más objetivo. Que el PP ganara en 2011 demuestra que la ley actual no era un fraude en favor de los socialistas. De ser así, Cospedal nunca hubiera llegado a Fuensalida. Sin embargo, la norma no es justa y Castilla-La Mancha no se merece un sistema de elección de su gobierno que esté en entredicho continuamente.
No resulta serio, enmedio de la grave crisis económica y financiera por la que atreviesa Castilla-La Mancha, que los dos únicos partidos con representación parlamentaria, y por tanto con opciones de gobernar, anden cambiando la ley electoral a su antojo y sin consensuarlo con la oposición, tenga el color político que tenga ésta. García-Page tiene la imposible misión de justificar el bodrio de reforma que impulsó Barreda. Pero es a Cospedal, como presidenta, a quien le corresponde intentar llegar a un acuerdo con los socialistas que permita a Castilla-La Mancha tener una ley electoral duradera y no sujeta al arbitrio del Ejecutivo de turno. ¿Es mucho pedir?