La Garlopa

En uno de los últimos Consejos de Ministros que ha presidido José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno decidió interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley, aprobada en marzo de este año en las Cortes de Castilla-La Mancha, por la que se declaró parque natural la Sierra Norte. La deliberación del Ejecutivo está fundamentada en la supuesta incompatibilidad de este proyecto con la Ley de Aguas que, según nota oficial, “determina las funciones que corresponden al Estado y a los organismos de cuenca para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola comunidad autónoma”.

El recurso va a paralizar el desarrollo de la ley aún más. La norma se ha congelado en un cajón tras ser aprobada en marzo, en vísperas de unas elecciones autonómicas que determinaron el cambio de color político en la Administración regional. El parque natural fue auspiciado por el anterior gobierno de Barreda. El PP nunca aceptó esta figura, aunque en la votación en las Cortes no se opuso al conjunto de la ley, sino a los artículos en los que presentó enmienda. Los populares en Guadalajara siempre apostaron por sustituir el parque natural por una Reserva de la Biosfera, tal como ocurre en la vecina Sierra del Rincón (Madrid), por entender que se trata de un grado de protección que conlleva menos restricciones para vecinos, propietarios de fincas, ganaderos y cazadores.

La ley del Parque Natural de la Sierra Norte nació coja por la falta de consenso entre PSOE y PP. No se puede articular un proyecto de este calado sin la anuencia de los dos únicos partidos con representación en el Parlamento regional, por mucho que recibiera el apoyo mayoritario de los ayuntamientos. Paradójicamente, el recurso presentado por el Gobierno de Zapatero va a beneficiar indirectamente a María Dolores de Cospedal, cuyo Ejecutivo gana tiempo para decidir qué hacer con la Sierra Norte con el argumento legal, y lógico, de esperar el fallo del Constitucional. Es verdad que el PP en Guadalajara se posicionó en contra del parque, pero a la presidenta de Castilla-La Mancha aún no la hemos escuchado decir esta boca es mía sobre este tema. Las sentencias del TC hay que acatarlas, pero las leyes están para ser cumplidas. “Tendremos que retomar el proyecto y modificarlo en el sentido de la sentencia”, dijo Porfirio Herrero antes de dejar de ser delegado provincial. Cospedal sigue en silencio, y es a ella a quien le corresponde reconducir el asunto, buscar el acuerdo con la oposición y ejecutar un proyecto propio para esta zona. No basta solo con criticar la herencia de los antecesores.