Desgana, anestesia
¿La huelga de funcionarios fue un fracaso? Pues no hace falta ser un avezado investigador para darse cuenta. No movilizó al personal de forma mayoritaria y no logró intimidar al Gobierno, que eran sus dos objetivos principales. No se puede estar dos años y medio aletargado en el placer de la coyunda con Zapatero y luego arengar a las masas en contra de éste. No se puede vivir dos años y medio a su regazo y luego pretender que la gente esté contigo a la primera que te movilizas, que mueva el culo para salvar tu propio discurso político o ideológico. Y además era una huelga inútil desde el momento en que el Congreso validó el decreto del Gobierno para aplicar el recorte del déficit. La gente no quiere pancartas. La gente quiere soluciones prácticas. Y rápidas.
Me parece que el mayor problema que tiene este país ahora, además del paro, es la ausencia de referentes. El desánimo. El descrédito. La desgana. El desdén hacia todo lo que huele a público. Los conservadores, y los que están a la derecha de los conservadores, están ávidos de poder. Y los «progresistas», y los que están a la izquierda de los «progresistas», están desorientados, confundidos, sin aliento.
Los socialistas se han pasado tanto tiempo diciendo que la respuesta a la crisis sería social, que ver ahora cómo asumen sin pudor las medidas del capitalismo y de los mercados produce, cuanto menos, sonrojo. Por no decir vergüenza ajena. No hay confianza en el Gobierno ni en la oposición. Ni en los sindicatos ni en los empresarios. No hay confianza porque en plena crisis económica, en lugar de hablar de los problemas de la gente, se sigue pensando y actuando en función de los mercados, de la Bolsa, del puto sistema que nos ha conducido a esta ratonera.
Aznar dijo el otro día: «Entregamos al país en las mejores condiciones de sus últimos treinta años y lo han dilapidado en apenas cinco». Aznar entregó un país con más de 2 millones de desempleados y con una tasa de paro reducida (desde 1993 en adelante) básicamente en función de dos reformas laborales que consagraron el despido libre y, sobre todo, que introdujeron el factor de la temporalidad en el empleo como sinónimo de precarización. Por eso las empresas están despidiendo ahora a tanta gente (porque les sale barato). Por eso se sigue manteniendo una dualidad terrible en el mercado laboral entre los que están bien colocados (o sea, indefinidos) y los que malviven entre contratos temporales o con una nómina de risa. Por eso la producción industrial no aumentó considerablemente durante los años de «vacas gordas». Y por eso ahora ha estallado lo que hace años se lleva larvando, enmedio de una ilusión desenfrenada por el consumo y por vivir por encima de nuestras posibilidades.
Zapatero dijo el otro día: «Tenemos que afrontar la situación con responsabilidad y con medidas y sacrificios que son duros y difíciles». Zapatero no decía esto hace tres semanas. Zapatero se presentó a las elecciones enfundado en un discurso abiertamente izquierdista, aunque solapado bajo la bandera de la socialdemocracia más avanzada, sobre todo en derechos civiles. Ese discurso, sin embargo, fue compatible con cinco años de bonanza económica, alimentada por el propio sistema que ahora se pretende combatir: ladrillazo, especulación y empleo temporal. Sumen a eso la economía sumergida y una relajación total y absoluta en la lucha contra el fraude fiscal, que es una de nuestras principales lacras.
Estas son parte de las debilidades y las contradicciones de los dos partidos que pueden gobernar España. Es difícil, muy difícil, que con este panorama la gente se movilice y salga a la calle. La anestesia ha sido demasiado dura como para despertar de golpe. Ni ayer ni cuando venga la huelga general, si es que la hacen.
Lo de vivir por encima de nuestras posibilidades, que también lo ha dicho Merkel, me parece un gol que nos ha querido colar. Si los Estados no hubiesen tenido que gastar decenas de miles de euros en salvar bancos, ahora no estarían endeudados y siendo atacados en el mercado por esos mismos bancos que negocian con la deuda que los salvó sin ninguna vergüenza.
Con ese dinero ahora en las arcas públicas, no hubiese sido necesario ni bajar sueldos ni congelar pensiones.
Hombre, el endeudamiento público (de las administraciones) es más bajo en España que en el resto de países de la UE, y ello a pesar de que algunas CCAA, algunos ayuntamientos y el propio Estado ha incrementado el gasto muy por encima de su capacidad de recaudación. Sin embargo, donde la economía española está hundida es en la deuda privada, que es lo que al parecer frena el consumo y la recuperación. O sea, que la gente (empresas y particulares) está endeudada hasta las trancas, y sigue consumiendo en base a endeudarse a través de letras: no ya para comprar un piso, sino para comprar un coche, un viaje o hasta un sofá. A eso me refería con vivir por encima de nuestras posibilidades. Pero es verdad que cuando lo dicen los gobiernos, mienten. Entre otras cosas porque son ellos mismos los que han llevado las cuentas fatal.
Hay una profunda desconfianza en el Gobierno y en la oposición, o lo que es lo mismo, en los partidos políticos, sean del color o signo que sean.
Será injusto quizás, pero el dicho aquel del «todos son iguales» es universal creencia hoy en nuestro país.
A nadie se le escapa que los gestores del Poder, los partidos políticos, son aparatos parasitarios del Estado que gobiernan y administran, regidos por camarillas de individuos elegidos por cooptación y que sólo representan a los grupos o familias que conviven y compiten en el seno de la organización partidaria en defensa de intereses nada generales, Si a esto, que es grave, se añade el repugnante pringue cleptomaníaco en el que obscenamente se revuelcan todas y cada una de las formaciones políticas, (más pringue cuanto más poder acumulan) el panorama es desolador.
¿Y qué decir de los sindicatos?
Nuestra maravillosa “transición” transmutó a los enlaces y jurados del sindicato vertical franquista en los comités de empresa que conocemos. Y confirió eficacia general a los convenios colectivos negociados por los sindicatos más representativos en las elecciones a esos comités: es lo que se ha venido en llamar “irradiación”.
El resultado es que los trabajadores carecen de interés en afiliarse y pagar cuotas si de todas maneras los efectos del núcleo de la acción sindical, que es negociar sus condiciones laborales, ya van a revertir sobre ellos. La consecuencia es un bajísimo nivel de afiliación.
Los sindicatos pasan entonces a vivir de subvenciones y no sólo en pago a su “representatividad”, sino también por otros conceptos como su función “consultiva”, o de participación en actividades como la formación profesional. Está, además, su implicación en procesos selectivos de personal, por lo que perciben dietas diferenciadas.
Todo esto es lo que el artículo 28.1 de la Constitución denomina pomposamente “garantizar la libertad sindical” y que en realidad ha contribuido al reemplazo de los funcionarios del antiguo sindicato vertical por una casta burocrática “libre” con aspiraciones funcionariales. Otra cosa no son las cúpulas de los sindicatos y sus 270.000 liberados. La financiación de esta casta mediante subvención, como si de un servicio público se tratara, equivale a un impuesto a pagar entre todos, incluidos pensionistas, autónomos e incluso asalariados que no se benefician ni es previsible que vayan a beneficiarse nunca de la labor de los sindicatos.
En virtud de resolución del Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT recibieron en 2008 14,7 millones de euros del dinero de todos los contribuyentes.
Así, CCOO recibió 6,44 millones para la realización de actividades sindicales y otros 1,02 millones por la citada función “consultiva”.
Por su parte, el Gobierno le entregó a UGT 6,09 millones de euros para su funcionamiento y otros 1,19 millones extra por la actividad de consulta. Por lo tanto, CCOO recibió 7,46 millones y UGT 7,28 millones.
Aunque estos dos sindicatos son los que más fondos han conseguido, no son los únicos que financian los ciudadanos con su trabajo diario.
Entre los que más ayudas lograron destacan el sindicato vasco ELA, que percibió 513.000 euros, Unión Sindical Obrera (USO) 499.000, el sindicato de funcionarios CSI-CSIF 376.000, el gallego CIG 299.000, el vasco LAB 230.000 y CGT 213.000 euros.
Pero esta orgía de subvenciones no se limita a los sindicatos de asalariados. La Confederación de Organizaciones Empresariales Españolas (CEOE) recibió una subvención de 2,15 millones de euros por su función “consultiva” con el Ministerio de Trabajo.