La Garlopa

La decisión del Ayuntamiento de Yebra de optar al futuro ATC ha avivado el debate nuclear en Guadalajara hasta el punto de caldear una manifestación, la de mañana sábado, que se presume histórica. La vieja disputa entre partidarios y detractores de las centrales se está reproduciendo en este asunto, pero con una diferencia notable: excepto entre la población de Yebra, donde sí existe una fragmentación mayor de la opinión, el rechazo social en la provincia hacia el basurero nuclear me parece mayoritario. Este consenso se ha puesto de manifiesto, sobre todo, en los agentes sociales. Desde la patronal CEOE hasta los sindicatos CC.OO. y UGT, pasando por el movimiento conservacionista y los principales colectivos del sector agrícola y ganadero han coincidido en decir no al ATC. Comprueben si esto ocurre en el resto de territorios que aspiran a dar cobijo a esta instalación.

La sensación que anida debajo de esta unanimidad es de agravio. En especial, al comparar la población de Guadalajara, poco más de 200.000 habitantes, con sus aportaciones a la producción energética nacional al disponer de dos centrales nucleares (la de Zorita, cerrada en 2002, y la de Trillo, construida en 1987). La clase política, por su parte, ha intentado instrumentalizar una manifestación que tiene una base, sobre todo, social. Pero no faltan razones desde el punto de vista político para refutar el ATC. La presidenta de la Diputación, María Antonia Pérez León, ha recordado muchas veces que “no queremos el almacén nuclear porque es nocivo y porque hay que tener en cuenta que esta provincia ya ha sido muy solidaria en esta materia”. Sin embargo, al hilo de esta contribución histórica con la energía nuclear, subyace el polémico reparto de las subvenciones que el Gobierno concede cada año a los municipios que están cerca de las centrales. Me da que aquí es donde está una de las madres del cordero para explicar la fortísima contestación que ha encontrado el vertedero nuclear.

En contraste con el que se conoce como modelo francés, que establece una distribución con planes comarcales de las ayudas compensatorias por tener próxima una nuclear, en España estas inversiones se han dejado en exclusiva en manos de los ayuntamientos. Esto ha hecho que aquellos pueblos que están dentro del área que marca el Estado, en función de su distancia a la planta, disfruten de unos presupuestos de los que no se beneficia el resto de la provincia. Y puede que de estos lodos vengan los polvos del ATC en Guadalajara. Polideportivos fastuosos, parques para que jueguen niños en pueblos donde no hay niños, obras menores casi faraónicas, derroches innecesarios, frivolidades por doquier, los mejores toros en las ferias y caldereta popular un mes sí y otro también. Así ha funcionado el reparto del pastel nuclear en Guadalajara y así nos luce el pelo. Mientras en otras provincias, como Tarragona, esta clase de inyecciones económicas ha servido para crear un tejido productivo acompasado a esta actividad laboral, aquí se ha dilapidado sin control ni conocimiento en la mayoría de ocasiones. Se entiende: sin control público y sin conocimiento de todos aquellos alcaldes que creen que hacer el bien por su pueblo es pagar unas buenas vaquillas para las fiestas.

Los datos son apabullantes. Según el cuadro de liquidación que maneja la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales (AMAC), los 54 términos municipales que forman parte de las dos zonas nucleares de Guadalajara, la de Zorita y la de Trillo, se han embolsado algo más de 80 millones de euros desde 1990 hasta 2008: más de 36 en el área de Zorita y casi 44 en la de Trillo. Pueblo a pueblo, el análisis de estas cifras todavía marea más porque conviene ponerlas en el contexto de un entorno rural y poco poblado. Así, municipios como Trillo o Cifuentes han recibido más de 8 millones de euros cada uno en las dos últimas décadas gracias al ‘maná’ nuclear. Durante el mismo tiempo, Brihuega ha sobrepasado los 4 millones, y otros pueblos mucho más pequeños han recibido cantidades que marean: Solanillos del Extremo ha cobrado casi 6 millones de euros; Pareja (casi 3 millones ‘por barba’); y Mantiel (más de 2). En la zona de Zorita, las cantidades también son elevadas. Almonacid (7 millones de euros desde 1990) y Pastrana (más de 6 millones) son los núcleos más agraciados. Les siguen Albalate de Zorita (casi 5) y el propio Yebra, que se ha embolsado en los últimos veinte años más de 4 millones de euros. Algo más atrás quedan Zorita de los Canes y Almoguera (casi 3 millones). Insisto: son datos que maneja la AMAC, que conocen los municipios pero que la industria atómica, que se caracteriza por su discreción y opacidad, apenas difunde.

A la luz de estos números, no entiendo cómo se puede seguir esgrimiendo la bandera de la reivindicación del medio rural a cuenta del gimoteo por el ATC. ¿Pero de qué clase de necesidades estamos hablando? ¿Qué ha hecho tanto la zona de Zorita como la de Trillo con el dinero que han recibido hasta la fecha gracias a las nucleares? ¿En qué se lo han gastado? ¿Serviría de algo para el futuro de la provincia recibir la lluvia de millones que acompaña al cementerio de residuos? ¿Por qué la comarca sur de Tarragona es un territorio próspero, que combina la industria con el sector primario, y en cambio la comarca sur de Guadalajara sigue siendo una zona básicamente agrícola? Y más aún: ¿Cómo es posible que algunos se sorprendan de la escasa solidaridad que ha despertado la candidatura de Yebra teniendo en cuenta la escasa solidaridad, por no decir nula, que los ‘pueblos nucleares’ han tenido siempre con el resto de la provincia? Ignoro si Guadalajara se ha cansado de ser la cenicienta del cuento de España. Eso lo veremos en la manifestación de mañana. Lo que sí parece claro es que está harta de las desigualdades dentro de su linde por el efecto nocivo de unas inversiones mal distribuidas y peor gestionadas. Y, claro, ya sólo falta que traigan los despojos nucleares.