La Garlopa

El 17 de febrero de 2009, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, proclamó la «imperiosa necesidad de un despido más barato». También abogó por expedientes de regulación de empleo (ERE) más «rápidos» y que no necesiten el visto bueno de la administración, en palabras suyas en el Nueva Economía Fórum, en Madrid, recogidas por todas las agencias. Un mes antes, en enero, aseguró que la economía española «no tendría en estos momentos una tasa de paro tan elevada si se hubiera flexibilizado antes la contratación» (Europa Press, 09.01.09). Pues bien, todas estas líneas son ensoñaciones de los periodistas. Según los empresarios, incluidos los de Guadalajara, estas noticias no existen. Y según Díaz Ferrán, nunca defendió sobre el despido lo que las hemerotecas se empeñan en recordar. Además jura y perjura que ha sido el Gobierno el que ha bloqueado la mesa de concertación. Incluso nuestro patrono mayor provincial, Agustín de Grandes, en un alarde de finura y diplomacia, llamó “mentirosos compulsivos” a Zapatero y a Celestino Corbacho. ¡Ay, los colores políticos! Y no sabemos si el presidente del Gobierno y el ministro de Trabajo mienten cuando pregonan que son los empresarios los que han roto el diálogo social. Lo que sí parece claro es que Díaz Ferrán quiere hacernos creer que bajar de 45 a 20 días por año la indemnización por despido no supone un abaratamiento del mismo. ¿Qué es, entonces? ¿Acaso lo que se propone es dar cuartelillo al trabajador?

Los empresarios, en línea con el PP, son partidarios de acometer una reforma laboral para superar la crisis económica. Quizá la diferencia es que Rajoy habla del concepto reforma laboral como si fuera el bálsamo de Fierabrás, pero esconde los sacrificios que acarrearía para el ciudadano de a pie. En cambio, la patronal sí ha descubierto sus cartas: rebaja del 5% en las cotizaciones a la Seguridad Social, recorte del 10% en las pensiones y un margen de maniobra mucho mayor para gestionar la extinción de contratos. O sea, más manga ancha para despedir con menor coste. Estas recetas, si garantizaran la creación de empleo estable, es probable que todos las aceptáramos con los ojos cerrados. El problema es que no lo garantiza. Y los antecedentes no invitan al optimismo. Los empresarios que ahora están apretando al Gobierno con su propuesta de máximos son los mismos que pilotaron la era del pelotazo y la especulación. Se generaron no sé cuantos millones de empleos, dicen desde el PP. Pero no dicen que la mayoría no eran estables, como se ha comprobado en cuanto ha irrumpido la crisis. Se obró el milagro económico español, con portada de The Economist incluida. Pero no dicen que ese milagro dependía en exceso del ladrillo y no de la productividad. ¿Y qué hicieron entonces los empresarios? ¿Socializaron los beneficios? ¿Repartieron ganancias? ¿Subieron los salarios? ¿Mejoraron las condiciones del despido? No. Al revés. Fue precisamente con Javier Arenas de ministro de Trabajo cuando el Gobierno y los agentes sociales acordaron enterrar el contrato fijo para sustituirlo por otras fórmulas, «más flexibles», que en la práctica han consolidado la contratación temporal. Por no decir la precariedad. El presidente del Instituto de Empresa Familiar, Simón Barceló, señala: “El mercado de trabajo precisa reformas, pero el gran problema no es despedir, sino ser competitivos” (El Periódico, 30.07.09). Ojo: dos puntos en cotizaciones son unos 5.800 millones de euros. Me cuesta creer que, a la vuelta de las negociaciones en septiembre, el empresariado no pueda asumir esta cifra.
 
Lo malo de todo lo que está pasando es que muchos ciudadanos ya no saben a quién creer. El PP saca pecho recordando aquellos maravillosos años del buen vivir y del ladrillazo, pero esa época quizá esconde algunas de las principales causas que han desembocado en la coyuntura que padecemos. El PSOE permaneció mudo mientras la inercia de esa misma burbuja inmobiliaria se prolongó durante la primera legislatura de Zapatero; luego el presidente mantuvo que no había crisis ni nada parecido; y al final se está agarrando a ese latiguillo del I+D+i, que es muy bonito y esperanzador, pero que está en pañales. Los bancos, que se han lucrado con productos de alta rentabilidad como las hipotecas, ahora exigen intervenciones estatales. Los sindicatos, que montaron una huelga general por un «decretazo» (el del PP) injusto y desproporcionado, al final acabaron pactando eso que los liberales llaman la flexibilización del mercado laboral. Y los empresarios, tan ufanos ellos cuando el viento soplaba a favor, ahora atizan a todo aquel que no comparte sus intereses. ¿Tienen la culpa sólo los empresarios de la crisis, tal como sostiene una parte de la izquierda? Pues seguro que no. Pero no resulta muy constructiva su postura de hacer pasar por el aro a un Gobierno socialista que está obligado a cumplir con sus objetivos en política social. Existen tres millones y medio de parados, un millón de hogares sin ningún empleo y un millón de inmigrantes sin trabajo. La prioridad es crear empleo, pero hasta que eso no llegue no se puede dejar tirado a quien más lo necesita. La dualización del mercado laboral divide a los españoles entre los que tienen trabajo fijo y los que no. Para estos últimos, el despido ya no puede ser más barato.

La crisis está frustrando las expectativas de todos los desocupados, especialmente, de los jóvenes y los de mediana edad. Hablo de personas preparadas en muchos casos. Con estudios, con formación y con ganas de salir adelante. Mucha gente así no encuentra trabajo. Y mucha gente así se pregunta si merece la pena que la salida consista en volver al pasado. Nos hemos acostumbrado a la rémora de la hipoteca, al consumo porque sí, a la beca cochambrosa, a la nómina esmirriada. Nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad injusta donde no siempre se tienen en cuenta los méritos. Y encima los empresarios se ponen gallitos. ¿Por qué tenemos que creer que aquellos que nos han llevado al desastre tienen ahora la fórmula mágica de las soluciones?