El auto
El cierre del auto de la juez de Sigüenza sobre el incendio del Ducado, ocurrido en julio de 2005, ha causado un terremoto político en Castilla-La Mancha que ya se ha llevado por delante al director de Política Forestal, entonces director de Medio Natural. Los hechos son sabidos: la juez ha imputado a 20 personas, entre ellos, 16 cargos y técnicos de la Junta, por el incendio, las coordinación y ejecución en las labores de extinción y por las consecuencias que acarreó. La juez observa indicios de delito y por eso mantiene las imputaciones. Incluidas las de la ex consejera de Medio Ambiente y la del ex delegado provincial de Medio Ambiente. Las imputaciones castigan un presunto delito de imprudencia a la hora de provocar el fuego, otro contra la seguridad de los trabajadores y uno más grave aún: el homicidio por presunta imprudencia profesional. Es decir, la juez no sólo deberá dilucidar quién y por qué se provocó el incendio -que parece bastante claro-, sino que tendrá que juzgar hasta qué punto algunos de los imputados tienen responsabilidad en la muerte de los once miembros del retén de Cogolludo. Y no se van a librar de ir al banquillo. Ojo: estamos hablando de delitos penados con varios años de cárcel. Por tanto, conviene ir con pies de plomo hasta que haya una sentencia firme.
El auto llega tarde, pero es un éxito del despacho de abogados Solano y ha satisfecho a la asociación que agrupa a nueve de las once familias afectadas por las muertes que se produjeron en el incendio. Es un varapalo en toda regla en el mentón de Barreda y el Gobierno regional. Un varapalo judicial, porque no han evitado mantener las imputaciones, y también político. No sólo por estar en plena campaña de las europeas, sino porque el auto echa por tierra la versión ofcial del incendio y la defensa hasta ahora esgrimida de las actuaciones que hicieron en 2005 los mandos de la Junta. La juez, al menos de momento, no respalda esta posición.
Estoy totalmente de acuerdo con el artículo que publica Santiago Barra en su blog. No tengo nada más que aportar. Lo suscribo de cabo a rabo, aunque sólo añadiría tres preguntas que ahora mismo, en esta fase del juicio, siguen sin respuesta.
1º.- ¿Por qué la juez no aceptó el informe pericial que ella misma encargó y que descartaba negiglencia de los responsables de la Junta?
2º.- Aunque ya ha anunciado que lo va a aceptar en el procedimiento judicial que ahora se abre, ¿por qué no aceptó los informes que presentó la defensa? Y por ende: ¿Por qué la defensa los presentó tan tarde?
3º.- ¿Por qué la juez no ha imputado a los responsables en política forestal del Ministerio de Medio Ambiente en 2005? ¿Sólo es presunto responsable el Gobierno regional de los cargos que se les imputa como delito de incendio?
4º.- ¿Serán capaces los políticos de mantener la prudencia hasta que el juicio llegue a su final?
Querido Raúl, yo también estoy bastante de acuerdo con Santiago Barra. De hecho, estoy más de acuerdo hoy que hace cuatro años. Creo tener respuesta para algunas de tus preguntas:
1. La juez sí acepta el informe pericial que ella misma ha pedido. Pero no lo tiene en consideración, o al menos en tanta consideración como otros elementos (los testimonios, las llamadas del 112…) porque el informe no obedece completamente a lo que ella y la Audiencia pidieron, que era un análisis pormenorizado de todo lo sucedido los días 16 y 17 de julio de 2005 y no sólo del crítico momento en que fallecieron los once trabajadores forestales.
2. La defensa tuvo cuatro años para presentar dichos informes. Los presentó muy tarde y cuando lo hizo, su único objetivo era rebatir el informe presentado por la defensa, el famoso informe Montoya. Algunas de las cuestiones que plantean esos informes, aunque puedan ser muy interesantes a nivel científico y profesional, no tienen la más mínima relevancia en un proceso judicial. A modesto entender, el error de la defensa es plantear un juicio académico al Sr. Montoya, cuando ni el juzgado es la Universidad, ni este señor, esté equivocado o en lo cierto, no está imputado.
3. Yo también creo que el Ministerio de Medio Ambiente podría haber hecho algo más. Pero lo cierto es que las competencias relativas a extinción de incendios les corresponden a las Comunidades Autónomas, y que además Castilla-La Mancha no elevó el nivel de alerta hasta que ocurrieron las muertes.
4. No, de eso sí que estoy seguro: no.
Recibe un cordial saludo.