Cositas que no salen en primera plana. Más de 1,4 millones de autónomos cobran este viernes la prestación extraordinaria del Covid-19. El coste que se abona alcanza los 1.200 millones de euros. Desde su puesta en marcha se han destinado cerca de 2.500 millones de euros para sufragar esta prestación. La medida fue aprobada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tras la declaración del estado de alarma. Su cuantía es de, como mínimo, 661 euros mensuales (el equivalente al 70% de la base reguladora) y además conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal. Los sectores con más beneficiarios de esta prestación son Comercio (351.627), Hostelería (261.336) y Construcción (152.646). Entre los tres superan la mitad de las solicitudes concedidas. Para acceder a esta prestación, el requisito es verse afectado por el cierre del negocio o haber sufrido una merma del 75% en la facturación del mes natural anterior a la fecha de la solicitud.
Curiosamente, hoy también, el presidente de la Federación de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha rechazado el modelo de Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno. Ha defendido una ayuda «coyuntural». A su juicio, lo contrario podría generar «más economía sumergida y mayores desincentivos a la búsqueda de empleo».
Creo que cualquiera en su sano juicio estará de acuerdo con las medidas de apoyo a los autónomos en esta terrible crisis. Es más: seguramente se queden cortas y hagan falta más, ahora y en el futuro. Pero me pregunto por qué la solidaridad que reclama para sí misma la principal patronal de trabajadores por cuenta propia no la aplica al resto de la sociedad. A ver, ¿cómo va esto? ¿Sí a bajadas e incluso a la neutralización de impuestos para los autónomos, pero no a un ingreso mínimo vital para 850.000 hogares cuya renta no alcanza para los suministros básicos? ¿Sí a subvenciones públicas estructurales, pero no un complemento a los más vulnerables compatible con un empleo temporal? ¿Sí a planes de choque para todos los sectores de autónomos, pero no a una ayuda permanente a las familias en riesgo de exclusión? ¿Sí a inyectar liquidez en las empresas, pero no a reducir la desigualdad?
Las pymes y autónomos son los motores de la economía española, pero están muy mal representados. Habla en su nombre una patronal que actúa de correa de transmisión de las tesis más ultraliberales y conservadoras. Es una pena porque no refleja la pluralidad del pequeño tejido productivo de nuestro país.