La Garlopa

La Ley de Dependencia se aprobó en el Congreso el 30 de noviembre de 2006 por una amplia mayoría. Fue una de las medidas estrella del Gobierno en materia de protección social durante su primera legislatura. El texto supuso un paso adelante en el llamado ‘cuarto pilar’ del Estado de Bienestar. En el año 2000, mientras que la media del gasto en dependencia de los países de OCDE era de un 1,25%, en España apenas alcanzaba el 0,61% del PIB. La ley se planificó como una norma de servicios. Confiere a toda persona que por edad o enfermedad tenga dificultades para valerse en el día a día el derecho a ser atendido con los recursos adecuados en cada caso, ya sea teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o de noche o asistente personal. Sobre el papel, era una garantía de protección social. Pero el caso es que han pasado varios años desde que la ley echó a andar y el resultado global, al decir de los expertos, es insatisfactorio. No se están cumpliendo los objetivos. Hay avances, y positivos. Pero no son los que esperaban sus principales destinatarios.

El Gobierno preveía que la definitiva implantación de la ley, dando una cobertura completa a todas las personas en situación de dependencia, se alcanzaría en 2015. Para conseguirlo, Zapatero anunció que el Estado pondría sobre la mesa más de 12.638 millones de euros hasta esa fecha, una cantidad similar a la que debían sumar las comunidades autónomas. Los usuarios, además, sufragarían el 35% del total en función de su renta. «Cumpliremos con el calendario previsto», dijo la ministra Pajín en diciembre. Pues va a ser difícil. El Observatorio de la Dependencia ya ha avisado que el rápido envejecimiento de la población origina unas necesidades sociales y sanitarias inalcanzables. «Ni por parte del Estado ni por parte de las administraciones autonómicas y locales», subraya uno de los últimos informes de este organismo. La situación contrasta con los fondos que ha aportado el Gobierno. En los Presupuestos del Estado de 2009, la dependencia recibió 1.150 millones de euros; en los de 2010 la partida se elevó a los 1.581 millones y las cuentas de 2011 recogen una inversión de 2.030 millones de euros. Pese al esfuerzo financiero, nueve de las diecisiete comunidades sostienen que les resulta imposible procurar los cuidados necesarios a los dependientes. De hecho, según el último sondeo de Caser, menos de la mitad de quienes han solicitado una ayuda (46%) la reciben.

El motivo que explica esta situación es la aplicación desigual en cada territorio. La ley nació del impulso del Gobierno central, pero tiene una ejecución compartida a través de las comunidades autónomas. Es decir, que no se puede llevar a cabo de forma igualitaria si no existe el mismo grado de compromiso en todas las autonomías, al menos, mientras la financiación sea cien por cien pública. Y hasta ahora, las regiones han ido cada una por libre. No hay criterios comunes y no existe una definición clara del sistema. Por eso los resultados son tan dispares.

En lo que nos toca más de cerca, lo cierto es que Castilla-La Mancha se ha convertido en la segunda autonomía que más y mejor aplica la ley de Dependencia. Conviene decirlo porque cuando se habla de descontrol en las cuentas públicas también hay que tener en cuenta en qué gastos ha incurrido una administración, la que sea, para sobrepasar los niveles de déficit o de deuda. Según el Imserso y la Tesorería General de la Seguridad Social, Castilla-La Mancha ha consolidado su posición por encima de la media nacional en la ratio total de prestaciones, que superan ya las 50.900. En total, se benefician de la ley de dependencia 38.000 personas-familias y se han creado 8.000 puestos de trabajo. El PP ha pedido, y con razón, que se agilice el cobro de las ayudas. El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha respondido, también con razón, que durante el último año se han incorporado ocho mil nuevos beneficiarios con un coste superior a los once millones de euros. De hecho, el VI dictamen del Observatorio de la Dependencia, publicado a finales de diciembre y relativo al segundo semestre del año, puntuó a la región con un 9 siendo líder en el conjunto del territorio nacional, junto a Castilla y León.

Los datos no son baladí. Indican hasta qué punto el compromiso social es posible incluso en una región cuya economía no está entre las más avanzadas y dinámicas de España. Se trata, por tanto, de una cuestión de voluntad política que debería tener continuidad al margen del resultado de las próximas elecciones. Porque la situación contrasta, y mucho, con la de otras regiones. Un retraso máximo en la asistencia a dependientes en Castilla-La Mancha se alarga tres o cuatro semanas. En Madrid puede llegar a ser de seis meses, igual que en Cataluña, Valencia o Murcia. Ojo a las diferencias. Ojo a estas cuestiones, tan importantes, tan necesarias, cuando se pone el grito en el cielo por el agujero que tienen nuestras administraciones.