La vuelta del Emérito
El fiscal suizo no ha podido demostrar el origen ilícito de los 65 millones que Juan Carlos I le transfirió a su amante. Sin embargo, ha quedado probado que testaferros cobraron este dinero -presuntamente, procedente de comisiones ilegales por la obra del AVE a La Meca-, que el Rey Emérito ha manejado mucho dinero oculto en paraísos fiscales, que usó medios del Estado con fines particulares, que defraudó reiteradamente a la Hacienda pública española -tal como prueban sus regularizaciones fiscales-, que se dedicaba a una vida a todo trapo mientras aparentaba dedicación exclusiva en la Jefatura del Estado, que el CNI (o sea, el Estado) trabajó para callar a Corinna Larsen, que fue perceptor de cohechos sin la transparencia debida en una democracia y que los sucesivos presidentes del Gobierno -excepto Sánchez- miraron para otro lado pese a ser conocedores de las irregularidades de una persona que aún conserva el tratamiento de Rey.
No hay institución que resista la corrupción y los excesos de Juan Carlos I. Si tuvieran la ocurrencia de aceptar su vuelta a España, el principal perjudicado sería Felipe VI. Tendría que ocuparse del estatus y del papel de su padre, y debería soportar las consecuencias de sus actos, que hace mucho tiempo que dejaron de ser ejemplares si es que alguna vez lo fueron. No acabo de entender el empeño de tantos monárquicos en el regreso del Emérito. Es lo peor que podría pasarle a la institución.
Esta columna de Garea me parece de lo mejor que he leído sobre el asunto.