La Garlopa

Desde que el Gobierno aceptó que rozar tres millones de parados y bajar más de cuatro puntos el crecimiento es lo mismo que tener una crisis de caballo, el presidente Zapatero ha anunciado cuatro planes especiales que pretenden reactivar la economía. El jueves 27 de noviembre anunció en el Congreso la dotación de un fondo para los ayuntamientos que asciende a 8.000 millones de euros. Presten atención a la cifra porque equivale a ocho veces el presupuesto del Ministerio de Cultura y a más de cien el de la Diputación de Guadalajara. Uno de los ideólogos de cabecera del presidente del Gobierno, el lingüista norteamericano George Lakoff, aconseja gobernar a golpe de emoción. En su libro Puntos de reflexión. Manual del progresista (Península, 2008), piensa que las campañas no deben basarse en el racionalismo, sino en aspectos simbólicos. A su juicio, los electores toman su decisión en virtud de “los valores, la capacidad de transmitir, la autenticidad y la confianza”. La lectura de Lakoff explica la insistencia de Zapatero por reforzar su hiperactividad en el Gobierno (observen que algunos ministros nunca salen en la foto) y su apuesta por una estrategia de comunicación nítida: hay un líder, y ese líder es casi el único que toma las decisiones. De ahí, por ejemplo, que este Plan Municipal fuera anunciado por el propio presidente y no por la ministra del ramo, que sería lo suyo. Y de ahí que se aprueben medidas excepcionales sin resolver el problema de fondo que afecta a los ayuntamientos: su falta de financiación.

Vayamos a los hechos. El Fondo Estatal de Inversión Local, que así se llama el invento, tiene dos ejes principales. El primero es que las ayudas están dirigidas a proyectos nuevos de “ejecución inmediata”, tal como ha matizado Elena Salgado, ministra de Administraciones Públicas. El segundo es que los nuevos trabajadores que se contraten deberán estar en situación legal de desempleo. Son dos buenas razones, dos argumentos de peso, para apoyar el generoso aguinaldo de Zapatero. De toda la inversión anunciada, a la provincia de Guadalajara llegarán 40 millones de euros. Es poco, pero es que nuestra población también es muy poca. Los alcaldes del Partido Popular, que han criticado el plan, no han renunciado a las ayudas. Algo absurdo, por otra parte, porque si no estás de acuerdo con un tipo de política resulta éticamente dudoso que aceptes beneficiarte de la misma. Pero la necesidad apremia. Los municipios de menos de 200 habitantes (en Guadalajara sólo 75 tienen un censo superior a esa cifra) podrán adjudicar las obras de forma directa. El plazo para pedir las ayudas expira el próximo 24 de enero, y ya veo a los alcaldes como locos buscando albañiles, pintores o fontaneros en las listas del paro con las que rematar pequeñas obras o chapuzas. Ya se verá si los encuentran o dejan que se escape el dinero. De momento, Barreda se ha ofrecido raudo, sin que nadie se lo pidiera, para actuar en el papel de reina madre y “coordinar” todo lo coordinable. En realidad, quien está obligada a hacerlo, según publica el BOE, es nuestra supersubdelegada del Gobierno. Por cierto, según ha anunciado, gracias a esta medida sólo en Guadalajara se van a generar 1.000 puestos de trabajo. Si así fuera, sería la primera vez desde que nuestra supersubdelegada asumiera el cargo, con Bono presente, que se logre crear esa cifra de empleos. Mientras, el número de parados en la provincia alcanza casi los 13.000. Y subiendo.

El asunto que amaga detrás del plan municipal ideado desde Moncloa guarda relación con lo que se ha venido en llamar segundo Pacto Local. Es decir, el traspaso de competencias y recursos de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. La escasez de dinero es un lastre para los municipios. Los grandes y medianos, durante los últimos años, han tenido que recurrir a la especulación del suelo. Un caso paradigmático fue, en Guadalajara, la venta del edificio de Las Cruces. En cambio, las localidades pequeñas sufren. Apenas tienen para subsistir y se ven obligadas a hacer frente a problemas que, por ley, no les corresponde resolver: arreglar un colegio, reforzar la seguridad o parchear la carretera que pasa por el pueblo. Antonio Román ha recordado que el 26% del gasto de los ayuntamientos españoles se utiliza para prestar servicios sobre los que no tienen competencias. Los ayuntamientos (también las diputaciones provinciales) son los grandes perdedores del proceso descentralizador del Estado durante los últimos treinta años. Madrid y Barcelona tienen cartas legales específicas que regulan su financiación. Pero, ¿qué pasa con el resto? Que están a verlas venir. Que son incapaces de que el Gobierno les tome en serio. Que son sistemáticamente ignorados por las comunidades autónomas. Y que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es un órgano devaluado que tiende a la inutilidad. Inútil, recuerden, es sinónimo de inservible. La FEMP presentó en 1993 su propuesta de Pacto Local. Nueve años después, Aznar dijo que aceptaba el órdago, pero luego achicó. Ahora Zapatero parece que quiere arrimarse al toro. Veremos. Los ayuntamientos exigen que el reparto del gasto público sea de un 50% para el Estado, de un 25% a un 30% para las autonomías y un 25% para las entidades locales. Hoy día, éstas últimas perciben la mitad de lo que piden: un 12% del gasto público. Ojo: puede parecer un tema farragoso, pero también importante. En el fondo subyacen políticas que tocan la fibra de la gente: impuestos, vivienda, consumo, tráfico, inmigración, sanidad, violencia doméstica… ¿Con qué autoridad política pueden seguir reclamando las autonomías más competencias al Estado si se niegan a ceder ni un milímetro ante los ayuntamientos? Como dice Miguel Ángel Aguilar: continuará.