La Garlopa

Una sociedad se enriquece cuando cuida a aquellos actores sociales que contribuyen decisivamente a eso con lo que los políticos se llenan la boca que es el Estado de Bienestar. España, esto es sabido desde tiempos lejanos, no destaca demasiado por sus inversiones en investigación y desarrollo, por cuidar la ciencia. ¡Que inventen ellos!, dijo Unamuno en uno de sus momentos raros. Ahora que se acercan elecciones, en lugar de hablar de cuestiones que interesan a muy pocos, de grandes temas sobre los que corren ríos de tinta en los periódicos, pues quizá convendría fijarse más en lo que toca más cerca de la piel de la gente. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, está empezando a levantar la voz el grupo de investigadores que quieren mejorar su situación profesional. Se trata de esforzados estudiantes que, en la mayoría de los casos, se ven abocados a abandonar su tierra para realizar sus tesis o buscar trabajo. Ya sea en otras comunidades autónomas o en el extranjero.

Además del retraso que acumula el Estado en materia de investigación, en Castilla-La Mancha se suman otros importantes factores. En primer lugar, los jóvenes investigadores señalan problemas de tipo político-administrativos. Guadalajara pertenece a Castilla-La Mancha, mientras que su universidad, la universidad de Alcalá de Henares pertenece a la comunidad de Madrid. En el campus de Guadalajara únicamente se ofertan algunas diplomaturas y no se ofrecen estudios de licenciatura, además de no existir apenas departamentos cuya sede esté adscrita al campus de Guadalajara. Esta cuestión plantea un serio obstáculo, ya que todas las convocatorias que se convocan ligadas a investigación en Castilla-La Mancha (becas pre-doctorales, becas postdoctorales.), tienen como requisito que “la tesis objeto de la ayuda se realice en el ámbito de las universidades de Castilla-La Mancha” (Universidad de Castilla-La Mancha, o campus de Guadalajara de la Universidad de Alcala de Henares). Del mismo modo, aquellas convocatorias que pretenden ofrecer ayudas a grupos de investigación estables, presentan unos requisitos análogos a los expuestos anteriormente. Esto quiere decir que se está limitando notablemente el campo de acción de los investigadores alcarreños. Primero porque no pueden hacer sus investigaciones, ni la Universidad de Castilla-La Mancha ni en la Universidad de Alcalá ofrecen las titulaciones adecuadas. Y, además, no existe una carrera de investigador como tal. A todo ello hay que añadir que la producción de conocimiento que se realiza en muchos casos en las Ciencias Sociales está adscrita a un territorio concreto, y si no hay una financiación estable que ayude a la realización de investigación en las etapas predoctoral o postdoctoral, o que ayude al mantenimiento de grupos estables de investigación desde el gobierno regional, es difícil que la investigación juegue un papel importante en ese territorio.

La delegada provincial de Educación, María Ángeles García, reconoce que “urge facilitar la transferencia entre la carrera y el sector productivo” (Nueva Alcarria, 03.02.08). También ha avanzado que la Junta de Castilla-La Mancha está estudiando la fórmula legal para que los investigadores no dependan de las becas. Es decir, que se profesionalice el sector, sobre todo, teniendo en cuenta que Guadalajara contará en el nuevo campus universitario de un Parque Científico y Tecnológico. Sin embargo, los jóvenes investigadores están cansados de esperar que este tipo de declaraciones se materialice en una propuesta concreta, en una solución viable y definitiva. Y denuncian que el director regional de Universidades no les escucha y no les responde sus cartas. Reivindican la importancia social de su trabajo, no siempre suficientemente reconocida, y advierten de la necesidad de estabilizar su situación, que actualmente es preocupante y decepcionante para un país que se autoproclama, sorprendentemente, la octava economía del mundo.