La Garlopa

Muchos ya no lo recuerdan. Fue un 23 de marzo de 2005. De madrugada, con Alique fuera de Guadalajara y Badel de alcalde accidental, el Ayuntamiento de Guadalajara retiró las estatuas de Franco, en la plaza Beladíez, y de Primo de Rivera, en el parque de La Concordia tras una fuerte polémica entre los políticos de la ciudad. La calle apenas protestó. La discusión, dos años después, se ha diluido como un azucarillo y ya nadie se acuerda de las estatuas, salvo las escasas personas que acudían cada año a celebrar actos de ideología ultraderechista. El historiador Jesús de Andrés Sanz (Guadalajara, 1968), profesor de Ciencia Política en la Uned y un experto en simbología franquista en todo el Estado, asegura que la retirada de símbolos franquistas a quien más beneficia es al Partido Popular: “paradójicamente, y aunque ellos se empeñen en lo contrario, es el partido más beneficiado porque cuando una estatua de Franco se retira se quitan un lastre, es decir, tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, ¿se imagina Román el problema gordo que tendría si Alique no le hubiera retirado las estatuas?”

El historiador alcarreño hace referencia al artículo 15 de la nueva ley, que obliga a los ayuntamientos a retirar de cualquier espacio público los símbolos del viejo régimen. Concretamente, el texto dice así: “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”. El diario El País sostenía en su edición de ayer que esta última apreciación está dirigida a la Iglesia. Jesús de Andrés cree que en la Ley de la Memoria Histórica “hay asuntos que se quedan en el tintero y no se abordan de una forma decidida, pero creo que algunos temas se han afrontado de forma correcta. En conjunto, no me parece mal. Prefiero una ley que se quede corta a que no haya ley”. En todo caso, el texto de la ley, después de sufrir múltiples retoques fruto de las negociaciones políticos entre los partidos que la van a apoyar, queda muy ambiguo. De Andrés opina que el tema de los símbolos “es uno de los grandes errores de la ley” y argumenta que “la competencia para retirar símbolos por parte del Estado se limita a los edificios estatales, pero esto tampoco es nuevo porque hay un decreto aprobado hace pocos años que apremia la retirada de símbolos. Hay quien dice que se pisan las competencias municipales si el Gobierno obliga a los ayuntamientos a quitar la simbología, pero es como decir que la ley del tabaco invade las competencias municipales porque los bares están en los municipios. Evidentemente, no es así. El Gobierno no se ha atrevido y me da la impresión de que no se van a atrever. Me da la sensación de que van más a lo simbólico, del homenaje a los que sufrieron la guerra”. Las novedades de la nueva ley, por tanto, se centran en la condena explícita del franquismo, la declaración de ilegalidad de los juicios y las ayudas para encontrar a los desaparecidos.

Polémica estéril

En Guadalajara, algunos de los símbolos franquistas más destacados fueron eliminados por el Partido Popular. La cruz de la plaza de los Caídos la quitó el Ayuntamiento siendo José María Bris alcalde. “Luego vino Alique a retirar la estatua y se dice que se ataca la historia y se remueve el pasado”, afirma irónico Jesús de Andrés, al que el Consistorio encargó un informe en febrero de 2005 para calibrar las consecuencias de la retirada de las estatuas del dictador y del fundador de la Falange. La estatua de Franco fue inaugurada por su mujer, Carmen Polo, el 4 de diciembre de 1976. La crónica de Nueva Alcarria contaba que la plaza Mayor “estaba llena de combatientes que cantaron el Cara al Sol”. Once días después, el 93% de los guadalajareños votó “sí” en el referéndum sobre la reforma política. Este extremo queda reflejado en el informe de Jesús de Andrés, que terminaba sugiriendo “el traslado [de las estatuas] a un lugar más apropiado” mediante una retirada “de forma coordinada y consensuada”. Guadalajara capital, a diferencia de la provincia y otras capitales españolas, es una de las ciudades que más se ha hecho en la retirada de símbolos franquistas, pero aún queda tarea que el nuevo texto legal terminará puliendo. De Andrés propone la “elaboración de un plan de actuación que atienda a las cuestiones relacionadas con la memoria y la identidad de ciudad para evitar desencuentros futuros (nombres de calles, actos públicos, erección de monumentos, estatuas y placas, etc.) y recupere lugares de la memoria compartida y asumida por todos los ciudadanos”.

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Cien calles dedicadas a Franco en Guadalajara

La Subdelegación del Gobierno en Guadalajara retiró de su fachada el escudo anticonstitucional para poner el vigente a principios de 2005. El retraso, teniendo en cuenta que la Constitución fue aprobada veintisiete años antes, sorprendió a muchos alcarreños, pero no escandalizó a casi nadie. Esta es una provincia acostumbrada a ver lápidas en las iglesias o los cementerios que recuerdan a los caídos en el bando “nacional”. Más aún: un total de 49 localidades mantienen un centenar de calles con nombres que hacen referencia a personajes del franquismo, como José Antonio, Calvo Sotelo, Francisco Vives, General Mola, Moscardó, García Morato, Aranda, Varela, Sanjurjo o capitán Cortés. Incluso se refieren a personajes de Guadalajara con raíces franquistas, como el capitán Boixareu Rivera, los Hermanos Ros Emperador, Gutiérrez Orejón y Ortiz de Zárate. Pese a todo, en un pleno celebrado el 6 de agosto de 1981, el Ayuntamiento de la capital cambió la plaza General Mola por plaza Santo Domingo, la de José Antonio pasó a ser la plaza Mayor, la de Ortiz de Zárate comenzó a llamarse del Jardinillo y la del Alférez provisional se convirtió en plaza Moreno. A la plaza de los Caídos se le añadió: Caídos en la Guerra Civil. El Paseo 18 de Julio es actualmente la Cuesta del Matadero y la calle División Azul se rebautizó en calle Ferial. Algunas de las localidades que mantienen en algunas placas nombres ligados al antiguo régimen son Adobes, Albalate de Zorita, Alcuneza, Anguita, Aranzueque, Armallones, Atienza, Auñón, Azuqueca de Henares, Budia, Casas de Uceda, Castejón de Henares, Cendejas de En medio, Chiloeches, Copernal, Embid, Esplegares, Fuentelahiguera de Albatages, Fuentelencina, Gajanejos, Loranca, Masegoso de Tajuña, Pálmaces de Jadraque, Sacecorbo, Sayatón, Sigüenza, Valdesaz, Viana de Mondéjar o Yela. La nomenclatura franquista es un obstáculo que se evitó durante la Transición y el problema ha llegado hasta nuestros días de forma dispar en función de cada territorio e incluso de cada municipio dentro de una misma provincia. En su ensayo “Los símbolos y la memoria el franquismo”, el historiador Jesús de Andrés relaciona los símbolos con las políticas de memoria de la dictadura, cuya pretensión era “socializar políticamente a varias generaciones de españoles”. Y concluye: “la subsistencia de estos símbolos, de hecho, ha sido y es prueba del éxito de dichas políticas de memoria”.