La Garlopa

La provincia de Guadalajara se parece a Aragón en dos puntos esenciales: por un lado, la despoblación y la dispersión geográfica de la mayoría de sus zonas interiores y, por otro, en el desarrollo asimétrico de dos áreas: la Sierra Norte, la Alcarria y la Tierra de Molina adolecen de habitantes mientras que la capital y el Corredor del Henares forman cada vez más un importante conglomerado urbano. La ciudad de Zaragoza concentra más de la mitad de la población de Aragón. Es exactamente lo mismo que le ocurre a Guadalajara capital y el Corredor con el resto de la provincia. Tanto la despoblación como el envejecimiento son los dos puntos que han motivado el aumento de voces en Guadalajara, de distinto signo y procedencia, para pedir la comarcalización. Miguel García, uno de los portavoces de la plataforma “La Otra Guadalajara”, que reivindica más inversiones para el Señorío de Molina, señala que “ahora somos una comarca que no tenemos institución, nosotros apostamos por la comarcalización, ya se sabe que en Aragón y en Cataluña está funcionando, y esa sería la forma de ejecutar un plan integral para la zona”. En Castilla-La Mancha, hasta el momento, no se ha aprobado ninguna ley de comarcalización y, en consecuencia, no existen divisiones comarcales con carácter administrativo.

Segundo Pacto Local
La creación de las comarcas como entes activos afecta de forma muy directa a la gestión política del territorio. Los cinco partidos con representación en el Parlamento aragonés han ido de la mano en el proceso de comarcalización. Para ello ha sido imprescindible la “generosidad” del Gobierno aragonés, en palabras de su consejero de Política Territorial, Rogelio Silva, para traspasar competencias y recursos económicos. En Aragón, la autonomía ha perdido competencias a favor de la comarca, que según Silva “es un sistema prácticamente idéntico a lo que hizo el Estado con las comunidades autónomas”. La financiación de las comarcas en Aragón se establece de forma equitativa y en base a dos criterios: una cantidad fija que llega a todas por igual, sumado a otro porcentaje que está en función del número de municipios que integran la comarca y la población. Las comarcas tienen garantizada la cuantía de su presupuesto con esta fórmula, que fue aprobada por ley. Para completar estas aportaciones, la Diputación General de Aragón creó el Fondo de Cohesión Comarcal, que sirve para corregir los posibles desequilibrios que puedan producirse. Los consejos comarcales, regidos por los alcaldes y concejales de los municipios integrantes, son los encargados de gestionar el proceso. Las mancomunidades se han ido liquidando y el papel de las diputaciones provinciales continúa en el aire.
La comarcalización aragonesa es pionera en el traspaso de competencias a los ayuntamientos. La Federación de Municipios de España (FEMP) hace años que clama en el desierto pidiendo un segundo pacto local. Las autonomías, unas más que otras, se muestran reacias a soltar lastre. La controversia sigue pendiente, casi tres décadas después de aprobarse la Constitución. Ahora mismo, los ayuntamientos perciben la mitad de lo que piden: un 12% del gasto público. En Aragón, a través de las comarcas, esta cifra se supera con creces.