La Garlopa

En la página web del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, o lo que es lo mismo, en la página que el Ayuntamiento ha preparado para los interesados en una vivienda de protección, Antonio Román escribe en su saludo que “en los próximos cuatro años, en Guadalajara saldrán al mercado 10.000 nuevas viviendas, de las cuales la mitad serán de protección”. La primera parte, lo de las 10.000 viviendas, no admite duda. España construye más viviendas que Reino Unido, Francia y Alemania juntos, según las estadísticas oficiales, y Guadalajara contribuye de forma decisiva a este liderazgo. La segunda parte de su afirmación, aquello de que la mitad de esas 10.000 viviendas van a ser protegidas, resulta más discutible, si bien es la base de una de las promesas electorales más sonadas de Román.

El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de “una vivienda digna y adecuada” y obliga a los poderes públicos a crear las condiciones necesarias para que esto se cumpla. La Junta de Castilla-La Mancha, a través de la Bolsa de la Vivienda Regional, especialmente dirigida a los jóvenes, y la Bolsa Municipal que el Ayuntamiento de Guadalajara impulsó a partir de finales de 2005 y principios de 2006 conforman los dos instrumentos oficiales puestos en marcha por las administraciones para intentar resolver el problema de la vivienda. La Bolsa de Guadalajara, gestionada hasta esta semana por la empresa Pirenalia, nació como una iniciativa municipal sin precedentes dentro del mercado inmobiliario local, que permitiría revestir de mayor “objetividad, transparencia e igualdad” los procesos de adjudicación de viviendas. Esto es, al menos, lo que se dijo hace casi dos años.

Alta demanda

En Castilla-La Mancha, la media de viviendas protegidas sobre el total construido apenas roza el 10%. Guadalajara y Toledo no alcanzan el 3%, a pesar de que la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha (LOTAU) establece que deben ser el 20% para los planes de ordenación municipal ya existentes y eleva la cifra hasta el 50% en los nuevos planeamientos urbanísticos. Precisamente, ha sido la Junta ha sido la encargada de promover unos desarrollos residenciales que implican la construcción de 1.024 viviendas en los terrenos del Fuerte de San Francisco, 5.450 al otro lado de la Ronda Norte y 1.600 en Azuqueca de Henares. Sin embargo, estas viviendas son todavía proyectos y no realidades. Entretanto, en Guadalajara capital, la Bolsa de la Vivienda Municipal ha sorteado 500 viviendas entre 2006, cuando se puso en marcha con el anterior equipo de Gobierno del PSOE e IU, y agosto de 2007, ya con el PP instalado en la plaza Mayor. Durante este mismo tiempo, el ritmo de construcción en el mercado de vivienda libre descendió un 42% con respecto a 2005, pero aún así se mantuvo alto. Hay quien sostiene que si el Ayuntamiento interviniese más en el mercado del suelo y facilitara su disposición a los promotores, inmediatamente el suelo bajaría de precio, con lo que el mercado de la vivienda se abarataría. Pura economía liberal. La Asociación de Empresarios de la Construcción ya ha matizado que no está en contra de los sorteos de vivienda, pero sí pide más información para el ciudadano. El suelo liberado hasta la fecha no ha conseguido bajar los precios de los pisos. Ahora están empezando a desacelerarse, que no quiere decir que bajen, sino que no aumentan al ritmo de la última década. Pero el problema viene de lejos.

En una entrevista concedida al suplemento de vivienda de “El Mundo” el 21 de abril de 2006, el entonces alcalde capitalino, Jesús Alique, al ser preguntado por el funcionamiento de la Bolsa Municipal de la Vivienda, contestó: “Será un registro público de demandantes de vivienda -el único que existirá en la ciudad- y que será gestionado por la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Guadalajara. Esta Bolsa garantizará la adjudicación, con claridad y transparencia, de todas estas viviendas”. Alique anunció en aquel momento “la construcción de 10.000 viviendas protegidas en un plazo aproximado de siete u ocho años”. Curiosamente, es la misma cifra prometida en la última campaña electoral por el actual alcalde, Antonio Román. Hasta la fecha, sólo se han sorteado 500 casas, antes y después del cambio de Gobierno en el Ayuntamiento. Román, en la web del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, se dirige a los jóvenes: “Puedes estar seguro de que uno de nuestros objetivos prioritarios es hacer posible cuanto antes que el acceso a la vivienda esté de una vez por todas al alcance de todos”.

Problema real

El precio medio por metro cuadrado de la vivienda nueva en Guadalajara ciudad ronda ya los 4.023 euros, lo que supone un crecimiento del 84% desde 2003, aunque ha sufrido variaciones durante el último año. La capital alcarreña se ha convertido en el núcleo de una almendra urbanística que corresponde a los alrededores de la Comunidad de Madrid, cuyo crecimiento se ha basado en un sistema de mallas que han perpetuado las mismas características en su desarrollo. Esto quiere decir que los corredores del Henares, en Guadalajara, y de la Sagra, en Toledo, han repetido el mismo modelo urbanístico. El ritmo de construcción ha sido altísimo, casi parejo al nivel de los precios, aunque la tendencia se ha moderado, según los expertos, en los últimos meses. Pero la demanda sigue siendo alta. La Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda preveía en 2005 que la región va a necesitar 110.000 viviendas hasta el 2008. En el último sorteo de la vivienda local, celebrado el pasado 20 de agosto, se repartieron 164 viviendas. El número de demandantes rozó los 7.000. Esto significa, en la práctica, que al menos esta cantidad de personas residen en Guadalajara con la necesidad de adquirir una casa a un precio asequible. O lo que es lo mismo, que desean emanciparse y no pueden por el alza de los precios en los últimos años.

Muchas renuncias
La normativa que rige la puesta en marcha de VPO (viviendas de protección oficial) consiste en ayudas a los constructores siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la administración, como es un máximo de superficie a construir y ciertas restricciones en cuanto al precio de venta, tanto en la primera transmisión como en las sucesivas. Este es el tipo de viviendas que el Ayuntamiento de Guadalajara ha promovido en los dos únicos sorteos que ha celebrado la bolsa municipal. Hay varios puntos que cuestionan la eficacia de esta medida. Primero el número de sorteos: sólo dos desde que la Bolsa de la Vivienda se puso en marcha. En mayo se sortearon 336 viviendas: 224, promovidas por Hercesa, en la actuación en el Sue-32, entre las calles Francisco Aritio, Maestro Pinilla y Salvador Embid en el barrio de la Estación y otra promoción de 112 viviendas, cuyo promotor fue Rayet, en la parcela H-2 del sector SP 04, entre el Bulevar Clara Campoamor, Avenida Concepción Arenal y calle Ana Mariscal. El segundo sorteo, el de agosto, metió en el bombo 164 viviendas en la parcela H-1 del sector SP-04, en “Las Cañas”, promovidas por Hercesa. El costo de estas viviendas oscila entre los 15 millones de pesetas las más pequeñas; y los 25 millones de las de 3 dormitorios y 90 metros cuadrados.
Llama la atención también el número de renuncias, aunque también con esos datos hay polémica. Juan Antonio de las Heras, concejal de Urbanismo asegura que roza el centenar y Marina Alba, ex concejal del mismo área, mantiene que apenas se superan los 60. En todo caso, ni la calidad de estos inmuebles ni el precio parece haber convencido a los favorecidos por la suerte de los bombos. Hay que recordar que la entrada a pagar por estas viviendas representa un 20% del precio final. Al mismo tiempo, los registrados en esta Bolsa no conocen las características de las construcciones hasta que son concedidas. Según los últimos datos oficiales, de los 336 agraciados en el primer sorteo de la Vivienda Protegiste municipal, tan sólo 126 han presentado los papeles necesarios para formalizar la concesión. Los criterios de adjudicación priorizan los minusválidos con movilidad reducida permanente, las familias monoparentales y mujeres maltratadas, las familias numerosas y los jóvenes, tanto si son pareja como si no. Lo que resta corresponde al cupo general. José Luis Maximiliano, concejal de Izquierda Unida, asevera: “los Ayuntamientos no tienen competencias en materia de vivienda protegida, son las comunidades autónomas quienes legislan sobre la materia y fijan los precios. La función de los Ayuntamientos es la de generar suelo público, a través de la actividad urbanística, para intervenir en el mercado de la vivienda, y para hacer posible el ejercicio de este derecho constitucional a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad”.

Fusión de bolsas

La construcción representa el 35% del PIB de Guadalajara. Si los constructores estornudan, la economía alcarreña se constipa. Algunos promotores de este sector advirtieron al concejal de Urbanismo, Juan Antonio de las Heras, sobre la bajada de las ventas, tanto de vivienda libre como con alguna protección. Hay datos que lo corroboran. Según un reciente estudio del portal inmobiliario facilisimo.com, el precio de la vivienda usada en Guadalajara ha descendido un 0,65%. Pese a ello, la provincia cuenta con el precio más alto por metro cuadrado: 1.980 euros por metro cuadrado. De las Heras, al poco de tomar posesión, se descolgó con estas declaraciones: “las bolsas municipales de vivienda o la regional están interfiriendo, y me lo han comentado muchos promotores de Guadalajara, de forma muy negativa en el sector”. Estas declaraciones provocaron sarpullidos en la oposición. Hubo quien recordó al PP su voto a favor para aprobar el reglamento del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, algo que entraría en colisión con las palabras de De las Heras. Maximiliano, de IU, le respondió que “una de las funciones de las Viviendas Protegidas es, precisamente, «interferir» en un mercado libre cuyos precios son desorbitados y que hacen inaccesible la vivienda a un sector cada vez mayor de la sociedad”. Durante el verano ha seguido la discusión. Tras el cambio del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, y a propósito del segundo sorteo, la polémica se ha instalado en torno a la Bolsa de la Vivienda. El asunto de la discusión no es su utilidad, sino su futuro. La posible fusión con la Bolsa Regional de la Vivienda ha disparado el enfrentamiento, que esta semana ha rebrotado. Marina Alba y Luis Sevillano, concejales del PSOE, han acusado al PP de cerrar la Bolsa de la Vivienda “con nocturnidad y alevosía”. El equipo de Gobierno lo niega: “la Bolsa sigue y seguirá existiendo”. El Ayuntamiento ha rescindido el contrato de la empresa que ha gestionado la Bolsa de la Vivienda. “Se ha procedido a la contratación de una persona, que tendrá como función seguir atendiendo todas las cuestiones relacionadas con el Registro”, anunció el PP en una nota de prensa el pasado martes.

El vicepresidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Guadalajara, Juan José Sánchez-Seco, contaba en “El Mundo” que en Guadalajara se ha experimentado, durante los últimos meses, un “parón generalizado” en las ventas y el ritmo de la construcción. Este empresario, que lleva 44 años en el negocio, lo achaca a “la apuesta decidida del Estado por la Vivienda Protegida”. En su opinión, lo que ocurre se debe a un proceso lógico: “el mercado se está ajustando a la demanda real. De 300.000 viviendas que construíamos en los años 60 hemos pasado a 900.000, y esta situación tenía que normalizarse. Las perspectivas en absoluto son para asustarse, sino lo contrario”. Según apuntaba el citado rotativo madrileño, las perspectivas de Guadalajara pasan por “claridad en los planteamientos y apuesta por el futuro”.

Despiece

Más VPO de alquiler

El número de hipotecas en la provincia de Guadalajara asciende a 8.784, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 21,10% menos que el año anterior. El parque de viviendas es de 145.679. El precio medio de venta de nueva construcción sube hasta 1.955 euros por metro cuadrado. En la capital y la zona del Corredor del Henares, el triple. Las viviendas iniciadas en la provincia pasan de 9.000. Son datos que reflejan la importancia del mercado inmobiliario en Guadalajara. Y, dentro del mismo, cada vez está adquiriendo mayor relevancia el mercado de alquiler. Según datos del Gobierno regional, en Castilla-La Mancha existen un total de 610.000 primeras viviendas, de las cuales tan sólo el 6,8% son en régimen de alquiler. La cifra podría aumentar en los próximos años ante la creciente demanda de los jóvenes, muchos de los cuales no están dispuestos a hipotecarse de por vida para adquirir una vivienda en propiedad. La Bolsa de Vivienda Joven de Castilla-La Mancha ya oferta alquileres “al mejor precio y habitabilidad”. En nuestra región, como en el resto del país, cada vez se está imponiendo más la tendencia de alquiler viviendas de protección, tal como se hace en la mayor parte de los Estados de la Unión Europea. De momento, los precios de los pisos en alquiler son inasequibles. Siguen por las nubes, a pesar de que se ha parado la tendencia alcista. Y algunos instrumentos, como la Agencia Estatal del Alquiler creada por el Ministerio de la Vivienda en tiempos de la ministra Mª Antonia Trujillo, poco o nada se ha notado. El alcalde de la ciudad, Antonio Román, ya ha mostrado su disposición a facilitar más VPO en régimen de alquiler.