La Garlopa

Ni la superación del millar de víctimas mortales por parte de ETA. Ni la ristra de asesinatos, extorsiones, secuestros, chantajes y amenazas que lleva tras de sí la banda criminal. Ni los diversos intentos de diálogo ni negociación, incluido el último. Ni las declaraciones escalofriantes de los etarras juzgados en la Audiencia Nacional. Ni siquiera el hartazgo de las sociedades vasca y española. Nada ha podido evitar la ruptura política, la quiebra institucional, en un tema considerado por todos de Estado: la política antiterrorista.

En julio de 1997, tras el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido, fruto de las impresionantes movilizaciones que provocó esta acción criminal de los pistoleros de siempre, surgió la unión política y de las fuerzas sociales, tanto del País Vasco como del Estado español. A esto se llamó, y se le sigue llamando, espíritu de Ermua. Se trata de que, como en el viejo refrán, al unir esfuerzas se consiguieran mejores resultados. Todos los partidos políticos, impulsados por el Partido Popular, que entonces ostentaba la presidencia del Gobierno, y el Partido Socialista, se unieron en distintas acciones sociales y en la adopción de medidas políticas conjuntas. Esto se materializó, por ejemplo, en la Mesa de Ajuria Enea y tuvo una resonancia inmediata, instantánea, en la actitud de los cargos públicos del PSOE y del PP en todo el Estado, incluida Guadalajara, a pesar de que Euskadi queda muy lejos en el mapa.

“Orgullo de no ser como ellos”

Las reacciones que provocó el asesinato de Miguel Ángel Blanco en Guadalajara y Castilla-La Mancha dan una idea del grado de cohesión política y social que suscitó. Todas las administraciones, asociaciones y entidades de la provincia y la región fueron unánimes en su mensaje contra ETA. El entonces presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono, manifestó su respaldo personal, el de su Gobierno y el de todos los ciudadanos de la comunidad autónoma para que, dentro de la ley, “se pongan en marcha las medidas necesarias para que estos monstruos, que se asemejan a los nazis, acaben en el único lugar donde las fieras como ellos pueden vivir: entre rejas. Tenemos que conseguir que los crímenes que cometen estos degenerados no les salgan gratis”.

El subdelegado del Gobierno en Guadalajara en julio de 1997, Jonás Picazo, también se sumó a las muestras de dolor, asegurando que “nos uniremos y participaremos físicamente en cualquier tipo de manifestación contra ETA, dando la cara sin miedo y sin temor”. Lo mismo hizo la Junta de Personal del Área de Salud de Guadalajara, que manifestó su expreso apoyo “a las medidas que se puedan tomar desde el Gobierno de la nación para evitar que las conductas de unos pocos chantajeen la libertad de todos los ciudadanos”. Al igual que las administraciones y asociaciones, el Partido Popular de Guadalajara mostró durante todo aquel terrible fin de semana su más firme rechazo al atentado, por lo que expresó “nuestro compromiso con la paz, la libertad y el derecho a la vida de todos los ciudadanos, rechazando y repudiando los métodos mafiosos de ETA y de su entorno, orgullosos de no ser como ellos”.

Para Nuevas Generaciones del Partido Popular en Guadalajara, el golpe de ETA significaba un atentado personal contra todos aquellos jóvenes que, como Miguel Ángel, militaban en este partido político. Su encierro de 48 horas quiso simbolizar el apoyo a la sociedad vasca y el rechazo a la violencia porque “este atentado no es un final, como estos días hemos demostrado todos, sino la continuación de una lucha más intensa si cabe, por la defensa de todos nuestros derechos y libertades”.

Desunión política

Tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista e Izquierda Unida se situaron entonces en el mismo bando, juntos, para condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco e incluso para apoyar las medidas que adoptó el Gobierno central, entonces presidido por José María Aznar. El ministro del Interior era Jaime Mayor Oreja. Todo sucedió en pocas horas, pero la tensión del secuestro del joven concejal de Ermua mantuvo en vilo a toda la población. La huella que dejó esta herida puso la primera piedra para la unión política. Diez años después, casi todo se ha ido al garete.

Una década más tarde, el PP ya no gobierna y es el PSOE el que tiene la responsabilidad de dirigir la política antiterrorista. El consenso en torno a la lucha contra ETA se ha roto en la práctica y la oposición ha sido muy dura con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el último proceso de diálogo emprendido con ETA que, como todos los anteriores, ha resultado fallido. La utilización política del terrorismo es uno de los mayores lastres de la sociedad española, sumado a la desunión de las asociaciones de víctimas de ETA. Al menos en esto coinciden la mayoría de analistas políticos. Todo ha cambiado en el ámbito general, así que todo ha cambiado también en provincias. Los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista repiten los mensajes que les trasladan sus líderes y portavoces nacionales. El espíritu de Ermua ha desaparecido, al menos con toda la fuerza que ostentaba hace diez años en el conjunto del Estado. La prueba evidente: la presidenta del PP del País Vasco, antes de realizar una visita a Guadalajara, en una entrevista concedida a Nueva Alcarria, declaró: “Zapatero es un chollo de presidente para ETA” (27.11.06). Nadie del PSOE, si siquiera de Guadalajara, se molestó en responderla.

Crispación

Un caso que ejemplifica esta coyuntura de desencuentro han sido las reacciones suscitadas durante el diálogo emprendido por el Gobierno presidido por Zapatero con ETA y su entorno. Diálogo, por cierto, aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados. El PP se ha opuesto con una virulencia inusitada en la corta historia de la democracia española. La formación conservadora ha convocado, en los últimos meses, diversas manifestaciones para mostrar su rechazo a la política emprendida por el presidente Zapatero. Guadalajara también ha secundado alguna de estas movilizaciones. Por ejemplo, el pasado 2 de marzo, unas 2.500 personas se concentraron en Guadalajara en un acto en el que se pudieron escuchar gritos en contra del Gobierno central y un continuado “¡Viva España!” y “España unida, jamás será vencida”.

Siete días después, el 9 de marzo, los convocantes repitieron manifestación. Esta vez fueron 3.000 los asistentes. Entre ellos, se encontraban el presidente provincial del Partido Popular, Antonio Román, y el diputado regional José María Bris, entre otros. En declaraciones a los medios, Román criticó la actitud del Gobierno del PSOE por “haber cedido al chantaje de los terroristas” y subrayó que “el Estado de Derecho jamás debe ceder al chantaje. Nunca, ni siquiera cuando se produjo el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el Gobierno de España había cedido a las presiones”. Al final del acto se gritó “ETA, asesina” y “Zapatero dimisión”. Después del discurso de Román, sonó el himno nacional, al que siguió una fuerte ovación. Todo ello, ornamentado con banderas de España, cartelones con la bandera de España, escudos de España y pinturas con los colores de la enseña nacional. Incluso se instaló un puesto de “merchandising” en la plaza de Santo Domingo. El PSOE de Guadalajara, a todo este revuelo, reaccionó tímidamente.

Tras el último atentado de ETA, ocurrido el pasado 30 de diciembre en la Terminal 4 de Barajas, alrededor de 300 personas se concentraron en Guadalajara contra la banda criminal. El entonces alcalde, Jesús Alique, dijo que ETA es «el único culpable» de lo ocurrido, pero el eurodiputado del Partido Popular, Luis de Grandes, acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de no haber roto el proceso de paz. En todo caso, lo que sí está roto, y por completo, es el consenso político generado tras la muerte de Miguel Ángel Blanco. El espíritu de Ermua es pasto del recuerdo.