La Garlopa

Al margen de las cuestiones de empleo o sociales, el tema estrella en esta legislatura que acaba de echar a andar va a ser la reforma del Estatuto de Autonomía. Mejor dicho: la aprobación definitiva de esta reforma que pactaron José María Barreda, presidente de la Junta, y María Dolores de Cospedal, presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha. El tema del agua centró buena parte del discurso de investidura de Barreda. Incluso podría decirse que estuvo más expeditivo de lo habitual, tanto en las formas como en el fondo, con una crítica implacable a todos aquellos que cuestionan la solidaridad de esta región.

Barreda advirtió al Gobierno de España y a las comunidades autónomas de Valencia y Murcia que Castilla-La Mancha “pinta” en materia de agua. Y agregó que ya “no es tierra de paso sino de peso; esto es lo que está pasando y cuanto antes lo entiendan, mejor”. De esta manera se refirió al trasvase Tajo-Segura, convencido de que “de repente, para algunos, la posición de Castilla-La Mancha emerge con claridad y les incomoda, como si pensasen “qué pintan estos ahora incordiando en una cuestión que tan bien nos iba”. La diatriba no acabó ahí y siguió: a esos “señores trasvasistas” les recordó que esta Comunidad Autónoma, gracias a su autonomía, la Constitución, el Estatuto y los ciudadanos, citó Barreda, ha adquirido una posición que cristalizó en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, en cuyos trámites futuros confió en que se sepa “mantener la unidad y consigamos lo mejor posible para los intereses de Castilla-La Mancha”. Sus palabras se interpretaron como un aldabonazo, no sólo para aquellas regiones que históricamente están enfrentadas a Castilla-La Mancha por el agua, sino para sus propias filas socialistas y para el Gobierno central. En este sentido, aseveró que las dos líneas estratégicas de su mandato serán cambiar la legislación “que nos perjudica” y “exigir todas las obras que necesitamos”, con el objetivo de que la falta de agua “no sea un factor limitante de nuestro crecimiento” y que el modelo a poner en marcha “potencie una utilización más poderosa de los recursos disponibles”.

Las reformas legales que Barreda quiere introducir en el ámbito estatal, derivadas del cambio de Estatuto, han levantado ampollas. Y no sólo en Murcia o Valencia. Por ahí, la batalla de Barreda, a la que de forma hábil se ha sumado De Cospedal, la tiene ganada: los principales actores políticos, económicos y sociales de Castilla-La Mancha le apoyan en este objetivo. El presidente del Consejo Económico y Social de la región, Juan Antonio Mata, dijo que el discurso de Barreda “refleja el conocimiento que tiene de esta tierra”. Los secretarios generales de UGT y CC.OO. también se manifestaron a favor de la postura sobre el agua acordada en las Cortes entre los dos únicos partidos con representación. Los empresarios, tres cuartos de lo mismo. Incluso Marcelino Iglesias, presidente de Aragón, que se desplazó a Toledo para acompañar a su homólogo manchego en la toma de posesión, resaltó que el trabajo de Barreda en esta materia ha sido “muy importante, porque se ha hecho oír y entender y es la primera vez que Castilla-La Mancha plantea con mucha seriedad que en España no se pueden hacer planificaciones hidrológicas sin tener en cuenta a una Comunidad Autónoma como ésta, que es de donde sale el agua”. Luego agregó: “el desarrollo debe hacerse donde está el agua”. También deseó a Castilla-La Mancha éxito con los planteamientos que hace en el Estatuto de Autonomía y “que se respeten las propuestas hechas por la Comunidad” y añadió que “un texto muy sensato, que será respetado y tenido en cuenta”.

Este es el segundo punto, en el que Barreda y De Cospedal no las tienen todas consigo. En todo caso, el primero se juega más en el envite: fue el que promovió la reforma estatutaria, le tocará defenderlo en el Congreso y, por tanto, una victoria o una derrota, cualquiera que sea el resultado final de la votación en Madrid, se interpretará como algo unido a la figura del presidente. Si el Estatuto recibe el visto bueno de sus señorías, será un triunfo del PSOE y el PP en la región. Si sucede lo contrario, no hace falta ser un lumbreras para averiguar que la imagen más dañada será la del presidente castellano-manchego. Porque es Barreda el que más fuerte ha apostado por esta carta. En una entrevista con Nueva Alcarria, el propio presidente sentenció: “se ha acabado que nos ignoren con el agua”. También se le preguntó si estaba satisfecho por los resultados de la estrategia que había desplegado. Él contestó: “hemos avanzado mucho porque hemos conseguido situar nuestro planteamiento en el debate nacional. Eso es importante porque hasta ahora éramos inexistentes, como si no estuviéramos ahí. Exactamente igual que cuando se planificó el trasvase. Nos desconsideraron, nos ignoraron. Se plantearon sacar el agua de aquí y llevarla allí al margen de nuestros intereses y necesidades. Y eso es lo que se ha acabado ya para siempre”.

Palabras como estas le alejan de Bono, que fue mucho más tibio en el agua que su sucesor, y además le otorgan un protagonismo absoluto en el liderazgo de la región. En todo caso, plantean un problema esencial: el enfrentamiento con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que no comparte la mayoría de las tesis que defiende Barreda, y la posición del Gobierno, que resulta una incógnita. En declaraciones al grupo ‘La Tribuna’, el presidente regional afirmó: “Narbona sabe que su discurso sobre el trasvase tiene una gran debilidad intelectual y política”. Barreda cree que el tema del agua rema a favor de corriente, pero los designios políticos en las alturas y, sobre todo, los antecedentes históricos, no parecen presagiar nada halagüeño. En todo caso, el mérito del planteamiento de la batalla, o lo que es lo mismo, hacer visible la cuestión, no puede negárselo nadie a la clase dirigente de Castilla-La Mancha. Los intereses de los pueblos de la cabecera del Tajo no son idénticos a las demandas de los regantes manchegos, pero al menos en Madrid comienzan a saber que hace más de treinta años que funciona un trasvase que parte del Tajo y acaba en el Segura.

Los réditos políticos de esta apuesta están depositados en el trámite del Congreso de los Diputados. Barreda explicó en este diario que “el presidente del Gobierno dijo públicamente que nunca más se podrá hacer la política hidrológica nacional sin contar con Castilla-La Mancha” (25.05.07). Como propuesta de talante, la consideración del jefe de Gobierno está bien. Como definición de una postura sobre el problema concreto que plantea la región, se queda escaso. En una entrevista concedida a la revista ‘Ecos’, de Toledo, Barreda avanzó que “podríamos retirar el Estatuto del Congreso si no se aprueba en los términos que convienen a Castilla-La Mancha” (16.02.07). Y fue más allá: “se nos puede derrotar una vez, pero nos levantaremos. Si alguien cree que se va a dar un carpetazo para siempre se equivoca. En Murcia y Alicante ya han comprobado que el Tajo-Segura es vulnerable y están muy preocupados. Cuanto antes hagan la reconversión mejor, porque esto es inexorable, se pongan como se pongan”. El panorama, de momento, no parece variar. El sindicato de regantes del acueducto Tajo-Segura envió una carta a Narbona el pasado miércoles solicitando un “riego de necesidad de 20 o 30 hm3 dadas las condiciones extremas en las que se encuentra la cuenca del Segura”. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, en el acto de su toma de posesión, proclamó que Murcia “comparte muchos intereses con Valencia y Madrid, a diferencia de lo que ocurre con Castilla-La Mancha”. Algunos editoriales en la prensa castellano-manchega han tildado a Valcárcel de “desagradecido” e “impresentable”. ¿Es posible compartir algo más que la recepción y aprovechamiento del agua de otra comunidad autónoma?