La Garlopa

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Carlos Moratilla, ha estado este fin de semana en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Se trata de una población de casi doscientos mil habitantes con graves problemas de personalidad por estar pegada a Barcelona. Durante mucho tiempo se ha considerado una ciudad dormitorio, incluso un barrio de la metrópoli catalana. Ahora trata de levantar la cabeza con un ambicioso programa de reformas urbanas que están modificando su fisonomía. Moratilla ha participado en un seminario sobre el futuro de los gobiernos locales celebrada en el hotel Hesperia Tower. No sé si Moratilla lo sabe, pero ese hotel es el primero que se construye en una ciudad masacrada por el urbanismo salvaje y el desarrollismo de los años sesenta. De hecho, en L’Hospitalet viven cientos de ciudadanos alcarreños, sobre todo llegados de la zona de Molina de Aragón. La llegada de inmigrantes fue tan desproporcionada que cada edificio se hizo de manera diferente, así que es muy difícil encontrar construcciones simétricas de bloques. No hubo control del cumplimiento de las normas y tampoco se cuidó el buen gusto. En todo caso, sí parece un sitio adecuado para reflexionar sobre el papel de los gobiernos intermedios.

La convención de L’Hospitalet ha pasado con más pena que gloria. Sin apenas repercusiones en la prensa, el encuentro ha sido invisible a ojos del gran público. Ignoro si esto es positivo o no, lo que está claro es que refleja la incapacidad de los ayuntamientos y las diputaciones para trasladar a la gente los problemas de su gestión. El problema no es nuevo. La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) lleva años clamando por otro pacto local que ejecute la transferencia de competencias desde las comunidades autónomas a los gobiernos locales. Pero no hay manera. Ni en la etapa de Aznar ni ahora en la de Zapatero, a pesar de que está en proyecto la Ley del Gobierno y la Administración Local. Mientras las reformas no llegan, el debate está pulverizado por los arquitectos del Estado de las Autonomías (título VIII de la Constitución). Son los propios presidentes autonómicos, máxime a raíz de las reformas estatutarias, quienes se niegan a perder la sartén del mango. Bono, sin ir más lejos, antes de abandonar la presidencia de Castilla-La Mancha, se mostró partidario de la desaparición de las diputaciones provinciales. Así, tal cual, sin alternativas más que el propio mastodonte de la administración regional.

Me he leído los tres folios de las conclusiones del seminario. Creo que es un acierto que los presidentes de las diputaciones reclamen la eficacia del “principio de subsidiariedad”. Si España es un país de pequeños municipios, y ya no digamos territorios como Guadalajara, la proximidad de estas instituciones a los problemas de los ciudadanos no ofrece ninguna duda, a pesar de sus carencias en capacidad financiera. Es evidente que el cuerpo de funcionarios aumenta con la existencia de las diputaciones (también Guadalajara es un paradigma de eso a nivel nacional), pero importa mucho más los servicios que prestan a los ayuntamientos sin recursos. Cuestionar el papel de las diputaciones no es buen negocio para provincias como la nuestra. Aunque nunca se puede generalizar. Hay regiones, como Aragón, que han impulsado un proceso de comarcalización sustentado sobre todo en las mancomunidades. En Castilla-La Mancha, esta posibilidad ni siquiera se ha planteado, y quizá a Guadalajara le podría interesar mucho más que elegir un octavo diputado regional.