La Garlopa

El protagonista de esta historia es conocido en los ambientes financieros de Madrid por ser el propietario del Banco de Valladolid, cuya sede estaba ubicada en las Torres de Colón, hasta diciembre de 1978. Fue por estas fechas cuando el Banco de España decidió intervenir esta entidad, después de comprobar irregularidades en el conjunto de las empresas relacionadas con el banco (más de una veintena de sociedades mineras, de transporte, pesqueras, de la construcción…).

En aquel momento, Domingo López Alonso era la cara amable del desarrollo económico: gente pujante a la que la vida le sonríe con influencia, poder y, sobre todo, mucho dinero. Nacido en el pueblo de Lumeras, ubicado en la sierra de los Ancares de León, es un hombre tenaz y trabajador de los de la vieja usanza, de los que no descansan ni para tomar un respiro. Ayudaba a sus padres con el mismo empeño en las cuadras con las vacas que en la tienda de ultramarinos y en la taberna. La suerte le sonrió después de la Guerra Civil. El carbón del emprendedor leonés calentó miles de casas de Madrid y la venta de traviesas a Renfe y de patatas y legumbres en una Castilla desabastecida de alimentos primarios le enriquecieron de por vida.

Famosos en el pantano

Más tarde accedió a la política. Desde 1955 a 1961 fue concejal en el Ayuntamiento de León. Allí creó el Banco Industrial. Más tarde dio el salto al Banco de Medina y de ahí al de Valladolid. Ha sido, además de minero y financiero, editor (entre otras publicaciones del diario El Imparcial), bodeguero, armador (con barcos en Chile, Argentina, España y México), y constructor, con urbanizaciones en Avilés, Madrid, León y Guadalajara. Precisamente, a finales de la década de los sesenta, se convirtió en un promotor en la comarca sur de La Alcarria. En 1968, el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, acompañó a Domingo López en la inauguración del hotel Las Anclas, en la zona de los pantanos de Entrepeñas. Algunos de los alcarreños que le conocieron en aquella época recuerdan que el banquero y constructor se codeaba con lo más granado de la sociedad elitista del régimen. El escritor Jimmy Giménez-Arnau lo narra en su libro “Mi vida con los Franco” y relata que por Entrepeñas y la zona de los pantanos de Guadalajara pasearon de su mano los famosos de la época, incluso el marqués de Villaverde, yerno del dictador.

Muy lejos le ha quedado este tiempo a Domingo López. En algunos reportajes se ha publicado que, un poco antes de producirse la expropiación del Banco de Valladolid, abandonó su sede con dos maletas en las manos repletas con 602 millones de pesetas en billetes de 5.000. La intervención del banco fue un durísimo golpe tanto para él como para su familia, su mujer y sus seis hijos. “Salí adelante gracias a acciones que poseía sobre las que no tenían control” (El Mundo, 30-1-05). “Las malvendí y con lo que me dieron y con dinero que me devolvió gente a la que yo había prestado anteriormente pudimos ir tirando”.

Informe demoledor

El Banco de Valladolid, origen del proceso judicial que ahora parece llegar a su fin, fue una de las primeras entidades bancarias que fueron intervenidas para sanear el sistema. El balance presentado por la autoridad monetaria era demoledor: problemas de tesorería con incremento de créditos superiores al de los depósitos; concentración de riesgos en sociedades de López Alonso; las suscripciones de acciones de este grupo se hacía con créditos del propio banco, y, existencia de una caja B, que se nutría de dinero procedente de simulación de obras que incrementaban artificialmente el inmovilizado.

La intervención del Valladolid pasó desde entonces toda una ruta judicial que, casi treinta años después, podría haber convertido a Domingo López en una de las personas más ricas de España, de haberse ejecutado la sentencia de la indemnización. Todo ha quedado en agua de borrajas. El juez que instruye la causa del Banco de Valladolid ha declarado nulas todas las actuaciones que obligaban a pagar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) una indemnización de 1.122 millones de euros al ex propietario de la entidad Domingo López Alonso. El magistrado Joaquín Ebile ha dado “por concluido» el procedimiento de la ejecución y archiva estas actuaciones, tal y como había reclamado el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) -el pagador- en varios recursos. Con esta resolución, el juez da por cerrada una causa que, de haber seguido adelante, podría haber dejado muy mermados los fondos que acumula el FGD para atender a las crisis bancarias. No obstante, sobre esta decisión cabe recurso de apelación.

DETALLE

Proceso “largo, complejo y cansino”

El juez de la Audiencia de Madrid que ha decidido anular la indemnización a Domingo López Alonso califica de «largo, complejo y cansino» el contencioso mantenido desde el año 1981 por este particular y el Fondo de Garantías. Advierte, además, al ex propietario del Banco Valladolid que el cálculo de intereses que había originado esa millonaria cuantía requeriría, en todo caso, «una liquidación judicial» que fije «el importe exacto». La reclamación de López Alonso «no puede hacerse directamente por la vía ejecutiva, por lo que, según el juez, «están viciados» tanto el auto que despacha la ejecución (octubre de 2004) como «la misma ejecución despachada». A juicio del magistrado Joaquín Ebile, «no se está en el supuesto de una subsanación por defecto o deficiencia de título ejecutivo, sino de carencia total de éste». De esta manera, el juez no sólo rechaza el cálculo de los intereses propuesto por López Alonso, sino que también niega la posibilidad de que se cifren de nuevo, porque la sentencia que condenaba al Fondo «no es dineraria» y, por tanto, no da derecho al cobro de cuantía alguna.

El magistrado da la razón al Fondo, que ha defendido en este proceso que no tenía sentido que se le obligara a pagar una indemnización de 26,5 millones de euros al ex propietario del Banco de Valladolid y, por tanto, mucho menos, otros 1.122 millones de intereses por esa cuantía. Frente a los argumentos del Fondo, el ex propietario del Valladolid aseguraba que entregó todo su patrimonio para avalar los activos y pasivos del banco intervenido y que, al no ser necesario ejecutar el aval porque la entidad gozaba de plena salud, ahora deben devolverlo con los intereses correspondientes. Con esta resolución, que no condena a pagar costas a ninguna de las partes, concluye por el momento un procedimiento que alarmó a la opinión pública a finales de 2004, ya que el juez en un primer momento decretó que la indemnización ascendía a 1.122 billones. Posteriormente, la rectificó y la dejó en 1.122 millones, pero aún así suponía la mayor indemnización instada por un juzgado en España. El Juzgado tendría que devolver al Fondo el aval de un millón de euros que tuvo que prestar mientras se resolvían sus recursos. Además, el organismo público está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva las alegaciones presentadas contra el pago de los 26,5 millones de euros que ya tuvo que realizar a Domingo López Alonso por la misma causa.