Artículos en Nueva Alcarria

19 noviembre 2006

OPINIÓN

El bipartidismo

La legislación actual contempla unos mecanismos adecuados para satisfacer casi en exclusiva, en España en general y en Castilla-La Mancha en particular, a los dos grandes partidos de ámbito estatal.
Nueva Alcarria, 18.11.06
Raúl Conde

Fue una escenificación del acuerdo alcanzado días antes por el presidente regional, José María Barreda, y la nueva líder de la oposición, Mª Dolores de Cospedal. Hubo sonrisas y felicitaciones. El pasado 9 de noviembre, el pleno de las Cortes regionales aprobaron por unanimidad absoluta (46 votos a favor y ninguno en contra) la toma en consideración de la proposición de ley para la reforma del Estatuto de Autonomía. Esto, traducido al lenguaje de la calle, significa que la guerra del agua se recrudece porque el principal punto de esta reforma, la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura en el año 2015, está sembrando un reguero de críticas tanto en el partido del Gobierno como en sus adversarios. Sin embargo, la importancia de la cuestión del agua para la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha ensombreció en esta sesión de las Cortes autonómicas otro de los puntos que recoge el nuevo articulado del Estatuto y que, en opinión de Izquierda Unida, consagra el bipartidismo.

Se trata, para ser precisos, del endurecimiento de las condiciones para reformar la Ley electoral, al fijar que sólo pueda modificarse con los dos tercios de la Cámara, lo que en la práctica hace muy difícil el retorno de la coalición de izquierdas al Parlamento regional. Quizá el texto pueda modificarse en el trámite del Congreso de los Diputados, aunque no parece probable. En todo caso, independientemente de que los responsables de Izquierda Unida lo hagan bien, mal o regular, al margen de sus crisis internas o de sus escisiones, que una formación política que obtiene el 9% de los votos en las últimas elecciones regionales no disponga de un solo escaño es un poco raro e incompresible. No es un fraude electoral, como han apuntado algunos de sus dirigentes, entre otras cosas, porque no está fuera de la ley. Precisamente, ese es el problema: que la legislación actual contempla unos mecanismos adecuados para satisfacer casi en exclusiva, en España en general y en Castilla-La Mancha en particular, a los dos grandes partidos de ámbito estatal. La cosa es grave porque se deja en el camino la voluntad de cientos de miles de ciudadanos y porque resulta lesivo para los propios intereses de la región. Es curioso, pero las comunidades autónomas con mayor capacidad de crecimiento económico son aquellas en las que sus parlamentos reflejan un amplio abanico de opciones. Por ejemplo, Cataluña. O Madrid. Incluso Navarra. Que haya más de dos partidos políticos en una cámara representativa no es ningún galimatías. Más bien parece un reflejo de la pluralidad política de la sociedad. Para bien o para mal, en Castilla-La Mancha no hay tradición de partidos nacionalistas, ni siquiera regionalistas. Por tanto, la pregunta es: ¿a qué partido o a quién le interesa consolidar el bipartidismo cerrando el paso a Izquierda Unida?