La Garlopa

Cada año hay más aficionados que se apuntan a la moda de salir al campo, agacharse, mirar al suelo y empezar a rastrear setas. ¿Son todas estas personas aprendices de micólogos? No está del todo claro el objeto de sus excursiones al monte. Lo que parece evidente es que este interés creciente de “seteros” ha provocado, desde hace ya años, la creación de un mercado negro de las setas en Guadalajara. La variedad de estos hongos silvestres es múltiple, pero destacan por su valor las setas de cardo, que salen en las praderas y terrenos calizos; los níscalos, que están vinculados a los pinares; y los boletus en las serranías.
Este año, el precio del kilo de seta de cardo en la zona de la Sierra de Pela sobrepasa los 20 euros. Fuera de temporada, puede alcanzar los 120 euros. Los restaurantes de la comarca, habituales compradores de este preciado alimento, ya no quieren más. Tienen los arcones llenos con cientos de kilos de setas congeladas. De esta forma, pueden mantenerlas en la carta durante todo el año.

Guadalajara, y en general Castilla-La Mancha, carecen de legislación específica para regular la recogida de setas, más allá de la Ley de Montes (1957) y varias órdenes del Ministerio de Agricultura. Sólo algunos ayuntamientos de Albacete, como el de Chinchilla, aprobaron ordenanzas municipales en esta materia. La situación jurídica es muy diferente en otras zonas del Estado. Las regiones de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Navarra, La Rioja y País Vasco tienen aprobadas diferentes medidas para controlar esta actividad. Cada una de diferente manera. Varían en la dureza del reglamento, en las tarifas –en los casos que existen-, en las sanciones y en la tipología, mediante órdenes de los respectivos gobiernos regionales o, en su defecto, a través de ordenanzas municipales.

Soria, pionera

El caso de Soria, pionera en comercializar los recursos micológicos desde hace cuatro años, se ha convertido en un modelo a seguir para aquellos territorios que se encuentran en una coyuntura similar. El proyecto de cooperación interterritorial “Micología y Calidad” (MYAS) se aplica en quince territorios vinculados a iniciativas Leader y Proder de desarrollo rural de la Unión Europea en Castilla y León. Mercedes Molina, una de las autoras del proyecto, destaca que se pretende “entre todos consensuar y elaborar un modelo de aprovechamiento micológico que sea posible para toda la provincia”.

Por el momento, todo aficionado que quiera recoger setas en los territorios donde se desarrolla esta iniciativa debe hacerse con un permiso. Este carné se expide en 34 puntos, entre oficinas de turismo, bares, restaurantes, oficinas de la caja, gasolineras y ayuntamientos en la comarca de Almazán, Tierras Altas y parte de la de El Burgo de Osma. Las tarifas dependen del lugar de residencia del titular del permiso. Los que son del pueblo donde cojan setas, deberán pagar al año 3 euros o 10 euros, en función de su uso recreativo o comercial. Los que son de la provincia (nativos de zonas reguladas sin empadronar), 6 euros o 20 euros. Y los foráneos, 18 euros si utilizan las setas para consumo propio o 60 euros si las venden. 60.000 hectáreas de monte público de Soria están sujetas desde el pasado 1 de octubre a las tarifas de recolección. Sólo el primer día se vendieron 250 licencias micológicas. Hace un par de temporadas, la zona de Almazán expidió 4.400 licencias y este año prevé superar con creces esta cifra, después de la incorporación de más municipios al proyecto.

El incumplimiento de esta normativa puede ser sancionado de acuerdo con un decreto de la Junta de Castilla y León de 1999 y la ley de Montes. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. Al menos esto es lo que piensan algunos agentes del Guarderío micológico, cuerpo que se encarga de velar por el cumplimiento de los permisos. Durante el último puente del Pilar constataron que “algunos aficionados aprovechan los puntos débiles de la regulación”. Hacen la vista gorda de los carteles que avisan de bosques regulados, utilizan rastrillos prohibidos o alegan desconocer la norma. Raúl Beltrán, representante del Guarderío, explicaba la picaresca de la gente: “una de las pautas habituales es que llega un grupo de varias personas a pedir sus licencias y, al ver los precios que se han fijado, sólo uno se saca la de recolector profesional, más cara, mientras que sus acompañantes se sacan la recreativa, mucho más barata. Luego van todos juntos, y se van pasando las setas que recogen unos a otros, para evitar ser sancionados si se topan con algún guarda” (Heraldo de Soria, 16.10.06).

Coto delimitado

La consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León pretende trasladar el modelo soriano a todas las provincias de su territorio. Durante la campaña pasada se comercializaron en esta región, según datos de El Norte de Castilla, alrededor de 5.000 toneladas de setas, lo que representó un volumen que ronda los 30 millones de euros y genera 100.000 salarios al año. La provincia de Segovia considera desde este año el mercado micológico como un importante recurso socioeconómico. A través del proyecto ‘Micología y Calidad’, la Asociación Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia (Codinse) busca, según sus responsables, la “promoción de una cultura de respeto y conservación medioambiental” y “el control de la comercialización con el objetivo de fondo de avalar la certificación de calidad y diferenciación de los productos”.

Hay más ejemplos en la vecina Castilla. El Ayuntamiento de la localidad de Videmala (Zamora), de apenas doscientos habitantes, estudia la posibilidad de aprovechar la explotación micológica mediante la delimitación de un coto y su posterior promoción. El alcalde, Manuel Rodrigo, en declaraciones a la prensa local, aseguró que “en temporada es fácil ver cogiendo setas a trescientas personas diarias y sabemos que se llegan a conseguir hasta 18.000 euros por jornada de recolecta, así que creemos que este dinero debe revertir en el pueblo”. La Asociación Micológica Zamorana tiene publicadas unas normas de recogida, que incluyen diez recomendaciones. La primera y fundamental: “no pisotear ni destrozar los setales”.

El norte, controlado

En el País Vasco también lo tienen claro. Algunos municipios de Álava, como Zuia, Cuartango y Zigoitia han planteado mediante mociones en sus plenos para crear una normativa “que controle y regule la recogida de setas en los montes de estos municipios ante el enorme aumento del hábito de esta práctica” (El Correo, 21.10.06). Temen que esta práctica pueda convertirse en un fenómeno masificado.

El Gobierno de La Rioja, desde octubre de 2003, tiene aprobado el reglamento de patrimonio forestal para regular todos los aprovechamientos de los montes. Entre otros aspectos, delimita la recogida de setas, “con un máximo de dos kilogramos por persona y día y siempre que no tengan una finalidad comercial”. Las sanciones establecidas, en caso de no cumplir esta norma, oscila entre 60 y 1.200 euros en el caso de infracciones leves.

Una reglamentación similar es la de Aragón, que incluye varias recomendaciones: “hay que evitar remover el suelo de forma que se altere la capa superficial, ya sea manualmente o utilizando rastrillos, azadas, etc. Esto destruye los primordios (tejido inicial de la espora que originará el hongo) de las fructificaciones, incrementa la erosión y daña la vegetación y fauna del suelo; hay que evitar utilizar bolsas de plástico, es más adecuado guardar los hongos en una cesta; es conveniente un cuchillo o navaja para cortar las setas, esto evitará arrancarlas”.

El valle de Ultzama, en Navarra, va más allá. Planea regular y cobrar por recoger setas y hongos desde el año que viene. El proyecto que se estudia pretende evitar “abusos y daños medioambientales” en próximas temporadas. El programa, entre otras medidas, propone señalizar las zonas idóneas, habilitar aparcamientos para evitar la circulación de vehículos por las pistas y contar con especialistas y guardas que expliquen a los visitantes las diversas especies. Los gastos se gestionarían con el cobro de los pases, que serían anuales. Las tarifas que manejan aplicar distinguen entre uso recreativo y comercial y entre usuarios del mismo municipio, de la misma provincia o de fuera. Los precios varían entre 5 euros (para uso recreativo y hasta 3 kilos de setas al día por persona) y 60 euros (para uso comercial de un foráneo). Patxi Pérez, alcalde de Ultzama, advierte que “no queremos crear un coto con prohibiciones sino regular la recogida, no permitir los avasallamientos que hemos tenido” (Diario de Navarra, 22.10.06). Durante la última semana de septiembre, más de 3.000 vehículos y alrededor 6.000 personas pisaron el monte de este valle navarro. Cogieron 34 toneladas de hongos cuyo precio de mercado se situó en 339.065 euros.

Fondo forestal catalán

El volumen del negocio es parecido o mayor en Cataluña. Para intentar atajarlo, el Consorcio Forestal de esta autonomía reclama a las administraciones públicas un control fiscal sobre los beneficios económicos que genera la recogida de setas. Denuncian que esta recolección se realiza mayoritariamente en bosques particulares y lo hacen personas que tienen poco que ver con los propietarios forestales. Josep Maria Tusell, gerente del consorcio, se muestra rotundo: “es inconcebible que una persona ajena se aproveche de los recursos que genera el bosque” (La Mañana, Lleida, 6.10.06). Por ello propone crear un fondo forestal que serviría para reinvertir el dinero en los bosques, es decir, que los beneficios que surgirían a raíz de la regulación de esta actividad “tendrían que servir para poder facilitar las ayudas a las personas que se encargan de la gestión y el mantenimiento del bosque”. El objetivo, avisan, es doble: “la sostenibilidad ecológica y económica y la mejora de los bosques”.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat reguló esta actividad en 1996 con una orden que incluye multas para quienes cosechen más de seis kilos por persona y día. Además, entre otros puntos, prohíbe “remover el suelo de forma que altere la capa superficial, por tanto no se pueden usar hoces, rastrillos, escardillos, azadas u otros utensilios semejantes”. El experto Enrique Falcó Monferrer revela que en Valencia, tanto en las fincas públicas como en las privadas (que por cierto son la mayor parte pues alcanzan más del 80% del total), se permite el aprovechamiento forestal de las setas, con los permisos debidos. Incluso se puede acotar la finca, prohibiendo la entrada sin la autorización debida. Los ayuntamientos, por su parte, pueden regular en cada municipio la recogida de setas, teniendo en cuenta las características peculiares de cada término municipal, sin salirse de los criterios establecidos en la orden aprobada por el Ejecutivo autonómico.

Peligro de extinción

Carmen Lorés Domingo, profesora de Geografía de la Escuela de Turismo de Huesca, piensa que “las setas son un recurso de difícil valoración, ya que su producción espontánea depende de la climatología”. Y añade que “el aprovechamiento de las setas exige un estudio previo de inventario y un plan de uso rector para poder analizar las posibilidades de recogida y explotación”. Esta experta subraya la relación directa que existe, más allá de las posibilidades económicas para cualquier localidad, entre esta actividad y el cuidado medioambiental del entorno.

La realidad, actualmente, es que los hongos en España están sobreexplotados, especialmente las especies buenas para comercializar, por lo que, si no se controla su recogida, “podría llegar un momento en que se extingan”, tal como afirma Francisco de Diego Calonge, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La regulación, a su juicio, debería contemplar la recogida en una cantidad “apreciable, lógica”, para que el campo no quede “arrasado” en el caso de especies comestibles que se recogen demasiado, como el níscalo o el champiñón.

DETALLE

La Sierra de Pela, saturada de ‘seteros’

Es un panorama por desgracia cada año más habitual en los montes de Guadalajara. Los setales de la zona de Cogolludo, después de mucho tiempo de explotación, están destrozados y pisoteados. Los pueblos de la Sierra norte, paralelamente, han visto aumentar considerablemente la afluencia de visitantes. ¿Por qué? Un vecino de Cantalojas lo tiene claro: “se han cargado toda la zona alrededor de la carretera que sube por Cogolludo, está muy saturada desde hace años y por eso sube hasta aquí tanta gente”. Otra vecina de Galve cree que “hay que poner remedio a esta situación porque la mayoría de los seteros son gente de fuera y no hacen ningún bien al terreno, no suelen tener respeto por el campo y prácticamente lo arrasan”. En la página web de Galve, una encuesta preguntaba a los internautas: ¿es necesario regular la recogida de setas y níscalos? Casi cuatrocientos participantes han votado. La mayoría consideran que “sí, para que el pueblo obtenga un beneficio y se proteja el monte”.

No está claro, pese a todo, que los vecinos de los pueblos donde salen hongos apuesten por la regulación. Hace años hubo un tímido intento en Condemios de Arriba, pero la experiencia fracasó. Hasta el momento, nadie en Guadalajara ha planteado a la cuestión y nadie ha informado con rigor y tomando como ejemplo otras provincias, por cierto, bastante cercanas. La ausencia absoluta de regulación legal fomenta el negocio negro. Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Algunos alcaldes consultados por este periódico no terminan de ver claro ni el rendimiento económico que puede resultar de la explotación micológica ni tampoco los mecanismos para hacerlo posible. El ejemplo de otras provincias tampoco anima a la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha ni a los ayuntamientos a adoptar medidas legales. Entretanto, algunos seteros hacen su agosto en pleno otoño.