La Garlopa

«El libro documenta 6.230 víctimas. Un 3,2% de la población de la provincia después de la guerra, que era de unos 200.000 habitantes, fue represaliada»

«En Guadalajara capital se habilitaron cárceles para más de 5.000 presos y hubo 822 ejecuciones en la prisión y en las tapias del cementerio»

Cuando a finales de 2007, los historiadores Pedro A. y Xulio García Bilbao decidieron fundar el Foro por la Memoria de Guadalajara, centrado en la investigación de la memoria histórica, se dieron cuenta de que para llevar a cabo su labor necesitaban conocer todos los datos de la represión franquista en Guadalajara. Es ahí cuando comenzó el proyecto que ahora ha cuajado en un impresionante volumen, titulado «La represión franquista en Guadalajara», de más de seiscientas páginas. «No existía ningún estudio completo de este tipo. Había algunos previos sobre la represión contra los magisterios, pero no existía ningún trabajo íntegro. Decidimos empezar a investigar utilizando diversas fuentes», apuntan sus autores, los hermanos García Bilbao y el investigador P. Carlos Paramio Roca.

El dato más importante que arroja el libro es el número total de represaliados en la provincia de Guadalajara, cifra que los autores elevan a 6.230 personas. En todo caso, precisan que «este es el mínimo que aparece demostrado porque, a raíz de la publicación, teníamos ya varios centenares de nombres más contrastados». Cada dato que aparece en el libro, cada víctima, está confirmado y corroborado con documentos de la época.  

El libro recoge una relación de cada víctima, una a una, en la que consta, además de sus datos personales, su filiación política o sindical, su origen, la condena o delito que sufrió y la causa por la que fue juzgado, entre otros parámetros. Según Xulio García Bilbao, «las sentencias están cuajadas de errores. Por ejemplo, si una persona era conductor de autobús, pues a lo mejor le asignaban que era médico, y luego nos han llamado sus familiares para corregirlo. En las sentencias se simplificaba. Luego había personas a las que se les asignaba una asignación política que no tenían». Uno de los errores más llamativos fue que, a la esposa del secretario general del PCE en Guadalajara, Vicente Relaño, le adjudicaron que era militante de las Juventudes Libertarias, lo cual resultaba absurdo porque era de las Juventudes Socialistas Unificadas, del PCE. «El régimen franquista gastó una cantidad enorme de dinero público para forzar una represión contra los vencidos en la Guerra Civil y, a pesar de eso, en sus sentencias, si es que se le puede llamar sentencias a eso, estaban cuajadas de errores. No eran tribunales legales ni legítimos y no tenían garantías jurídicas de ningún tipo».

Distinguen varias fases de la represión. La primera comienza en la zona ocupada y en Sigüenza se llegan a contabilizar hasta 200 víctimas mortales en manos de los rebeldes, aunque el periodista Jaime Desprée lo eleva a 500.

Nuestro libro está hecho con el objetivo de reflejar muertes documentadas claramente y personas que fueron represaliadas en forma de sentencia, que pasaron dos o tres meses o más en la cárcel. De la zona de Sigüenza no hay demasiado en el libro porque no es una monografía y exige un estudio en detalle, y cuando se haga la reedición añadiremos más datos nuevos añadiendo más nombres y apellidos a las víctimas de la represión. Hablamos de un estudio general de Guadalajara. Las cifras de Desprée son orientativas, ofrece una visión general de las cifras de unos y otros.

Pero más allá de las cifras, en ese momento inicial de la represión, ¿qué ocurrió no solo en la capital sino en los pueblos de la provincia? La investigación indica múltiples «paseos y ejecuciones extrajudiciales».

Una de las cosas que se han descubierto es que hay un momento de la represión en Guadalajara que es el retorno de la guerra. En Guadalajara hay muchísimos asesinatos extrajudiciales, muchos «paseos» al volver de la guerra. Cuando acaban las hostilidades, entonces se empieza a producir la represión que no se pudo ejercer al principio precisamente porque el golpe fracasó en Guadalajara. Hay muchas personas que regresan a su pueblo al final de la guerra, después de estar evacuados o refugiados o como soldados, y que los asesinan al volver. Hay muchos datos en el Alto Tajo, sobre todo, sobre todo en las zonas de Guadalajara que estaban ocupadas. No tenemos constancia documental de todos esos asesinatos, pero se están investigando.

Por eso dicen en el libro que la represión no fue consecuencia de la guerra, sino que la guerra solamente la retrasó.

Efectivamente, nosotros consideramos que la represión contra los defensores de la legalidad republicana ya estaba prevista y que la guerra lo único que hizo fue retrasarla. Y se produjo en las zonas conforme iban siendo ocupadas por los rebeldes. Respecto a la represión extrajudicial, de la cual no hay documentos, en el libro aparecen ya reflejados 43, pero tenemos al menos 20 más que podían citarse, más las cifras de Sigüenza, donde hubo alrededor de 200 víctimas.

Tras la guerra, comenzó una represión si cabe más dura aún mediante ejecuciones arbitrarias aplicando la ley de fugas. El franquismo articuló esta sed de venganza a través de una legislación hecha ad hoc. Por ejemplo, con normas como Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo o la Ley de Responsabilidades Políticas. Según los autores de la investigación, todas las personas tuvieron que pasar por un tamiz muy pequeño, que incluía varias fases. Primero se producía una auditoría de guerra, que pasaba por un tribunal militar. En Guadalajara capital estos tribunales ocuparon varios edificios como el Palacio de la Diputación, donde se juzgaban las personalidades importantes, o el Palacio de la Cotilla. Ahí se condenaban a penas de prisión o de muerte a todas las personas que se habían enfrentado a la rebelión militar de los golpistas en 1936. Después de ejecutar esa sentencia, se pasaba por otra instancia, que era el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Allí se dilucidaban las «responsabilidades políticas» de estas personas, que básicamente estaban al amparo de una legislación especial que crea el propio franquismo.

Las formas que utilizaron los vencedores para reprimir a los vencidos iban desde multas económicas al embargo de bienes, pasando por las palizas físicas y el encarcelamiento. Para Pedro A. García Bilbao, las leyes franquistas pretendían legalizar los expolios que ya se habían cometido. «Se trataba además de extender el terror a las propias familias porque estos tribunales imponían multas desproporcionadas». Por ejemplo, al que era alcalde de Guadalajara cuando estalla la guerra, Antonio Cañadas Ortega, le imponen de multa 14.000 pesetas del año 39. Como no pudo pagar, todos sus bienes le fueron embargados. «De esa manera se siembra el miedo para que nadie se mueva. A partir de 1947 el régimen crea una comisión liquidadora de estas responsabilidades políticas porque se dan cuenta que el aparato judicial que han creado es tan descomunal que tienen que quitarse causas porque ya no pueden seguir. Además, la España franquista estaba ya en una nueva fase».

Un caso paradigmático fue el de Francisco Gómez García, presidente de la Casa del Pueblo de Sigüenza, que fue asesinado por los sublevados a pesar de haber obtenido el apoyo del alcalde derechista, Gerardo Sánchez. La delación y las venganzas personales fueron todavía más pertinaces en los pueblos. «La represión se produjo a todos los niveles. No solo necesitó de los jueces como verdugos. También necesitó a pequeños verdugos, y de esos se dan mucho en los pueblos. Se facilita la delación, son aceptados rumores como pruebas en las sentencias… Hay cosas que si no fueran porque conducen a personas a penas de cárcel o de muerte, pues darían risa», subrayan los autores del libro. El hecho de que Guadalajara fuera una provincia agraria y con muchos pueblos facilitó las delaciones. Los hermanos García Bilbao subrayan que «aunque es cierto que existían las rencillas a nivel personal, lo terrible es que haya un régimen político que fomente la delación, que las ampare y que incluso las premie. Hay personas que son familiares directos de personas asesinadas en la retaguardia republicana que, al cambiar el régimen, son situadas por el propio régimen en puestos notables».

Buscaban no sólo la aniquilación física, sino moral. Buscaban humillar a los vencidos.

Sí, esta investigación demuestra que al alcanzar una intensidad tan tremenda en la represión, pues resulta bastante claro que ésta formaba parte de un proyecto criminal.

En el libro citan las palabras del general García Pruneda, quien en un banquete en Alcalá llegó a decir: «Guadalajara no la piso yo mientras no me lo ordene el Generalísimo. Así como existen poblaciones a las que hay que premiar por su conducta heroica y ejemplar, a Guadalajara hay que castigarla y si estuviera en mis manos la destruiría. De cinco vecinos que quedan, cuatro son rojos y el otro dudoso». ¿Tenía especial inquina el régimen por Guadalajara, teniendo en cuenta el apoyo que la provincia prestó a la República?

No se puede decir que hubiera una especial inquina. En Burgos, por ejemplo, la intensidad de la represión fue mayor, hubo más muertos. O en Logroño o Valladolid. Los datos en Guadalajara demuestran que la represión era un plan a aplicar a toda España y cada provincia lo vivió de una manera especial. Lo que sí demuestra es que en Guadalajara la represión fue algo superior a la media, es decir, sufre mucho porque, sobre todo, el tejido social era más débil. La población era menor que otras provincias, alrededor de 200.000 habitantes, y hablamos de que un 3,2% de la población total de Guadalajara fue represaliada, lo cual supone una barbaridad. Guadalajara no tenía un estudio provincial de la represión, ya solamente falta Cuenca de toda España. Del resto de provincias hay ya estudio. En Guadalajara empezamos a conocer las dimensiones de ese plan de aniquilación. Porque el problema no solo es la gente que muere. Son los que sobreviven y les quitan su forma de vida, les dejan en la calle… Hay una Guadalajara antes y después de la represión franquista. La clase media sufrió un golpe brutal y dañó especialmente al campo. Hay cientos de alcaldes y concejales que fueron represaliados, hay más de 229 concejales procesados, o sea, que pasaron todos por la cárcel. Hay momentos en Guadalajara capital donde se habilitan cárceles para 5.000 presos.

En el caso de Guadalajara capital, en el cementerio municipal y en la prisión la investigación plasmada en el libro confirma que hubo 822 ejecuciones (809 hombres y 13 mujeres). La cifra no está cerrada, pero casi. Faltaría saber el número de los «paseados», es decir, de los asesinados por las buenas. Además, los fallecimientos en prisión constituyen una parte importante de las víctimas totales. Las condiciones que tenían los presos en la Prisión Central de Guadalajara (la que aún hoy está en la calle Virgen del Amparo) eran deleznables.

Paramio y Pedro A. y Xulio García Bilbao han constatado que 143 personas murieron víctimas de hambre y de malos tratos en la prisión de Guadalajara. A ellos habría que sumar los guadalajareños que murieron en otras cárceles españolas, en total, 202. Para rastrear estos datos, los historiadores se han servido de los certificados de defunción y auscultando las patologías de muerte, que están en función de la edad y la situación que padece. «Es una proporción de muertos muy alta -recalcan- y que solo se explica porque el régimen de internamiento estaba cercano a la inanición. La fotografía que podemos ver de las cárceles es que, si no había un apoyo externo, es decir, si los presos no tenían familia y no tenían recursos, el régimen de vida carcelario condenaba a muerte por enfermedad o por inanición». Estas mismas condiciones de internamiento, durante la 2ª Guerra Mundial, eran consideradas crímenes de guerra. Así, literalmente. Son víctimas directas de la represión porque los presos sometidos a un régimen que no les garantiza la supervivencia en prisión son personas que se van agotando lentamente.

Otra forma de represión, muy cruel, fueron las ‘sacas’. Los presos eran trasladados a los cementerios y allí eran asesinados. Por ‘sacas’, según García Bilbao, se entiende el listado de personas que iban incluidas en una orden de ejecución, era una cuota de fusilamientos para un determinado día que se expresaba en una orden escrita. Las personas eran trasladadas en un camión, sacadas y ejecutadas en el día. Las «sacas» se llevaron por delante a destacados hombre del periodo republicano en Guadalajara como Marcelino Martín, Enrique Riaza, Antonio Cañadas Ortego, Vicente Relaño o Gregorio Tobajas. Muchos de ellos después de recibir palizas y torturas. La «saca» más numerosa se registró el 13 de mayo de 1940: 54 personas fueron asesinadas ese día. «El régimen amparaba esas venganzas personales y había personas de Guadalajara que subían frecuentemente a la cárcel a dar palizas a presos, a desahogarse podríamos decir».

Me ha parecido muy significativa la entereza que demostró Cañadas, el alcalde de Guadalajara, cuando a través de varias cartas desde la cárcel le comunica a su familia que está recibiendo palizas pero les pide que no se tomen ninguna represalia.

Sí, sobre todo teniendo en cuenta que esas cartas están escritas en unos momentos en que Antonio Cañadas está recibiendo palizas y sufriendo un castigo físico. Y bueno, también el papel hipócrita del nacionalcatolicismo respecto a todo esto, que no se preocupa por la salud de sus presos o porque las torturas se produzcan, o porque sus ejecuciones sean injustas. Busca su salvación espiritual, pero nada en absoluto por el maltrato que sufren.

Califican los consejos de guerra de «surrealismo jurídico».

Totalmente. Es la justicia al revés. Se aplica el código de justicia militar a civiles, lo cual era ilegítimo según la legislación republicana, y se les juzga por auxilio a la rebelión a personas que lo que hacen no es rebelarse, sino enfrentarse a una rebelión militar. Es decir, los que se rebelan contra un Gobierno legítimo son los que acusan de rebelión a los que se enfrentan a ellos. Es surrealista. Adjudican a un abogado, militar normalmente, y no es fácil distinguirle porque prácticamente decían lo mismo que el fiscal en cada proceso. A veces, el abogado conocía a su propio defensor en la propia sala o cinco minutos antes. No podían preparar ningún tipo de defensa. Eso no eran juicios.

Parece mentira, conociendo todo esto, las dificultades del Estado para declarar la nulidad de toda aquella tramoya judicial.

Se deberían declarar nulas todas estas sentencias, por una sencilla razón. Eran nulos los tribunales, no tenían legitimad para actuar. Por tanto, todas las sentencias que emitieron son ilegítimas, y además saltándose principios básicos del derecho. El hecho de que, a día de hoy, las sentencias parajudiciales del franquismo, que tienen apariencia judicial que sigan teniendo acta legal en la democracia nos parece un insulto. A nosotros nos parecen actas de un crimen. La Ley de Amnistía de 1977 lo que hizo fue perdonar esos delitos, les sigue considerando culpables pero les perdona. Una ley, por cierto, que ha sido denunciada por Naciones Unidas y que se ha pedido al Gobierno español que la declare ilegítima.

El estudio editado por Silente aborda también los guadalajareños represaliados por los nazis. Los autores aseguran que es un aspecto que sorprende mucho. A su juicio, «la Guadalajara oficial ha olvidado lo que fue la deportación a los campos nazis de sus paisanos». Y recuerdan especialmente a Teodoro Razola, que pertenecía a una familia muy conocida en la ciudad. Cuando este hombre regresa del exilio, en 1977, escribió uno de los mejores libros que se ha hecho sobre la deportación de los españoles a los campos nazis, titulado «Triángulo azul». «Bueno, pues no hubo un lugar para Razola en la vida social y civil de Guadalajara. Era una presencia incómoda. La realidad de la Transición es que los supervivientes de los campos nazis eran incómodos en la democracia para las autoridades de la provincia. No había un lugar para ellos. No se podía explicar aquello. Los hemos puesto en el libro, entre otras cosas, porque también son víctimas de la represión franquista». Sobre todo, porque fue el Gobierno de Franco el que autorizó su deportación a la Alemania de Hitler. «Es importante que se sepan sus nombres. Aquí hubo mucho folclorismo con la División Azul, que se presentó como ayuda humanitaria y no se ha dicho nada de estas víctimas».

La principal dificultad que se han encontrado los historiadores para hacer frente a su trabajo ha sido tanto el volumen de datos o de cifras como las trabas para acceder a los registros y otras fuentes. Ambas cosas. Incluso en los propios archivos que han podido consultar, en muchas ocasiones, se encontraron con que esos documentos, pasados setenta años, están en pésimo estado. Había sentencias que apenas se podían leer. Su labor ha sido ímproba, detallada y rigurosa. Sin embargo, rezongan de los obstáculos con los que se han topado en la Administración. El Registro Civil de Guadalajara, por ejemplo, no lo han podido consultar por «silencio administrativo del propio registro, que no nos ha dado respuesta a nuestra solicitud», aunque finalmente lo pudieron cotejar porque antes ya lo habían hecho otras personas. Sin embargo, el Registro de Sigüenza todavía no lo han podido ver porque la juez les negó el acceso.

¿Por qué Guadalajara fue siempre, como recuerda en el prólogo la historiadora Mirta Núñez Díaz-Balart, la zona ‘gris’ del mapa de la represión?

Porque era la provincia donde no había datos, ninguna investigación completa ni sabíamos lo que había pasado. Había un pasado oculto que había que desvelar, este libro abre una ventana para poder seguir conociendo esa verdad. Este libro no tiene toda la información, en parte porque ya han pasado demasiados años y nunca lo sabremos, pero sí está hecho con todo rigor académico e histórico, y todos los datos que aparecen reflejados están contrastados. El libro ha tenido una cierta repercusión y ha sido el libro más vendido en 2010 en Guadalajara. Desde que se ha publicado, el número de datos se ha disparado y hay muchas personas que se han puesto en contacto con nosotros para aportar nuevos datos o corregir otros. Tenemos casi 300 nombres más. Y hemos descubierto el impacto en la gente de la represión. La gente encuentra consuelo en las listas y los padres aprovechan para enseñar a los nietos que en el libro aparecen sus familiares. Ese simple hecho se está convirtiendo en una catarsis familiar, en un acto de reparación. 

En el libro también hablan de la violencia izquierdista, que también la hubo, amparada en una supuesta «justicia revolucionaria». ¿Cómo se organizó?

Son dos violencias distintas. Este libro demuestra, entre otras cosas, que tiene fecha de caducidad y es fruto de quienes provocaron el golpe militar. La desaparición del Estado, que se tardó en recuperar varios meses por parte del Gobierno republicano, es lo que provocó que el poder coercitivo de las fuerzas de seguridad no existiera para impedir esos asesinatos. Unos asesinatos que la propia República consideró como tales y que intentó perseguir. Además, por otra parte, habría que distinguir entre represión republicana y vulgares asesinatos. En la zona “nacional”, aunque se dan los casos de “paseos”, en ningún caso son considerados como tales.

Después de finalizar la investigación, ¿qué les dirían a aquellos que siguen sosteniendo que los estudiosos de la represión franquista se dedican a remover los muertos?

Les diría que lo único que hemos hecho es mostrar una parte del pasado que estaba oculto, una parte de la historia de Guadalajara y demostrar que aquí hubo un régimen criminal que aterrorizó a la población durante muchísimos años, y que esa parte de la historia no se conocía. La otra parte de la historia, la de las personas que fueron asesinadas en la retaguardia republicana, sí se conocía y desde 1944 ya existían cifras de esta represión. Pero a fecha de 2011 todavía no sabemos el número de víctimas de la represión franquista en la provincia. Además, las personas que fueron víctimas de la represión republicana pudieron mitigar su dolor con ayudas de todo tipo y pudieron exhumar los restos con ayudas institucionales desde 1940. En cambio, los vencidos y sus familiares constituyeron una casta inferior de personas que fueron discriminadas y perseguidas. Esas heridas, en muchos casos, siguen abiertas porque las sentencias que las condenaron siguen siendo legales. Hay que cerrar heridas, pero para poder pasar página hay que saber lo que pone en la página.