La Garlopa

Hace justo una semana se celebró en Sigüenza la primera Jornada sobre gestión del patrimonio cultural, promovida por la Universidad de Alcalá, la Diputación de Guadalajara y la Junta de Castilla-La Mancha. El objetivo de este encuentro era doble. Por un lado, analizar la situación actual que atraviesa el patrimonio de la provincia y, por otro, presentar las herramientas necesarias para su gestión. Era la primera vez que se organizaba en Guadalajara un acto integral y monográfico dedicado a este asunto y el hecho ya da una idea aproximada de la atención que ha merecido el patrimonio a lo largo de los últimos decenios. Todos los participantes recibieron una carpeta con la documentación necesaria para afrontar el tema en sus pueblos, muy útil sobre todo para alcaldes, concejales y secretarios de ayuntamientos. La pena es que sólo acudió un concejal de Cultura de toda la provincia. Sólo uno: el de Checa. Y la provincia tiene casi trescientos términos municipales.
Precisamente, el director general de Patrimonio de la Junta, Enrique Lorente, puso especial énfasis en pedir la colaboración de los ayuntamientos para vigilar el patrimonio. “Necesitamos –dijo- que los ayuntamientos hagan la inspección ocular de los edificios, que incluye el estado técnico y el grado de ocupación”. El artículo 4 de la ley de patrimonio histórico de Castilla-La Mancha recoge la coordinación entre Administración autonómica y corporaciones locales. Luego sobre el terreno surgen muchos problemas porque, tal como se apuntó en el debate posterior a la jornada celebrada en Sigüenza, muchos ayuntamientos no pueden hacer frente a la gestión del patrimonio ubicado en sus localidades. Por ejemplo, ¿cómo sufraga Riba de Santiuste, que es una pedanía seguntina, la recuperación de su castillo? ¿Cómo puede Córcoles, pedanía de Sacedón, financiar la restauración del inmenso monasterio de Monsalud? ¿Cómo puede mantener Imón sus salinas? Imposible. Así que la petición que se hace a los ayuntamientos resulta una trampa, eso sí, legal. Pero que no resulta eficaz porque, mientras tanto, muchos edificios se caen sin que nadie pueda hacer nada. Unos porque no tienen dinero ni competencias, ni ayuntamientos ni Diputación, y otros porque se declaran “incapaces” –tal como manifestó el director general de Patrimonio- para atender la llamada de auxilio del patrimonio regional.

Mejorar las leyes

La vicerrectora de la Universidad alcalaína, Dolores Cabaña, subrayó en las conclusiones de esta jornada la aplicación de las leyes y la unión de las administraciones públicas y las entidades privadas para conseguir fondos. Sin dinero, no es posible restaurar ni conservar. Pero sin criterios, sin unas directrices profesionales y jurídicas, tampoco. La ley de patrimonio histórico está vigente en España desde 1985. Algunos expertos consideran que es una “buena herramienta”. Otros la califican de “ambigua y obsoleta”. En Castilla-La Mancha, la ley regional está pendiente de una reforma que la haga más útil. Por si fuera poco, a los ayuntamientos les queda una bala en la recámara: la aprobación de ordenanzas municipales.

Sobre el papel, la conservación patrimonial está garantizada. Pero no todo es tan fácil. La titularidad de muchos edificios, que están en manos privadas, y la falta de recursos económicos para atender la demanda de restauración hacen inviable la aplicación estricta de las leyes. En todo caso, el margen de maniobra sigue siendo elevado. Otra cosa es que exista, no sólo en Castilla-La Mancha, sino en todo el país, una política cultural adecuada para mantener en alto todo el patrimonio nacional. Y no sólo bienes inmuebles, sino también de los entornos, paisajísticos y el patrimonio etnológico, que está más vivo que nunca con la resurrección de algunos pueblos. Enrique Lorente aseguró que “Guadalajara es la provincia de la región con más declaraciones de B.I.C. (bienes de interés cultural)”.

Muerte de pueblos

En todo caso, el debate sobre el patrimonio en Guadalajara va más allá de lo que digan las leyes. La situación no es buena. Hay ejemplos de restauración y buen uso de edificios históricos: el castillo-parador de Sigüenza, la Casa del Doncel o el palacio de Pastrana. Hay otro bloque de edificios restaurados pero sin utilizar, por ejemplo, el castillo de Jadraque, que está hueco por dentro, o en proceso de recuperación (castillo de Embid). Y luego existe una mayoría de monumentos que están completamente abandonados a la mano de Dios, sean de propiedad privada o pública. Por ejemplo, los castillos de Galve de Sorbe o Riba de Santiuste, los monasterios de Bonaval (Retiendas) o La Salceda (Tendilla) y un sinfín de ermitas de la provincia.
También hay pueblos abandonados. Villaescusa de Palositos es el nombre que más suena, pero no es el único. Hay muchos más: Jócar, Fraguas, Robredarcas, Santotís, Sacedoncillo, Matallana, Matas del Ducado, Querencia, Tobes, Torrecilla del Ducado, Las Cabezadas, Hontanillas, Torrecilla del Pinar, Bujalcayado, La Vereda, Valdeancheta y Picazo. Y no hay que olvidar los sumergidos: Santa María de Poyos, La Isabela, Alcorlo, El Vado o El Atance. Son pueblos deshabitados o desaparecidos, sus iglesias están en ruinas y sufren un abandono secular. Arturo Salgado, miembro de la asociación cultural Incoer, que investiga el patrimonio de la región, sentencia: “la muerte de un pueblo conlleva la destrucción de parte de lo que somos”.

Respetar el entorno

Lauro Olmo, profesor de la Universidad de Alcalá y experto en la materia, ofreció en la ciudad mitrada una lección magistral. Habló de conservar, investigar, conservar y disfrutar: “tenemos que abrir el patrimonio al pueblo, es aquello que decía Diderot: abramos al pueblo los palacios de la monarquía”. También destacó las dificultades de Guadalajara y, en general, de todo el Estado, para “poner en valor nuestro legado”. A partir de 1870, según explicó, el peso del patrimonio pasa a representar los elementos identitarios de una nación. El arquitecto Le Corbusier decía que el patrimonio no existe. Olmo, que calificó a España como “reino de la uralita”, prefiere creer que “está en constante reinterpretación”.

La conclusión del director de Recópolis, el yacimiento arqueológico situado en Zorita de los Canes, es que “el ámbito de actuación del patrimonio es el espacio histórico en que se asienta, hay que contextualizar el territorio porque para entender la catedral de Sigüenza hay que saber la historia del lugar”. A esto habría que añadir algo que en Guadalajara se ha descuidado totalmente: la preservación del paisaje, “que perpetúa nuestras referencias culturales más que los monumentos”. Se ha sustituido la calle Mayor y el mercado por autovías y centros comerciales y de ocio. “Cuando hablamos de modelos de urbanismo –apuntó el profesor- hablamos de modelos de sociedad, la política patrimonial tiene que ayudar a preservar la memoria de un modelo social, pero no procesos de ruptura fruto de la globalización”.

No obstante, está claro que la conservación del patrimonio crea riqueza y genera puestos de trabajo. ¿Por qué no se ha aprovechado el ‘boom’ de casas rurales para restaurar buena parte de los edificios históricos de la provincia? El turismo es la primera industria nacional y la cultura, que aporta más al PIB estatal que el sector del automóvil, la cuarta. El historiador Pedro J. Pradillo, el único técnico municipal de patrimonio en toda la provincia, preguntó en alto en la jornada de Sigüenza: “¿por qué entonces siempre se invierte mucho menos en la cultura que en comprar tanques o avionetas?” Para mejorar la situación en Guadalajara, a juicio de los expertos, bastaría con aplicar modelos que han resultado eficientes en otras provincias. Lauro Olmo concluye: “nuestra sociedad no tiene asumido el potencial del patrimonio como motor de desarrollo”. Entretanto, el castillo seguirá cayéndose sobre el alcor.

RECUADRO

Gestión, legislación y financiación, claves del patrimonio

El director general de Patrimonio, Enrique Lorente, esbozó en la apertura de la jornada organizada en la Casa del Doncel, en Sigüenza, las cuatro líneas maestras de la consejería de Cultura del Gobierno regional en materia de patrimonio. Primero, las comisiones provinciales, formadas por grupos de personas cualificadas, sobre el papel, garantes del patrimonio cuya labor principal es la conservación de los conjuntos históricos. Segundo, aplicar medidas de fomento, por ejemplo, los convenios que la Junta firma con la Iglesia (3,5 millones de euros el último) o con los ayuntamientos, además de las “diferentes líneas” de subvenciones (500.000 euros por provincia en los últimos presupuestos), y recuperando obras de arte -sin ir más lejos, varias piezas del museo diocesano de Sigüenza- a través del centro de restauración regional. Tercero, reglamentar las medidas legislativas oportunas a cada caso, como las declaraciones de interés cultural o la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. Y cuarto, la línea de gestión que se plasma en proyectos, a juicio de Lorente, “ambiciosos” como la firma de cartas arqueológicas o potenciar lo que el director de Patrimonio calificó de “protección preventiva”, esto es, ajustar la legislación para evitar violaciones al patrimonio.

José Manuel Portero, jefe de la sección de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, admitió que la “ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha tiene que reformarse para mejorar” y destacó que “se está tomando conciencia del patrimonio etnográfico, de tradición oral”. Rosa María Herrero, master en gestión de patrimonio por la Universidad Complutense de Madrid, advirtió de las posibilidades que existen con los fondos europeos y los programas regionales como “A plena luz” y “Vinculados” para conseguir financiación. El diputado provincial de Cultura, Francisco García, dijo que “la cultura es el verdadero recurso turístico de España, aunque traer mucha gente es una amenaza, hay que tener cuidado con las estrategias indiscriminadas”. La jornada en Sigüenza se cerró con un debate en el que estuvieron todos los ponentes y los organizadores, excepto la Junta, cuyos representantes se habían marchado.