REPORTAJE

Las siete vidas del campo

El Gobierno espera aprobar en el primer semestre de este año la Ley de Desarrollo Rural, que pretende potenciar la economía de las zonas deprimidas. La mayoría de municipios de Guadalajara, al tener menos de 5.000 habitantes, se verán beneficiados
Es muy bonito evocar la postal de un pueblo. Lo difícil es irse a vivir allí, sobre todo cuando, como ha sucedido estos días, las temperaturas bordean el límite de nuestra entereza. El escritor londinense John Berger publicó en 1979 un libro memorable, titulado “Puerca tierra”, en el que desbroza la complejidad y autosuficiencia del mundo rural. “La vida campesina –escribe- es una vida dedicada por entero a la supervivencia. Esta es tal vez la única característica totalmente compartida por todos los campesinos a lo largo y ancho del mundo. Sus aperos, sus cosechas, su tierra, sus amos pueden ser diferentes, pero, independientemente de que trabajen en el seno de una sociedad capitalista, feudal, u otras de más difícil clasificación, independientemente de que cultiven arroz en Java, trigo en Escandinavia o maíz en Sudamérica, en todas partes se puede definir al campesinado como una clase de supervivientes”. (Puerca tierra, Alfaguara, 1992).
Nueva Alcarria, 2-03-06
Raúl Conde

Quizá por el instinto de conservación que subraya este autor, el mundo rural nunca deja de luchar. Aunque casi podría decirse que, a duras penas, lo hace con respiración asistida. En España el campo lleva vaciándose desde la década de los sesenta y el proceso parecía irreversible. Ahora la tendencia comienza a invertirse. No en todas las comarcas deprimidas, pero sí en algunas, las más afortunadas. Gracias a las prejubilaciones (la gente vuelve al pueblo al terminar su vida laboral) y al turismo rural, el censo no engorda demasiado, pero tampoco baja. La última bocana de oxígeno va a llegar de la mano del Gobierno central, que espera aprobar en el primer semestre de este año la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. El nombre suena bien. El contenido todavía no se ha concretado mucho.

Sostenible y transversal

El Ministerio de Agricultura ha informado que sus tres objetivos básicos para este año se centran en lograr una mayor eficiencia en el uso del agua y de la energía en su conjunto, impulsar el desarrollo de las explotaciones para mejorar su competitividad y la aprobación de la mencionada ley. El texto primero se ha presentado a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de Agricultura celebrada recientemente.

¿Qué pretende la nueva ley? Según la ministra del ramo, Elena Espinosa, “defender la viabilidad de las explotaciones en la senda de la modernidad para alcanzar cuotas de mercado cada vez más exigentes. Nuestro futuro es trabajar por el compromiso social de la agricultura, ganadería y pesca” (Europa Press, 24-02-06). El pasado 9 de febrero, en una visita a Ciudad Real, la titular de Agricultura concretó un poco más sus ideas y afirmó que la ley persigue “garantizar la renta” de quienes viven de la agricultura y de la ganadería. La iniciativa legislativa se uniría a las políticas que ya están en marcha, como la Política Agrícola Común (PAC), los fondos de financiación europeos, las iniciativas comunitarias (Leader + mayoritariamente), la mejora de las explotaciones agrarias, las ayudas para la incorporación de agricultores jóvenes y, más reciente, el paquete conocido como Natura 2000, con ayudas de entre 200 y 500 euros por hectárea cultivada. “Se trata de armonizar todo lo que tienen que hacer los agricultores”, señalan desde la asociación guadalajareña que agrupa a este sector.

La nueva ley será pionera tanto en España como en la Unión Europea. La ministra anunció que “será sostenible” y “trasversal”, es decir, que tenga en cuenta a todos los sectores que conforman el medio rural, de manera que se haga efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre personas del mundo rural y del urbano. El esfuerzo deberá ser compartido por las comunidades autónomas. ¿Cómo? Participando en la financiación, aunque será el Gobierno central el que dictamine las líneas básicas.

Contra incendios

El interés anhelado consiste en equiparar la vida en el campo a la que llevan los ciudadanos de las áreas urbanas, en lo que acceso a bienes y servicios se refiere. La idea, aunque es más vieja que la tos, fue apadrinada a finales de agosto del pasado año por el presidente Rodríguez Zapatero. La novedad estriba en darle forma jurídica. El último verano está considerado uno de los peores en incendios forestales y la catástrofe sucedida en la sierra del Ducado, en los pinares cercanos al Alto Tajo de Guadalajara, fue la gota que colmó el vaso. Murieron once personas, miembros del retén forestal de Cogolludo, y el suceso impactó a la opinión pública del Estado y, para colmo, saltó a la arena política. La Administración tomó buena nota porque los incendios arrasaron, además de las 13.000 hectáreas del norte de nuestra provincia, extensas zonas de un número importante de comunidades autónomas. «La mejor lucha contra los incendios es prevenirlos y la mejor prevención es que el campo esté cuidado por gente», manifestó Zapatero en Gran Canaria en agosto.

Sin embargo, el texto legal no sólo aspira a frenar los incendios. Persigue, según Zapatero, un objetivo mucho más ambicioso: “cambiar el signo de la evolución» que ha vivido España en los últimos años. Por eso, lo que se pretende es fomentar «lo que representa vivir en el mundo rural y cuidarlo para que todos los ciudadanos que viven en él puedan disfrutar de «los mismos bienes y servicios que los de zonas urbanas” (El País, 26-08-05). “España necesita su mundo rural» pues gran parte de su futuro depende del cuidado del medioambiente, las masas forestales y de evitar la desertización”, aseguró.

Cuatro ejes

La tarea que falta por hacer, no obstante, es ingente. Un porcentaje cercano al 90% de las poblaciones de Guadalajara –las que tienen menos de 5.000 habitantes- se verán beneficiadas de la ley de desarrollo rural que el Gobierno va a llevar a las Cortes en los próximos meses. Los jóvenes y las mujeres serán los dos colectivos en los que se pondrá un acento especial.

Desde el punto de vista agrario, el cambio sustancial es que la actividad propia del sector primario pasa a corresponder a Medio Ambiente, y no al departamento de Agricultura. Ángel García, secretario general de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG), cree que “hay que cambiar el chip: los agricultores y ganaderos nos hemos dedicado siempre a dar de comer tanto a la gente como a los animales, ahora tenemos que orientar nuestro trabajo a cubrir las demandas de aquellos productos en que el país es deficitario, por ejemplo, en la producción energética”.

El borrador de la ley, a grandes rasgos, contempla cuatro ejes: la mejora de la competitividad en el campo; el cuidado del entorno (los agricultores que vivan y trabajen en el pueblo recibirán más ayudas que los que trabajan en Sigüenza, Jadraque o Villanueva de Argecilla, por ejemplo, y luego se van a dormir a Guadalajara); la calidad de vida en las zonas rurales (diversificando las microempresas, no sólo las agroalimentarias); y, finalmente, la integración de los programas de desarrollo rural que ya se aplican (Proder y Leader en Guadalajara) potenciando, por ejemplo, la formación de los jóvenes agricultores.
Ángel García, más que optimismo, transmite realismo en nombre del colectivo al que representa. “Si este reglamento se hubiese aprobado hace diez años –destaca García- pues no hubiera pillado tan envejecida a nuestra población activa”. Ahora mismo, en Guadalajara, de cada 3 agricultores que se jubilan, sólo se incorpora un joven. “El relevo generacional no está garantizado”, advierte. Pese a todo, el peso del sector primario en la sociedad no ha caducado y a ello se aferran sus impulsores. Acaso por este motivo el campo multiplica sus vidas. Y en la sede de APAG, en su fachada de Francisco Aritio, se lee: “sin agricultura y ganadería, nada”.

El 25% de la población española vive en el medio rural

La promulgación de la ley de Desarrollo Rural coincide con la campaña emprendida por el Gobierno central para concienciar a la población de la importancia del sector primario en la economía del país. Las cifras referentes a la desertización del campo en España siguen siendo preocupantes. El medio rural, según datos del ministerio, supone el 90% del territorio español y acoge al 25% de la población. En Castilla-La Mancha, 557 de sus municipios tienen una población inferior a los 10.000 habitantes y más de 350 municipios de la región tienen una mayoría de población que excede de 55 años de edad. Según publicaciones del grupo “Leader”, más de 6.000 municipios españoles, lo que representa un 75% del total, tienen menos de 2.000 habitantes. En ellos sólo vive un 7% de la población.

Estos datos son el resultado de la emigración a las grandes capitales durante las décadas de los sesenta y setenta. La población rural está masculinizada y envejecida. Afecta sobre todo a las provincias de la gran meseta central. Junto a Guadalajara, las menores densidades de población (inferiores a 25 habitantes/km2) se dan en Teruel, Huesca, Soria, Burgos, Palencia, Zamora, Ávila, Segovia, Cuenca, Albacete y Cáceres.

Las comarcas rurales se han visto afectadas por este éxodo, pero cada una de diferente manera. A partir de la década de los ochenta, según el experto Xavier Carbonell, “se asiste a una cierta recuperación demográfica de la que se benefician sólo algunas de ellas: las que se localizan en la proximidad de las grandes ciudades”. Tal es el caso de Guadalajara. En el resto, la llama sólo se mantiene gracias al aguante de la población autóctona y los programas de fomento del medio rural. La iniciativa gubernamental, por tanto, se recibe con cautela, incluso con un punto de escepticismo, pero de forma positiva.