La Garlopa

Titular a cuatro columnas en el “El Mundo” el viernes pasado: “Rotundo rechazo de Chaves, Ibarra, Barreda y Areces a la financiación que propone Maragall”. Los periódicos, especialmente los conservadores, llevan meses publicando sesudas crónicas para entender el gallinero autonómico, con especial ahínco en las diferentes versiones que aportan los dirigentes del PSOE. El máximo mandatario castellano-manchego, en la línea del resto de sus colegas territoriales, rechaza de plano las pretensiones de los socialistas catalanes en el tema de la financiación. “Ningún estatuto de autonomía de ninguna comunidad autónoma puede implicar privilegio alguno, social o económico”, sentenció.

El presidente de Castilla-La Mancha no es un hombre al que le gusten los faroles. Tampoco las palabras vacías, ni los chascarrillos, ni los gestos innecesarios. Como profesor de Historia, sabe que el rigor es un buen compañero. En las aulas, pero también en la política. Quizá por ello, José María Barreda ha entrado de lleno, y con la batalla del agua como principal frente, en el debate abierto sobre la reforma de las leyes que rigen las comunidades autónomas.

El diario ABC publicó un editorial en su edición del 28 de marzo en el que calificaba al presidente regional como “un eficiente pero discreto colaborador de Bono todos estos años”, que “parece decidido a hacerse popular por haber devuelto el agua a los manchegos”. Ahora ya tiene motivos para estar satisfecho. El miércoles pasado, el Congreso de los Diputados aprobó la enmienda al Plan Hidrológico Nacional que permite usar a Castilla-La Mancha el agua del trasvase del Tajo. Los regantes murcianos ya han salido a la calle para protestar.

Reducir diferencias

Al día siguiente de esta sesión parlamentaria, Barreda inauguró el XV Seminario de Estudios Autonómicos, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde hace unos meses, acude a todos los foros en los que puede desarrollar sus opiniones en torno al proceso de reformas que afectarán tanto a la Constitución como a los estatutos. El presidente empezó con una frase redonda: “lo contrario de la igualdad no es la diferencia ni la diversidad, sino la desigualdad”. Siguió con una metáfora: “para las comunidades autónomas, la Constitución de 1978 ha resultado como un traje de primera comunión que, una vez alcanzada la adolescencia, se ha quedado pequeño porque, en este caso, se ha desarrollado ya el cuerpo social y político”. Y terminó con una estocada: “algunos se empeñan en sacralizar de manera importante esas diferencias”, en referencia a las desequilibrios territoriales en la España de las autonomías.

La victoria de Rodríguez Zapatero en los comicios de marzo de 2004 supuso un respiro en este proceso reformador, tratado hasta ese momento de manera agresiva por el anterior gobierno. Una prueba de ello es la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 28 de octubre. Por increíble que parezca, la primera vez que lograban reunirse todos los mandatarios regionales.

El melón de la reforma de los estatutos lo abrió en la etapa de Aznar el ‘lehendakari’ vasco, Juan José Ibarretxe, con el famoso plan que lleva su apellido. El Parlamento de Cataluña debate en la actualidad, con la participación de todas las fuerzas políticas (incluido el Partido Popular), una ambiciosa reforma del Estatuto catalán, con el objetivo prioritario de cambiar el sistema de financiación. Al rebufo de Euskadi y Cataluña, otras autonomías plantean modificaciones en sus leyes fundamentales de autogobierno. Entre ellas, Castilla-La Mancha.

Unos días antes de la conferencia de presidentes, Barreda anunció en las Cortes, durante el último debate sobre el estado de la región, que Castilla-La Mancha pretendía la reforma de su Estatuto de Autonomía para alcanzar la titularidad plena en la administración del agua: “no puede ser que Castilla-La Mancha no pueda decir nada cuando se gestiona el agua y no me voy a limitar al recurso del pataleo sino que propongo medidas jurídicas para conseguirlo”. Su advertencia tendría consecuencias rápidas, pero aquí no empezaba la batalla.

Asunto de región

Desde que Barreda tomara posesión como presidente de la Junta, en abril de 2004, el agua se ha convertido en un “asunto de región”. El Gobierno autonómico ha centrado su acción en materia hidráulica y, sobre todo, en una medida concreta todavía no alcanzada: paralizar el trasvase Tajo-Segura. O al menos poner fecha a su clausura.
Después de Ferias, el consejero de Presidencia, Máximo Díaz-Cano, convocó una comida con los directores de medios de comunicación en Guadalajara, así como en el resto de provincias. Sus indicaciones eran claras: “esta es una lucha de toda la región, todos tenemos que implicarnos y pido vuestra colaboración”. Hace escasos días repitió almuerzo. La prensa de Castilla-La Mancha, heterogénea y variada, no ha dudado en sumarse a las dos principales iniciativas emprendidas hasta la fecha por el Ejecutivo regional. Una es el centenario del Quijote. La otra, por supuesto, el agua.

Basta leer los editoriales de los periódicos regionales en los últimos meses para constatar la teoría del cristal de la botella. Todo depende de cómo se mire. De esta forma, lo que para unos es una justa defensa de los ribereños, para otros es “oportunismo y puro cálculo electoral” (“Abc”, 28-3-05). Este diario, por cierto, establecía un paralelismo entre la movilización de Aragón y sus ciudadanos para evitar el trasvase del Ebro (y la rentabilidad electoral extraída por los socialistas) con las pretensiones de la Junta. Muy al contrario, en Castilla-La Mancha el grado de movilización no ha sido el mismo que en Aragón, ni tampoco existe una posición unitaria firme como la mantenida por la mayoría de la sociedad y de los partidos políticos, sindicatos y regantes aragoneses. De otra forma, la cabecera del Tajo no seguiría expresando sus quejas a pesar del acuerdo alcanzado entre Barreda y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el pasado 14 de marzo.

La foto trucada

Ese día, según la versión de Fuensalida [sede del Gobierno regional], Castilla-La Mancha lograba un acuerdo “histórico” para finiquitar la cuestión hidráulica. “Un histórico encaje de bolillos”, precisó la ministra. En virtud de este pacto, la región podrá utilizar el agua del trasvase y recibirá una inversión de 2.000 millones de euros para cerca de 55 obras, entre las cuales figura la conducción desde el Tajo a la llanura manchega, garantizando el suministro a Ciudad Real y Puertollano, o el abastecimiento a los municipios de Entrepeñas y Buendía, los pantanos de la cabecera.

Después de su encuentro con la ministra, Barreda le regalaba una edición del Quijote a su colega Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia. Lo hacía en el marco de una reunión oficial en la que ambos mandatarios firmaban “la paz del agua”. Valcárcel subrayaba la necesidad de cumplir las reglas de explotación pero reconocía los derechos de la cuenca cedente sobre la receptora. “No están contados los días del trasvase pero sí los años”, respondía Barreda. “El País” tituló: “Castilla-La Mancha acepta el trasvase al Segura a cambio de inversiones” (15-3-05). Según ABC, “la foto de la ‘paz del agua’ tenía truco. El Gobierno murciano se avino a zanjar la polémica del Tajo-Segura para lograr lo que le interesa: que se vuelva a hablar del trasvase del Ebro” (28-3-05).

Ciertamente, resulta un tanto extraño que una batalla del calibre que representa el agua se haya cerrado tan rápido –en menos de un año- y con la aparente aquiescencia del Gobierno central (PSOE), el Gobierno murciano (PP) y la propia Junta de Comunidades (PSOE). Sobre todo porque, a la vista de las declaraciones públicas, el asunto de fondo no ha sido despachado. Juan José Alcalá, alcalde de Sacedón por el Partido Popular, pide la dimisión de Barreda “por no saber defender nuestros intereses” y reclama el cierre inmediato del grifo del Tajo En cambio, el consejero de Agricultura y Agua murciano opina que “los trasvases son necesarios para solucionar el déficit de las regiones estructuralmente deficitarias” (“La Verdad”, 15-3-05). Y lo que Barreda considera un reconocimiento sin precedentes, para Valcárcel constituye “un triunfo para Murcia” porque el acueducto Tajo-Segura “es intocable en esta legislatura y en las sucesivas”.

Por el momento, y con los pantanos rozando la sequía, la comisión de explotación autorizó hace un par de semanas un nuevo trasvase de 112,5 hectómetros cúbicos, de los cuales 32,5 se destinarán a abastecimiento de las poblaciones de la Mancomunidad de Canales de Taibilla y Almería. Los restantes 80 hectómetros cúbicos irán a parar a regadíos. La ley del trasvase, que data de 1971, ampara esta medida, que Díaz-Cano tilda de “imprudente” y Alcalá de “humillante”. El pacto suscrito entre Toledo y Medio Ambiente no modifica las reglas de explotación del trasvase. En realidad, aprovecha una disposición adicional a la Ley de Aguas para reconocer la prioridad de las cuencas de Castilla-La Mancha (cinco en total), en lugar de la “cuenca cedente”, como hasta ahora figuraba. Ese es el resquicio legal por donde ambas partes han colado el acuerdo.

Lo que sí se garantiza es la llegada de infraestructuras, que no es todo por lo que la Junta emprendió su jugada política en este conflicto. Barreda tiene que explicar ahora qué va a hacer con su propuesta de reforma de Estatuto. Y si ésta sigue adelante, como así parece ser, ¿por qué entonces transmitir a la sociedad la idea de que la batalla del agua ha quedado librada?

Soluciones concretas

Al margen de los pormenores que jalonan la trifulca hidráulica, la sensación que se respira es que el debate autonómico se encona cada vez más. El presidente del Gobierno se ha comprometido a aceptar en el Parlamento cualquier reforma estatutaria consensuada en sus respectivos territorios. A Zapatero, como antes a Aznar y a González, le aprietan las tuercas sus socios nacionalistas. También algunos de su propio partido, como Maragall, Chaves y el mismo Barreda que, en distintas direcciones, proponen actualizar los estatutos de las comunidades que gobiernan.
El debate parece reducirse a cuestiones de identidad, pero lo cierto es que las autonomías –quizá con la excepción de la vasca, que ya dispone de un techo competencial muy alto- buscan medidas pragmáticas, soluciones concretas, para resolver sus problemas. Lo ha dicho de manera gráfica el ‘conseller en cap’ de la Generalitat, el republicano Josep Bargalló: “si me dan el concierto económico de Navarra, renuncio al término de nación, nacionalidad o lo que quieran”. Es decir, que lo interesante es el dinero porque sin euros, el bienestar social hace estragos y las inversiones decrecen. Algo parecido le ocurre a Castilla-La Mancha, pero con un elemento mucho más tangible incluso que el dinero. El agua no da dividendos (ni siquiera compensaciones justas), pero resulta una necesidad vital.

Cuando pronunció su discurso en el último debate de la región, Barreda consiguió dos cosas. Primero, situar el agua en el centro del debate nacional, o lo que es lo mismo, que España entera se entere de que el trasvase del Tajo no es un proyecto como el del Ebro, sino una realidad que lleva treinta años funcionando. Y dos, que al emprender una reforma del Estatuto de Autonomía, Castilla-La Mancha eleva las competencias hidráulicas al más alto nivel político y de manera exigente, como nunca antes lo había hecho. Otra historia son los resultados que puedan obtenerse.
En una conferencia en el Club Siglo XXI, hace ocho días, Barreda no citó la afrenta del agua, pero flotaba en el ambiente. “La solidaridad –dijo- es un valor esencial de la Constitución como refleja el apartado 2º del artículo 138 que dice ‘las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.

La guerra del agua todavía no ha decretado su parte final.