Las fosas
Tal vez existen dos maneras de afrontar un asunto de calado como el de las fosas del franquismo. Una, desde el prejuicio y una cierta mala conciencia, en caso contrario no se entenderían titulares como el de ABC de hoy: “La historia como resentimiento. Zapatero reabre el campo minado de la Guerra Civil española”. Ojo al sintagma: “el campo minado”. Parece una burla, una provocación, teniendo en cuenta que es ese mismo campo el que está minado de ciudadanos españoles que un día fueron asesinados por pensar diferente, o simplemente porque los que les asesinaron creían que pensaban diferente. La otra manera de enfocar el tema es estudiar a fondo la providencia dictada por el juez Garzón y valorar sus consecuencias legales. Eso sí, dejando a un lado tanto la opinión que nos pueda merecer el juez como la Ley de Memoria Histórica. Y dejando a un lado la ideología. No todos los republicanos fusilados eran rojos o comunistas. También había librepensadores, liberales e incluso conservadores moderados que no transigieron con el ideario falangista. Conviene recordar todo esto.
El editorial de El País de hoy establece una diferencia entre el calado legal que puede adquirir la decisión de Baltasar Garzón y la apertura de las fosas, que es una asignatura pendiente del Estado. No sabemos aún si el juez es competente para juzgar los hechos que instruye el sumario, ni tampoco si la Audiencia Nacional es el sitio adecuado para dirimir las responsabilidades penales que puedan derivarse. Si los fusilamientos son considerados genocidio, entonces Garzón podría seguir con la causa y la Audiencia sería competente. De momento, no lo es y pienso que lo que busca Garzón es la identificación oficial de las víctimas. Eso es lo que ha solicitado a cuatro ayuntamientos y a todas las parroquias de España. Veremos si obtiene colaboración o no, pero quizá lo que más importa a las familias de las víctimas es la exhumación de las fosas. Este es un problema político de primer orden que el Estado español, los diferentes Gobiernos de la democracia, se han ido pasando sin atreverse a resolverlo. Es injusto e inmoral para un país como el nuestro que siga teniendo a miles de personas enterradas en sus cunetas sin darles sepultura ni atender las reclamaciones de sus familias. La Administración ha mostrado dejadez en este asunto. Si hubiera actuado con diligencia, hoy no sería necesario el apremio de datos que solicita Garzón ni tampoco las distintas asociaciones para la memoria histórica. La Ley de Memoria Histórica descarga sobre estas entidades la búsqueda de las personas enterradas en fosa. Creo que debería ser el Estado, y sobre eso existe un consenso básico de casi todos los partidos, quien asuma esta tarea. Tiene recursos y financiación para ello. Y además tiene la obligación moral de hacerlo.
Esta mañana he escuchado en la radio a Nieves Galindo, la alcarreña de Baides cuyo abuelo, Dióscoro Galindo, al parecer está enterrado en la fosa donde están los restos de Federico García Lorca. En esta nota de El Decano Digital lo pueden leer. Sus deseos chocan con los de la familia de Lorca, que no quiere desenterrar los huesos del poeta. Nieves Galindo sostiene que su abuelo, un maestro republicano asesinado en Granada, “era un liberal” y que no entiende la postura de la familia de Lorca. Julio García Bilbao, presidente del Foro por la Memoria de Guadalajara, me llamó anteayer y me dijo que ya habían localizado más de 800 fusilados en la provincia entre 1937 y 1943, que es cuando creen que se produjo el último asesinato. Pero aún les queda tarea. El trabajo de estas asociaciones está sirviendo de motor de una reclamación que atañe al Estado: atender a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Impulsar políticas públicas orientadas a la memoria y la dignidad. Porque conviene no contar la historia al revés: hubo una guerra con vencedores y vencidos, y la suerte que corrieron ambos bandos no fue la misma. Desenterrar a los muertos que yacen en las cunetas no es reabrir heridas. Al revés: consiste en cerrarlas haciendo justicia, aunque sea tarde. Justicia no es igual ni a rencor, ni a venganza, ni a resentimiento. También conviene recordarlo.
Resulta evidente que todos aquellos familiares cuyos antepasados fueron arrojados a una fosa tienen derecho a saber donde están y a darles sepultura. Creo que esto admite pocas dudas. El historiador José Álvarez Junco dice hoy en el cuadernillo Domingo: “Me parece que hay que impulsar la iniciativa de Garzón, lo único que pide es información”.