Sin permiso del «copyright» pero en favor de la libertad de expresión, reproduzco el editorial de hoy del diario ABC en beneficio de nuestra salud mental y política:
Guadalajara: negligencia política
La imputación de siete técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha en la investigación judicial del incendio de Guadalajara representa un serio varapalo para la tesis «oficial» que el PSOE impuso en las Cortes regionales. Múltiples testimonios y pruebas que aparecen en el sumario dan la razón a las familias de las víctimas y dejan en entredicho la teoría del «accidente inevitable», que trataba de eliminar cualquier responsabilidad política en la pésima gestión desarrollada por las autoridades. Aparecen ahora serios indicios que demuestran, entre otras cosas, la reacción tardía de los responsables, la manifiesta falta de medios y la descoordinación entre los diversos retenes. En particular, el escrito de imputación denuncia que el retén de Cogolludo fue enviado al lugar donde sus integrantes perdieron la vida sin órdenes concretas y prácticamente al albur de las circunstancias. ABC ofrecía ayer una comparación muy significativa entre el sólido relato de los hechos que se desprende del documento judicial y la visión triunfalista de las conclusiones parlamentarias acerca de la actuación de la Junta. En este último caso, se habla de movilización excepcional de medios, plena coordinación y eficacia y cumplimiento correcto de las misiones, para concluir que la tragedia fue provocada por «un fenómeno imprevisible y de consecuencias inevitables». En cambio, la juez instructora imputa a los técnicos por imprudencia con resultado de muerte y delito contra los derechos de los trabajadores, lo que apunta claramente a que se produjeron múltiples deficiencias con los efectos dramáticos de todos conocidos. Para empezar, ante las condiciones extremas de calor, el delegado de Medio Ambiente de la Junta tendría que haber prohibido la barbacoa que dio lugar al fuego.
Sin perjuicio de las garantías procesales y la presunción de inocencia, puesto que las actuaciones judiciales todavía no han concluido, los familiares ven por ahora satisfecha su pretensión de que se reconozca la falsedad de la postura de la mayoría socialista. La Cámara regional fundaba sus conclusiones en que fue un caso de fuerza mayor contra el que nada era posible hacer, a pesar de que los servicios de la Junta funcionaron correctamente. Este punto de vista complaciente supone una distorsión de la verdad y no ha logrado superar el primer análisis a cargo de un órgano judicial independiente. La vía jurídica sigue su curso, pero los ciudadanos ya saben a qué atenerse en cuanto a la escasa confianza que pueden depositar en un Gobierno y una mayoría parlamentaria que pretenden como sea eludir sus responsabilidades. La torpeza, la descoordinación y la improvisación fueron -por desgracia- las características de una reacción muy deficiente en el ámbito político y administrativo. De cara a las familias y a la opinión pública, sería deseable que la Junta reconociera sus errores y no siguiera ocultándose bajo teorías falsas que se desmontan fácilmente en una investigación objetiva.