La Garlopa

El crecimiento experimentado por Guadalajara en determinados ámbitos –por ejemplo, es la quinta provincia española con mayor aumento de empresas activas en 1999, según el INE- no ha podido contagiar sus efectos positivos al sector turístico. Hace mucho tiempo que nuestra tierra se decantó por un tipo de turismo que se encuentra en plena fase de expansión. Sin embargo, Guadalajara sigue sin utilizar todos “los ingredientes de los que dispone para convertirse en una potencia del turismo rural”, en palabras de Felipe González de Canales, secretario general del Instituto de Desarrollo Comunitario.

En medios internos y externos de la provincia, se ha fomentado durante muchos años una idea arcaica estereotipada, que presenta a Guadalajara como “una gran desconocida”. Ni siquiera las palabras gentiles del Nobel Camilo José Cela parece que hayan cuajado sustancialmente. Un factor esencial que, a nuestro juicio, ha contribuido con notable ahínco a levantar esa imagen –muy realista en otros tiempos, sin duda- es la carencia de un plan general de ordenación de recursos turísticos, lo cual implica el reconocimiento tácito de la tenencia de indudables atributos en esa materia. El consenso entre los responsables de este área en las administraciones ha brillado por su ausencia y, en consecuencia, las acciones emprendidas siempre han sido dispares, nunca pactadas. Resulta trascendental, por tanto, establecer un marco de actuaciones conjuntas que favorezca el impulso de la clase de turismo que abandera Guadalajara: el rural, natural o ecológico. Se trata de suministrar a la provincia, sobre todo por parte de sus máximas instituciones de autogobierno, una línea de intervenciones que vertebre la totalidad de posibilidades que plantea esta porción de la península. Más claro todavía: consiste en marcar unas reglas de juego que deberían aplicarse al pie de la letra, lo que en la práctica equivale a trazar un balance del estado actual de la cuestión y un análisis real, pragmático, de las perspectivas de futuro.

Todo proyecto turístico pretende, entre otras cosas, servir de acicate para atraer a foráneos. Bien, pues en ese sentido no merece buen juicio la escasa participación de la iniciativa privada, aunque en los últimos años se palpa una cierta mejoría, cristalizada, por poner un ejemplo, en la puesta en marcha de la Feria de Turismo de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Este segmento de la cadena de producción siempre ha propugnado la conveniencia de crear establecimientos, que abastezcan a la provincia de una red hostelera más que digna. Y lo cierto es que nos referimos a un capítulo fundamental para el visitante. No sólo se trata de ser bien recibido, de descubrir un espacio único en el corazón del páramo castellano, sino que ha de ser objetivo primordial que el viajero se marche satisfecho de su estancia en nuestros pueblos y ciudades. Para eso se necesita que los que tienen dinero corran riesgos e instalen empresas -de cualquier tipo- que respalden la infraestructura turística y, de rebote, favorezcan la creación de empleo. Pero no basta con la dotación de servicios mientras éstos no sean de calidad. El trabajo no termina construyendo una casa rural o un restaurante, sino convirtiéndolos en recintos limpios, con todas las comodidades y con un personal formado profesionalmente en lo que respecta a modos de atención al público. En su defecto, flaco favor se habrá hecho a la provincia.

En el año 1959, el Consejo de Ministros aprobó el decreto que designaba a Guadalajara núcleo de descongestión de Madrid. Era un soplo de aire fresco en una sociedad paralizada. El tiempo pasa y aquella declaración, al menos en el tema que nos ocupa, se ha rebelado un lastre que no sabemos en qué medida ha afectado al descrédito del territorio que, supuestamente, pretendía hacer progresar. Pocos saben que la capital de la Alcarria, al igual que su provincia homónima, ostenta en su haber un enorme patrimonio cultural, histórico y medioambiental. Lo peor del asunto es que la Unión Europea, impulsora de los programas de desarrollo rural “Proder” y “Leader Plus”, exige a sus ejecutores dar a conocer los productos de las zonas de aplicación, no sólo a sus compatriotas, sino a los países vecinos donde existe un importante número potencial y real de visitantes. Bruselas exige una divulgación turística situada a unos niveles a los que Guadalajara no tiene acceso. De momento, esa es la realidad.

Otro caso sangrante es el del asociacionismo, tan débil todavía por estos pagos. Se echa en falta en el medio rural guadalajareño un tejido asociativo más amplio y emprendedor, especialmente de carácter interterritorial, si bien hemos de resaltar hechos como la sorprendente fusión de ADACSI, Asociación para el Desarrollo de la Alcarria, la Campiña y la Sierra Norte. Pienso que la clave para que las asociaciones funcionen es ofrecerles la garantía de un apoyo oficial firme, solvente, es decir, que el dinero adjudicado arribe sin demora. De lo contrario, sus consecuencias no serán demasiado agradables. Buena prueba de ello es la Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte (ADEL). Creada en 1994 con el objeto de gestionar el “Leader”, no recibió las primeras cantidades hasta marzo de 1997 (y sólo 500 millones, no se piensen). A principios de año se ha sabido que su inversión final alcanza los 1.297 millones, logrando crear 120 nuevos puestos de trabajo. Fantástico esfuerzo el de su Junta Directiva, pero aún queda mucho, y en su descargo decimos que proyectar algo a corto plazo si las subvenciones llegan tan tarde, es más bien tarea de especuladores que no de gestores competentes. Asimismo, cabe esperar que las mancomunidades –tal y como han hecho las de la Campiña- vayan aumentando su autoridad en los planes de inversión europeos, no sólo en la recogida de basuras o en el abastecimiento de agua. El movimiento mancomunado presta sus servicios en la actualidad de forma más ágil y directa, sobre todo, en los pueblos pequeños. Claro que para ser sinceros, a veces son los propios municipios los más reacios a cooperar a través de su cohesión.

España es el segundo país del mundo en turismo de playa, pero en turismo rural, que es el de la cultura, naciones como Austria o Francia nos llevan la delantera. ¿Por qué? Porque han sabido potenciarlo adecuadamente, sin titubeos, priorizando las actuaciones en ese ámbito y prestando la necesaria atención a todos los sectores sociales implicados. España se ha mostrado ajena a esa evolución y Guadalajara no es un “rara avis” en tal coyuntura. Ello nos obliga a redoblar los esfuerzos para colocarnos a la misma altura, o lo que es lo mismo, a la vanguardia del turismo rural, que para Guadalajara debe ser sinónimo de crecimiento económico, generación de puestos de trabajo y dinamización de la vida del campo en las comarcas del interior.

El turismo rural en Castilla-La Mancha mueve 200.000 millones de pesetas y representa el 7% del Producto Interior Bruto, según datos oficiales. La consejera de Industria y Turismo de la Junta ha afirmado que Castilla-La Mancha es “la tercera comunidad autónoma elegida para pasar las vacaciones”. Son buenos datos para una región donde casi todo está por hacer. Sin embargo, de cara a una mayor participación de los ayuntamientos en la difusión turística, es preciso informar detalladamente a todos sus responsables, guiarles hacia un turismo profesional y de calidad. Esa labor exige, por otra parte, un compromiso serio de los alcaldes para no limitar su labor a la ejecución de sus propias ideas, sino también a prestar la ayuda suficiente al resto de organismos, si es necesario, recurriendo al tan anhelado como necesario entendimiento entre instituciones y entre formaciones políticas. Y es que la coordinación, insistimos, es el pilar básico para obtener buenos resultados. Dicen los castizos que la unión hace la fuerza. En promoción turística, unir esfuerzos significa unificar el mensaje y orientar al cliente, algo que, hasta el momento, no se ha producido en Guadalajara.