Mª Ángeles García y Concepción Espejel
El 28 de enero de 1998, la entonces fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Guadalajara, Mª Ángeles García, envió un informe al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en el que le comunicaba su decisión de imputar a Francisco Tomey Gómez, senador por el PP y presidente de la Diputación de Guadalajara. La fiscal consideraba que Tomey podía ser autor de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, que está penado entre 3 y 6 años de cárcel. Según la fiscal, en la Diputación de Guadalajara «se ha ocultado, mediante apuntes contables mendaces, un déficit de más de 3.500 millones de pesetas, y se han concertado operaciones de Tesorería por importe de más de 7.000 millones de pesetas, sin contar los correspondientes intereses» [Textual del informe].
La decisión de María Ángeles García procedía de una denuncia formulada por el entonces portavoz del PSOE en la Diputación, Jesús Alique López. Tomey negó las acusaciones en el Supremo y no fue condenado. Unos años después, la fiscal García fue elegida miembro del Consejo General del Poder Judicial a iniciativa del PSOE.
Por otra parte, Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, echó para atrás en julio de 2007 un informe pericial que daba la razón a la Junta de Castilla-La Mancha, en el que se descartaba la existencia de negligencias en el incendio de los pinares del Ducado, ocurrido justo dos años antes. La instrucción del sumario dio un vuelco completo. Y de casi no haber imputados se ha pasado a cerca de una treintena, incluidos algunos responsables políticos de primer nivel de la Administración regional, gobernada por el PSOE.
Hoy, tras un pacto auspiciado por el Partido Socialista y el Partido Popular, Espejel ha sido propuesta como miembro del Consejo General del Poder Judicial, a iniciativa del PP.
Hasta aquí, el relato de los hechos. No hay ninguna opinión. Mejor que juzgue cada uno a conciencia.
Sólo apunto este texto de Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid:
«Téngase en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial es el único competente para sancionar a los jueces, para nombrar altos cargos judiciales y determinar el concreto puesto que cada miembro de la carrera judicial ocupa. A esto hay que añadir su decisiva intervención en el proceso de fijación de las retribuciones finales que aquéllos perciben. Estas importantes funciones deberían exigir un marco de marcada autonomía respecto del Ejecutivo. Un diseño de base que neutralizara la natural voracidad del poder político por controlar todo lo que, en vías de principio, queda fuera de su ámbito de acción. Un cordón sanitario en torno al órgano que aleje cualquier sospecha de politización. Si se quiere, un reducto alejado del peligro de que su propia composición lo convierta en objeto de deseo que unos pretenden asaltar y otros retener» (El Mundo, 29.03.07).