«¡Levanten las manos del teclado!»
La fiscalía de Portugal requisa los ordenadores a los dos periodistas que revelaron un supuesto espionaje político
MIGUEL MORA – Lisboa
EL PAÍS – Internacional – 24-02-2006
El tabloide lisboeta 24 horas no tenía buena prensa en Portugal. En enero se ganó el respeto de la opinión pública y desde hace unos días, el periódico, que tira 50.000 ejemplares, goza de muchas simpatías. Se lo debe a la sagacidad de dos de sus reporteros y al estruendoso fiscal general de la República, José Souto Moura, que, en un acto insólito, ordenó la semana pasada una espectacular redada en la redacción del diario.
Cuatro agentes y dos fiscales irrumpieron al grito de «¡Levanten las manos del teclado, no toquen nada y váyanse!» y, dos horas después, salieron con el ordenador del redactor Joaquim Eduardo Oliveira bajo el brazo. Al mismo tiempo, una juez, un procurador y cinco agentes entraban en la casa del colaborador del periódico Jorge Van Krieken, en la aldea de Marvao, muy cerca de la frontera, y confiscaban su ordenador portátil.
El motivo de la redada, que ha suscitado críticas y suspicacias y acaba de ser impugnada ante los tribunales por los abogados del diario, era en teoría buscar las fuentes de una información, tan escandalosa como veraz, publicada el 13 de enero.
La noticia reveló que en un sobre (el Envelope 9) del proceso del caso Casa Pía -que juzga a una decena de conocidos personajes de la vida social y política del país por pederastia-, están depositados los listados de las 80.000 llamadas privadas que hicieron 208 altas autoridades del Estado (desde el presidente de la República al primer ministro y el presidente del Tribunal Constitucional) entre diciembre de 2001 y mayo de 2002, cuando la investigación del caso aún no había comenzado.
La noticia, firmada por Oliveira y Van Krieken, que el fiscal calificó de entrada como falsa, fue confirmada aquella misma noche por la compañía telefónica PT, que admitió que envió al juzgado unos disquetes con esos listados. PT alegó que esas listas iban pegadas a la del ministro socialista Paulo Pedroso, sospechoso pero finalmente eximido de los cargos, y que se adjuntaron por una aún no esclarecida torpeza informática.
La revelación cayó como una bomba en el país y paralizó un día la campaña de las presidenciales. El jefe de Estado, Jorge Sampaio, llamó de urgencia al fiscal general y leyó un comunicado por televisión en el que le exigía una investigación «rápida» que aclarara las «intolerables violaciones de la intimidad de decenas de ciudadanos».
Sorprendentemente, el primer acto público de esa investigación, tras un mes, ha consistido en incautarse de las herramientas de trabajo de Oliveira y Van Krieken, experto en reportajes asistidos por ordenador (bases de datos), acusados de «acceso indebido a datos». Curiosamente, el mismo delito que la información sugiere que habrían cometido los fiscales, al permitir que los listados permanecieran en un sumario que dejó de ser secreto en enero de 2004 y, por tanto, era del todo accesible.
Van Krieken, que investiga el proceso Casa Pía desde hace tres años y ultima un libro sobre el tema, cree que está en juego bastante más que un ataque a la libertad de prensa. Lleva meses denunciando en sus artículos que en la investigación «hubo ocultación de pruebas y síntomas de prevaricación y denegación de justicia».
En paralelo a la investigación, los fiscales y la policía hicieron una enorme operación de escuchas «cuyo objetivo», dice Van Krieken, «no parecía ser tanto judicial como político, ya que en la práctica lo que consiguió fue decapitar a la dirección del Partido Socialista». «Fue un verdadero Watergate», añade, «porque con la excusa de que entre los sospechosos de los abusos había un ministro socialista, se pincharon los teléfonos de cerca de 20.000 personas, entre ellos los de muchos dirigentes y miembros del PS». La Fiscalía justificó las escuchas alegando que los alumnos del colegio Casa Pía declararon que los contactos con sus supuestos abusadores se hacían siempre por teléfono.
Los periodistas no dudan de la credibilidad de esas denuncias, que quedó reforzada ayer con la sentencia de uno de los cinco juicios abiertos por las mismas. El principal de los 11 acusados, Pedro Inverno, fue condenado a 19 años de cárcel, otro procesado a ocho años y otros tres a tres años de prisión.
Lo que afirman es que como resultado de aquella compulsión investigadora, mezclada con una prolongada ola de «histeria mediática», según Van Krieken, el escándalo llegó a salpicar incluso al presidente de la República, Jorge Sampaio, y acabó de cuajo con las carreras políticas de Paulo Pedroso y Eduardo Ferro Rodrigues, entonces secretario general del PS. «Así se logró el objetivo», concluye el reportero. «Hasta el punto de que hoy tenemos un primer ministro que probablemente no hubiéramos tenido si la investigación hubiera sido rigurosa y discreta».