De los comentarios que leo y oigo, sobre todo en la prensa conservadora, acerca del Consejo Audiovisual Catalán (CAC) puede deducirse que Cataluña se ha convertido en una cárcel oscura y retrógrada en la que se suprimen las garantías democráticas y se prohibe la libertad de expresión. Fuera de la tierra maldita, sin embargo, todo es un oasis de libertad en el que las empresas trabajan sin presiones, los directores de medios actúan con independencia, los periodistas con valentía para denunciar los excesos del poder y los políticos no ejercen ni una pizca de influencia sobre «los caballeros de la información». Eso sí, todavía ningún periodista ni ningún medio han acudido a un juzgado para denunciar los supuestos abusos del famoso consejo audivisual ni de ninguno de sus responsables. Quizá es que la demagogia no basta para condenar a nadie.
¿Que si hay censura en Cataluña? Claro que sí. El artículo 20 de la Constitución promulga la libertad de expresión, pero no la garantía de su ejercicio, que constantemente se ve sometido a presiones de muy distinto signo. Esto lo saben muy bien aquellos políticos sibilinos y sus periodistas cortesanos que andan desde hace días aventando el fantasma del miedo a la censura, sobre todo a raíz del informe -un informe, un simple informe, no una sentencia- emitido por este órgano sobre una emisora de radio. ¿Censura, dicen ustedes? Claro que sí. La misma que ejerce el PP en Telemadrid o el PSOE en Canal Sur. ¿O es que Castilla-La Mancha es una excepción?. O Castilla y León, después del reparto de licencias de la televisión digital. O en Galicia, que lo primero que hicieron socialistas y nacionalistas fue destituir a los jefes de la radio televisión pública. ¿Censura, dicen ustedes? Para censura, la de las grandes empresas, incluso las medianas y pequeñas. Y para dictadura, la de la puta publicidad.