Los pisejos
Ha estado muy hábil la Asociación provincial de Constructores (APEC) sumándose a la genial idea de los minipisos. Teniendo en cuenta que son estos empresarios quienes compran suelo para edificar y ganar dinero, es lógico que la alegría rebose en sus caras cuando comprueban que un sector importante de la población se conforma y necesita este tipo de habitáculos. De cundir la moda, podrían construir más pisos de 30 metros cuadrados de vivienda libre, no de protección, y por tanto, optimizar en mayor medida sus inversiones. Donde ahora levantan un bloque de seis pisos de altura y dos viviendas de 80 metros cuadrados en cada uno, pongamos por caso, podrían acoplar dos o hasta tres minipisos. Por tanto, comprendo su receptividad. El Gobierno socialista habla de “soluciones habitacionales”. El presidente de los constructores alcarreños, de ofrecer “una solución concreta para algunos casos”. Pero nadie formula la solución maldita. Ni los socialistas ni el PP abogan por rebajar los precios. No pueden: el sistema es intocable, la economía liberal impone sus reglas (no hay más que ver la tibia reforma fiscal) y, faltaría más, nada de intervenir en el mercado. Así que, ya se ha completado la modernidad: como no teníamos bastante con el trabajo basura, ahora nos proponen el piso basura. Usted, joven de unos veinte años, con un trabajo precario y un sueldo bajo, métase en un cuchitril y confórmese con ese espacio para calentar el café, fornicar con la novia y dormir por las noches. Chicos, el futuro hace tiempo que llegó: estudiamos hasta los veinticinco, nos explotan en ETTs y becas hasta los treinta y tantos y, para que no andemos por la calle, alquilamos un pisejo.
Como es natural, la realidad cuestiona la eficacia de esta política. Según un informe del Banco de España, los pisos “están sobrevalorados más de un 20%”. Esto significa que un señor que vende pisos hoy día en nuestro país, ya no digamos en la Guadalajara del ladrillazo, lo hace 20 veces por encima de su precio justificable. A esto yo lo llamo corrupción legal, que es aquella que permite privatizar empresas públicas, por supuesto, sin menoscabo de la ley; o fundir el ahorro de las familias españolas, también, ajustándose a la más estricta legalidad.